El (Sub)desarrollo institucional de Puerto Rico
Por Sergio M. Marxuach
Durante las últimas dos décadas varios académicos han notado que países que tienen acervos similares de capital y recursos humanos pueden seguir trayectorias muy diferentes de desarrollo económico. Esa paradoja ha llevado a algunos economistas a sugerir que la variación en las tasas de crecimiento y niveles de desarrollo económico observada en distintos países se debe, por lo menos parcialmente, a diferencias en las estructuras institucionales.
Esta “escuela institucionalista” ha cobrado alguna popularidad últimamente. Sin embargo, como bien nos recuerda el profesor Francisco Catalá en su libro más reciente, Promesa Rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell, los orígenes intelectuales de la perspectiva institucional se remontan al trabajo de Thorstein Veblen y la publicación de su Teoría de la Clase Ociosa (1899). READ MORE
Temen un apocalipsis fiscal en el BGF
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El riesgo de insolvencia que encara el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es el resultado de haber utilizado esa dependencia como una chequera para pagar por la mala administración de las corporaciones públicas, agencias y municipios, y la falta de una reglamentación adecuada.
Y esa chequera, al parecer, se quedó sin fondos.
Según Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía, y Antonio Fernós Sagebién, profesor de Finanzas para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de producirse el colapso del agente fiscal del Gobierno, Puerto Rico vería una reducción dramática en la posibilidad de acceder a capital e, incluso, encarar una degradación crediticia en cadena en todas las corporaciones públicas y hasta en las obligaciones generales del Gobierno central.
“El Gobierno perdería su flexibilidad para financiarse”, dijo Marxuach.
A través del BGF, las agencias, corporaciones públicas y municipios obtienen préstamos o líneas de crédito para pagar por carreteras, escuelas, centros comunales. Además, a través del BGF, las distintas dependencias públicas pueden acceder al mercado de bonos para financiar sus distintos proyectos de inversión o mejoras capitales.
“Tengo esperanza de que se tomen las medidas apropiadas”, comentó Ferrer a El Nuevo Día. Anteriormente, Ferrer había señalado la debilidad financiera del BGF, pero no fue hasta esta semana que dijo explícitamente a la Legislatura que, si el BGF no logra recobrar lo que ha prestado en los pasados años, a partir de julio próximo esa dependencia podría verse impedida de allegar dinero a Puerto Rico como lo ha hecho por casi 50 años.
“No es justo que el consumidor puertorriqueño termine pagando los platos rotos por deficiencias multianuales (en las corporaciones públicas) y que el BGF tenga que entrar a pagar por esas ineficiencias”, dijo Ferrer.
Obsesión con el crédito
Puerto Rico, por tener autonomía fiscal, tiene en el BGF un vehículo para acceder a financiamiento que no se encuentra en ningún estado de los Estados Unidos, explicó Marxuach.
Pero según el investigador, alejarse del objetivo de promover financiamiento a ciertas actividades económicas y de financiar proyectos de inversión, para dedicarse a cubrir con préstamos el déficit de agencias, corporaciones y municipios, ahora le ha puesto en precario. Esa práctica, agregó, comenzó para la década de 1980.
Más recientemente, la Administración de Seguros de Salud tomó prestados $186 millones para pagar la reforma de salud, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas tomó prestado otros $20 millones, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura recibió otro financiamiento por $35 millones.
En total, a junio del 2012, el BGF tenía préstamos por cobrar de $8,374 millones.
De todos los deudores, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le debe $2,100 millones y, de no producirse un pago en 60 días o un mecanismo para que pueda efectuarse una emisión de bonos a nombre de la ACT, el BGF no podrá otorgar más financiamientos.
De acuerdo con Marxuach y Fernós Sagebién, no es la primera vez que el BGF ha estado en aprietos y, en buena parte, ha sido para atender problemas externos.
Para la década de 1990, el BGF respondió por los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando esa corporación no podía pagarlos. A principios de la década del 2000, se extrajeron $1,000 millones de su capital para el Programa de Comunidades Especiales.
En el 2011, el Gobierno entró a rescatar la Autoridad de los Puertos por segunda ocasión y, en el caso de la ACT, cubre sus gastos operacionales desde hace cuatro años.
