Estados financieros del ELA

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El gobierno ha publicado recientemente el informe anual con sus estados financieros consolidados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades y a la omisión de algunas secciones. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2014 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

1. Organización de los Estados Financieros del Gobierno

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de cuatro componentes básicos:

(1) los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);
(2) los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements);
(3) los estados financieros de los fondos fiduciarios (Fidiciary Fund Financial Statements) ;y
(4) las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes:

(1) el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Position), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y
(2) el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales.

Estas actividades consisten:

Primero, de las actividades medulares del gobierno, que son aquellas que comúnmente se asocian con la gestión del gobierno central en áreas tales como educación, seguridad pública, salud, y vivienda, entre otras. Estas actividades se financian en gran medida con impuestos y fondos federales.

A las actividades tradicionales del gobierno central se le incorporan las actividades de seis entidades legalmente independientes que, debido a la naturaleza de su relación con el gobierno central y la sustancia de sus operaciones, se consideran para propósitos contables como parte del gobierno central (Blended Component Units). Estas seis entidades son: la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, el remanente de las Navieras de Puerto Rico, COFINA, el Fideicomiso de los Niños y el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales.

La segunda categoría consiste de actividades de naturaleza comercial (Business Type Activities) que lleva a cabo el gobierno central. En este renglón se incluyen los resultados de las operaciones del fondo de seguro por desempleo, la lotería adicional, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, el Fondo para el Control de la Contaminación del Agua (Puerto Rico Water Pollution Control Revolving Fund) y la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1.

La tercera categoría consiste de entidades legalmente independientes del gobierno central y que comúnmente se conocen como corporaciones públicas (Component Units). Esta categoría incluye los resultados de las operaciones de todas las corporaciones públicas, seis de las cuales se desglosan por separado debido a su importancia: el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico. Los resultados de las otras entidades se presentan de manera consolidada.

A continuación presentamos los hallazgos principales de los estados financieros para el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

2. Gobierno Central

A. Estado de Situación

El Estado de Situación de las operaciones primarias del gobierno central de Puerto Rico (excluyendo las operaciones de tipo comercial) nos dice que al 30 de junio de 2013, éste tenía activos de $14,439 millones y obligaciones de $61,756 millones, lo que resulta, después de algunos ajustes, en un patrimonio neto de negativo de $47,212 millones. Esto representa un aumento en el déficit acumulado de $5,382 millones, o un 13%, en relación con el déficit de $41,830 millones reportado año anterior (pág. 9).

De acuerdo con la nota 2 a los estados financieros, unos $35,800 millones de la deficiencia acumulada al 30 de junio de 2012 son producto de la emisión de deuda. Esta situación surge de la práctica del gobierno de Puerto Rico de emitir deuda al nivel central y entonces transferirle los fondos a otras entidades gubernamentales (incluyendo municipios) para el financiamiento de mejoras permanentes y cubrir ciertas necesidades operacionales. Como resultado de esa transferencia de fondos, el gobierno central se queda con la obligación en sus libros pero el activo correspondiente aparece en los libros de la entidad a la cual se le transfirieron los fondos. El resto del déficit en el patrimonio neto se debe a la obligación neta de pensiones y a la acumulación de deficiencias operacionales a través de los años.

B. Estado de Resultados

Por otro lado, el Estado de Resultados demuestra que las operaciones del gobierno central durante el año fiscal 2013 costaron $21,513 millones, mientras que los recursos disponibles totales (incluyendo el fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,884 millones, resultando en un déficit de $5,629 millones, que se reduce a $5,383 millones después de tomar en consideración otras transferencias de $246 millones. (pág. 11) Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $2,009 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2013 estaría rondando aproximadamente los $3,374 millones.

Esto en comparación con el Estado de Resultados para el año fiscal 2012 que demuestra que las operaciones del gobierno central para ese año costaron $21,178 millones, mientras que los recursos disponibles totales (fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,475 millones, resultando en un déficit de $5,703 millones, que se reduce a $5,497 millones después de tomar en consideración otras transferencias de $206 millones. Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $1,971 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012 fue de aproximadamente $3,526 millones.

3. Corporaciones Públicas

A. Estado de Situación

El Estado de Situación consolidado de las corporaciones públicas refleja que al 30 de junio de 2013, éstas contaban con activos consolidados de $56,631 millones y con obligaciones de $45,115 millones, resultando en un patrimonio neto consolidado, después de varios ajustes, de positivo $9,826 millones. Esto representa una reducción de $1,063 millones en el patrimonio neto de las corporaciones públicas, o un 9.7%, en relación con el patrimonio neto de $10,890 millones reportado año anterior. (pág. 24)

Es importante señalar, además, que 9 corporaciones públicas reportaban un patrimonio neto negativo (sus obligaciones excedían sus activos) al 30 de junio de 2013, incluyendo corporaciones tan importantes como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, y la Compañía de Turismo (pág. 77).