También ha tenido que financiar al sector privado con programas como el bono para la compra de vivienda, que le dejó con pérdidas de $17 millones, y proyectos hoteleros que ocasionaron otros $200 millones en pérdidas.
Para cubrir todo ello, el BGF ha tomado prestado por sí mismo casi $10,000 millones y esa cifra solo abarca desde el 2009.
Según Fernós Sagebién, el BGF sería un banco fallido si tuviera que establecer reservas tal y como requieren los reguladores a un banco comercial. Un banco está obligado a separar una parte de su capital para protegerse en caso de que no se le pague un préstamo.
“El BGF nunca toma una pérdida por un préstamo”, dijo el académico, al agregar que ello no sería aceptable en ningún examen de auditoría.
Y así lo indicó el auditor Deloitte & Touche y lo reseñó El Nuevo Día, en febrero pasado, cuando la firma advirtió que el BGF podría quedar insolvente. “El Banco ha tenido, a través de los últimos años, que utilizar su capital para financiar al Gobierno central, a las corporaciones públicas y municipios de cara a una economía que no ha crecido con la fortaleza que todos queremos que crezca”, dijo Ferrer.
“El Banco es como Atlas (el personaje de la mitología griega) y en sus hombros siempre ha estado aguantando al Gobierno y sus componentes. Pero ahora el peso se hace difícil y las rodillas comienzan a temblarle”, aceptó el banquero, al insistir en que ya logran avances. Entre estos, un alza en tarifas para allegar dinero a la AAA y la reciente cancelación de parte de la deuda de Puertos, tras la cesión del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a un consorcio privado.
Apostando al presupuesto
Por Sergio Marxuach
Recientemente, se ha presentado legislación para reglamentar y legalizar la operación de las “máquinas de entretenimiento de adultos”, actividad que supuestamente generaría cientos de empleos y millones en ingresos para el fondo general.
El termino “máquina de entretenimiento de adultos” es un eufemismo, ambiguamente pornográfico, que se utiliza para describir lo que es en esencia una máquina tragamonedas. De entrada, nos parece curioso que una administración que se vanagloria de “poner la gente primero” y en la que varios de sus miembros se ufanan haciendo ostentosos despliegues públicos de religiosidad, proponga resolver la deficiencia del fondo general, por lo menos parcialmente, y crear algunos empleos fomentando el juego y las apuestas; promoviendo, sencillamente, el vicio. READ MORE
Futuro
Por Miguel Soto Class
En los 15 años que el Centro para una Nueva Economía lleva trabajando, hemos llevado a cabo más de 150 presentaciones, conferencias y eventos de múltiples y variados temas. Sin embargo, creo que ninguna ha tenido el éxito, tanto sustantivo como presencial, que nuestra pasada conferencia anual sobre concertación social hace apenas unos días.
Al igual que en años anteriores, hubo en la conferencia una mezcla bien interesante de personas. Sindicatos, organizaciones no gubernamentales, comunidades, empresarios y representantes del sector público. Nuestra intención siempre ha sido tener en la conferencia anual a un grupo representativo de la rica diversidad de Puerto Rico. En particular, me siento muy orgulloso de los estudiantes que nos acompañaron, de escuela superior y de universidades, del sistema público y del privado. Ellos representan nuestro futuro y a ellos se les dedicó la conferencia. READ MORE
Concertación social: características y retos
Presentación por Sergio Marxuach
Presentacion SM Conferencia Economica 2013 (2)
Repensando la AEE
PREPA Presentation 11 de febrero de 2013(3)
San Juan 2023 o la decadencia de un País
Por Sergio Marxuach
Tomada de donlinscott.com
Recientemente el gobernador anunció que Puerto Rico estaría buscando la sede de los juegos Panamericanos en el 2023. Si dejamos a un lado las perogrulladas tipo Cámara de Comercio (“no es un gasto, es una inversión”) y las bobadas de los publicistas (“Puerto Rico se atreve a soñar otra vez”) y analizamos la propuesta objetivamente resulta inevitable concluir que esto no es una buena idea.