B. Estado de Resultados

Finalmente, el Estado de Resultados consolidado de la corporaciones públicas refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $1,063 millones durante el año fiscal 2013. Esta cifra representa un aumento de $480 millones, o un 82%, en comparación con las pérdidas agregadas de $583 millones reportadas por las corporaciones públicas el año anterior. Llaman la atención las pérdidas operacionales registradas durante el año fiscal 2013 por la Autoridad de Carreteras ($140 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($275 millones); y el Banco Gubernamental de Fomento ($121 millones).

4. Conclusión

La fría lógica de la aritmética contable simplemente confirma la experiencia cotidiana de miles de puertorriqueños: tenemos un gobierno caro, disfuncional, al borde de la quiebra, infectado por la corrupción, y que no satisface las necesidades del pueblo de Puerto Rico.

Si de verdad queremos arreglar esta situación necesitamos emprender un proceso serio de análisis y de reflexión colectiva, sin engañarnos a nosotros mismos. El primer paso en ese análisis sería reconocer que el orden socioeconómico actual ha muerto y el nuevo no ha nacido aún. Algo que todo el mundo sabe, pero parece que nadie quiere hablar de ello.

Esta columna fue publicada originalmente el 20 de julio de 2014 en el periódico El Nuevo Día.

 

El presupuesto y el becerro de oro

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El Centro para una Nueva Economía lleva ocho años analizando el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico. Sin duda, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2015 es el más complicado que hemos examinado. La metáfora que utilizaría para describir este presupuesto sería una bizantina telaraña, tejida por algún personaje fantástico ideado por Borges o Cortázar, a través de la cual se conectan múltiples impuestos nuevos, dudosos ahorros y etéreas medidas de “eficiencia” gubernamental.

El lado de los recaudos incluye un enjambre de medidas impositivas nuevas, muchas de ellas no recurrentes, que se han diseñado a última hora con poco análisis y menos estudio, para “cuadrar” el presupuesto. Para ser justos, el gobierno ha anunciado una abarcadora reforma contributiva para finales de este año. Habrá que esperar hasta entonces para analizar más a fondo el sistema impositivo del país.

Por el lado de los “ajustes” se han incluido medidas que resulta difícil categorizarlas como “recortes o ahorros”. Por ejemplo, $267 millones que serán “aportados por entidades fuera del fondo general”, en realidad ciertas corporaciones públicas, para cubrir gastos del gobierno central. Eso no es un ahorro, eso es un financiamiento disfrazado.

El espectáculo de ver a tantos oficiales gubernamentales corriendo de un lado para otro, improvisando para lograr ese elusivo “cuadre” presupuestario, nos hace pensar que hemos perdido de vista algunos principios fundamentales. El presupuesto asigna los recursos financieros que aportamos todos para lograr una determinada concepción del bien común. ¿Quién, en medio de este caos, está pensando en lograr ese bien común? READ MORE

Quiebra criolla viabiliza venta de activos o desmantelamiento de corporaciones públicas

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Por: Laura M. Quintero
Publicado: 27/06/2014 05:32 am

El futuro de las corporaciones públicas que se acojan a la nueva Ley para renegociar sus deudas millonarias con los acreedores está lleno de variables. Pero lo que está definido es que la estructura operacional de las corporaciones cambiará drásticamente al facilitar que vendan o arrienden sus activos a otras entidades del gobierno o a manos privadas.

Los directores de la AAA, Alberto Lázaro, y de la AEE, Juan Alicea, con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila. (Josian Bruno/NotiCel)

Las corporaciones que se encuentren en estado de insolvencia tendrán a su disponibilidad distintos recursos para cumplir con el pago de sus obligaciones, sin que se afecten los servicios. Permite, por ejemplo, la venta y el arrendamiento de cualquiera de los activos, como pudieran ser las plantas productoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a otras entidades públicas o privadas que se comprometan ante el juez designado, a mantener el ofrecimiento de los servicios públicos.

Si bien las corporaciones ya tenían la facultad de crear Alianzas Público-Privadas, como las que concedió la Administración Fortuño en el aeropuerto internacional, el peaje Teodoro Moscoso y las carreteras PR-22; esta Ley facilita ese tipo de transferencias a través de un “proceso estructurado y expedito” en el Tribunal, según el economista Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Marxuach comentó, sin embargo, que es improbable que la negociación requiera de una venta o privatización parcial. “Dudo que se llegue a ese tipo de remedio. Creo que la mayoría de los bonistas preferirían renegociar los términos (de la deuda), en vez de correr el riesgo de comenzar desde cero con unos dueños nuevos”, reaccionó, en referencia a la negociación del principal, interés y término de años de la deuda.

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Inalcanzable el balance presupuestario

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Así lo estiman analistas económicos ante la baja en ingresos y las medidas del gobierno

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Suministrada.
Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

La intención del gobierno de Puerto Rico de pagar los intereses de la histórica emisión de $3,500 millones por los próximos dos años con la misma transacción, plantea que el presupuesto 2015 no será uno estructuralmente balanceado.

Así se desprende de un informe de la firma Nuveen Investment, fechado en marzo 2014, el mismo mes cuando salió la emisión, en el cual se indica que “un presupuesto que se basa en los bonos para pagar parcialmente el servicio de la deuda en sus vencimientos, por definición, no es un presupuesto estructuralmente balanceado”.

El informe “Puerto Rico’s $3.5 Billion GO Deal: Cure or Symptom?”, destaca que la intención del gobierno es utilizar $422.7 millones de la emisión para pagar los intereses correspondientes a 2014 y 2015. Y agrega que “presupuestos estructuralmente equilibrados generalmente cuentan con ingresos recurrentes suficientes para cubrir los gastos recurrentes”.

“Por lo tanto, en virtud de destinar $269.8 millones de los bonos para el año fiscal 2015 al servicio de la deuda, Puerto Rico ya ha dejado de cumplir con su promesa de un presupuesto equilibrado en el año fiscal 2015”, es parte del análisis de la firma de inversiones, y sostiene que la promesa de los funcionarios puertorriqueños mientras mercadeaban los bonos entre inversores era que tendrán un presupuesto balanceado.

Si se destina ese dinero para pagar intereses, entonces hacia el 2016 no está claro de dónde saldrán los fondos para cumplir con las obligaciones, señaló Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro Para la Nueva Economía (CNE). READ MORE

CNE: Baja en fondos federales y deuda, no la nómina, se comen el presupuesto

noticel

Por: Laura M. Quintero
Publicado: 19/06/2014 04:10 am

Las medidas de austeridad y los recortes de gastos que ha implementado el Gobierno de Puerto Rico con el propósito de presentar el primer presupuesto balanceado en décadas, se han quedado cortas en el objetivo de revertir el estancamiento económico y presentar un presupuesto sin déficit para el siguiente año fiscal. El resultado es que el país está cada vez más cerca de un evento de impago con el agravante de que los servicios fundamentales se pudieran ver afectados.

Del análisis que hizo Sergio Marxuach, del Centro para una Nueva Economía (CNE), se desprende que los recaudos del Gobierno aún están $578 millones por debajo de los gastos, lo cual significa que para balancear el presupuesto han tenido que recurrir a la emisión de bonos de $3,500 millones que se hizo en marzo de 2014. “Es un juego de palabras. No se va a tomar prestado el año que viene, pero es porque tomaron prestado en marzo”, expresó el economista, en referencia a una partida de $422 millones que se reservó de esa emisión para el pago de intereses de 2014 a 2016.

Mientras los intereses de la deuda han aumentado a $269.8 millones, el propio Gobierno ha admitido que hay un alto nivel de dificultad en la ejecución de 23% de los recortes que habían proyectado como parte de la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el año fiscal 2014-2015. Ambos factores provocan que los gastos sean mayores que los recaudos, analizó Marxuach. READ MORE

Resumen Ejecutivo del Análisis del Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2015

A continuación algunos de los hallazgos más importantes de nuestro informe sobre el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2015.
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O lea el documento a continuación:

Fiscal Situation Update: Analysis of the Governor’s Budget Request for Fiscal Year 2015

This Fiscal Update Report prepared by the Center for the New Economy (“CNE”) presents our independent analysis of the proposals contained in the Governor’s budget request for fiscal year 2015. The analysis set forth below is based on CNE’s own independent evaluation and interpretation of the budget data, rather than the Administration’s, and may incorporate estimates made by CNE’s staff or by other private sector analysts. Our analysis also includes a review of the fiscal trends for the fiscal year 2014, which ends on June 30, as well as an update of ten budget indicators that we have followed over the last eight years. The analysis presented in this Report is based on data available as of June 11, 2014.
 
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Or read the document below:
 

¿Primero la gente?

Columna-Soluciones

Por Sergio M. Marxuach

Mucho se ha hablado sobre la baja tasa de participación laboral en Puerto Rico. Esta discusión, por lo general, se ha enfocado en tres temas principales. Primero, el desempleo prologando ha producido un número significativo de trabajadores desalentados que ni siquiera están buscando trabajo. Segundo, algunos analistas han argumentado que el nivel relativamente alto de las transferencias federales, iguales a aproximadamente el 40% del ingreso personal en la isla —casi el doble de la proporción en los Estados Unidos—desincentiva la participación laboral en la economía formal. Y, tercero, la existencia de una enorme economía informal, tanto legal como ilegal, desalienta el trabajo formal.

En este debate, sin embargo, no se ha analizado con detenimiento el impacto del sistema contributivo en el mercado laboral y las repercusiones para las familias pobres que trabajan. Esto es un asunto medular para el desarrollo económico de Puerto Rico, ya que nuestro sistema impositivo actual penaliza a los trabajadores, especialmente en los niveles más bajos de la escala salarial, e incentiva el sector informal de la economía.

En Puerto Rico una persona, digamos, María Pérez, una madre soltera con 2 hijos que trabaja cuarenta horas semanales ganándose el salario mínimo de $7.25 por hora devengará ingresos semanales de $290. Si María trabajara 52 semanas al año, su ingreso anual sería de $15,080 y no cualificaría para la mayoría de los programas suplementarios como el PAN. Esto antes de tomar en cuenta las retenciones requeridas por ley por concepto del seguro social y otros programas. Si le parece increíble que en Puerto Rico hay personas trabajando a tiempo completo por poco más de $1,000 mensuales, más chocante es el hecho de que esa cantidad de ingresos está sustancialmente por debajo del nivel de pobreza federal para una familia de tres personas ($19,790 en el 2014). Por tanto, la decisión de María y de muchas otras personas que devengan bajos ingresos, de salirse del mercado laboral formal, solicitar ayudas al gobierno y trabajar en la economía informal, es racional desde una perspectiva económica.

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Se acabó la fiesta

Tomada de donlinscott.com

Tomada de donlinscott.com

 

Por Sergio M. Marxuach

“Esta columna se publicó originalmente el 31 de diciembre de 2013.  Sin embargo, creemos que es importante volverla a publicar hoy, después del mensaje de presupuesto del gobernador, ya que provee el contexto histórico de la crisis que estamos viviendo y sufriendo todos los puertorriqueños.   Las decisiones difíciles que tenemos que tomar hoy son la consecuencia directa de varias décadas de mala administración.  No surgen de la nada ni de un vacío.  Además, la situación ha empeorado desde diciembre: el crédito de Puerto Rico fue degradado a nivel especulativo en febrero, la deuda ha aumentado a mas de $72,000 millones, y la economía sigue en contracción. Todo esto significa que Puerto Rico enfrenta varios años más de decisiones difíciles antes de poder declarar que hemos superado nuestros problemas fiscales.”

Por mucho tiempo, a nadie le importó el precio de los bonos de Puerto Rico, ni las tasas de interés que pagaríamos, ni las comisiones que cobraban los banqueros, ni en qué se iba a gastar ese dinero, ni como lo íbamos a repagar. En verdad, nada le importaba a nadie mientras había dinero. La economía estaba creciendo, el dinero fluía, se estaba “haciendo obra”.  Por otro lado, los banqueros nos aseguraban que la “calle pedía papel”, como si estuvieran hablando de libras de pan.

La decadencia comenzó allá por la década de los setenta. En respuesta a la crisis global, aumentaron las transferencias federales, la nómina pública, y la deuda gubernamental.  Se consiguió la sección 936. Eso fue suficiente para revivir la economía por unos 25 años más y posponer reformas estructurales, dolorosas, difíciles de explicar.  Procedimos entonces a gastar millones en pabellones en Sevilla, en celebraciones del quinto centenario, en juegos centroamericanos en Ponce y Mayagüez, en campañas publicitarias, en contratos de asesores y consultores, en baile, botella y baraja, en faraónicas estaciones de tren, en acueductos, coliseos y natatorios de escala romana. READ MORE

CNE: La Autoridad de Energía Eléctrica necesita un “árbitro”

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Por: Eva Laureano
Publicado: 10/04/2014 05:58 am

El Centro para la Nueva Economía (CNE), entidad que lleva analizando el tema energético desde el  2005, apoyó el proyecto de reforma energética del Senado por entender que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) necesita de un ente independiente y robusto que le imponga disciplina fiscal, controle grupos de intereses internos, regule las tarifas así como el mercado energético.

(NotiCel Archivo)

El CNE sometió el miércoles una ponencia escrita a la comisión especial de la Cámara que evalúa el proyecto sustitutivo de energía del Senado.

La entidad, dedicada a realizar estudios en profundidad sobre la economía del país, destacó que sin un servicio de energía eléctrica de alta calidad, confiable y a un costo razonable, va a ser muy difícil, por no decir imposible, promover el desarrollo económico de Puerto Rico de manera sostenible y a largo plazo. Para lograr ese objetivo es necesario restructurar a fondo la AEE, la cual funciona como un monopolio auto-reglamentado desde 1941 y también controla y reglamenta el mercado eléctrico en Puerto Rico.

“De entrada, hay que reconocer que la AEE no puede seguir operando como hasta ahora y que tampoco es factible, o deseable, privatizarla o “romperla en mil pedazos” como sugieren algunos”, destacó Sergio Marxuach, director de política pública para la CNE. READ MORE

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