De entrada, lo primero que tenemos que considerar es que la sede de los juegos se le otorga a una ciudad no al país. Así pues, tenemos las Olimpiadas de Londres 2012 y los Panamericanos de Toronto 2015. En el caso de Puerto Rico, la sede la estaría solicitando San Juan, un lugar donde apenas hace unos meses se estaban posponiendo operaciones en el Hospital Municipal por falta de gasas. Mas aún, de acuerdo con la información que se presentó durante las vistas de transición, el municipio confronta un déficit operacional de $130 millones, su margen prestatario es limitado y no cuenta con fondos suficientes para pagar la nómina del mes de febrero. El municipio, por tanto, al día de hoy no cuenta con los recursos para llevar a cabo los juegos ni se prevé que los tenga en el futuro cercano.
Se nos informa que el costo de llevar a cabo los juegos será de “solo” $200 millones ya que Puerto Rico cuenta con facilidades deportivas de “clase mundial”. Esta aseveración resulta difícil de creer. Toronto, la sede de los juegos del 2015, es una ciudad con una infraestructura verdaderamente de clase mundial, y se le considera uno de los mejores lugares para vivir en el mundo. Sin embargo, el costo de los juegos del 2015 se estima en exceso de $1,100 millones, casi 6 veces el estimado que se nos ha presentado para San Juan. Debemos recordar que el costo de los juegos centroamericanos de Mayagüez estuvo muy por encima del estimado inicial y la calidad del evento fue mediocre.
Por otro lado, ya he escuchado a algunos comentaristas argumentar que “los juegos se pagan por sí solos” debido a la actividad económica que generarán. No me extrañaría que se publique próximamente algún “estudio independiente” concluyendo que el efecto multiplicador del gasto en infraestructura y el gasto generado por los visitantes generará miles de empleos y millones de dólares en actividad económica y que, al final del camino, esa actividad generada e inducida por los juegos será más que suficiente para sufragar los gastos de llevarlos a cabo.
El problema es que los seres humanos no somos buenos haciendo decisiones inter-temporales, donde los costos y beneficios se realizan en diferentes planos temporales. En general, tendemos casi siempre a subestimar el costo de llevar a cabo estos eventos, debido a que los costos se incurrirán en el corto plazo y sobrestimamos nuestra capacidad de controlarlos, y tendemos a sobrestimar la actividad económica que ocurrirá en el futuro. El resultado es que países como Grecia terminan incurriendo millones en deuda a largo plazo por ser la sede de una fiesta que dura dos semanas. Por tanto, hay que ser cuidadosos aún con los estimados bonafide (y no por encargo) de los costos y beneficios asociados con los juegos.
Una variación más sofisticada del argumento anterior es que “para el 2023 la economía de Puerto Rico ya se habrá recuperado”. Eso puede que sea cierto, aunque en verdad nadie sabe cuál será el estado de nuestra economía en 10 años. Sin embargo, aún si fuera cierto, el argumento es irrelevante. El issue no es cuál será el estado de la economía al momento de encender el pebetero en el 2023, el punto importante es si Puerto Rico tendrá o no la capacidad para llevar a cabo la inversión (recuerden “no es gasto”) necesaria durante los diez años con anterioridad a los juegos.
Actualmente, la deuda pública de Puerto Rico suma aproximadamente $69,000 millones, un poco más que el Producto Nacional Bruto del País. El servicio de la deuda del gobierno central y las corporaciones públicas para el año fiscal en curso excede los $4,000 millones y representa aproximadamente 15% del presupuesto consolidado. Esto quiere decir que uno de cada siete dólares que gastará el gobierno de Puerto Rico durante el año fiscal 2013 se irá en pagar interés y principal en la deuda ya acumulada. Si asumimos que el costo de llevar a cabo los juegos en Puerto Rico será igual al costo de los juegos de Toronto (una premisa optimista en mi opinión) estamos hablando de $1,100 millones de deuda nueva más intereses. Y estamos asumiendo que no habrá demoras de construcción, cambios de orden ni otros traqueteos con los proyectos de infraestructura.
Más aún, tenemos que tomar en consideración el déficit actuarial de los tres sistemas de retiro que dependen del fondo general (gobierno, maestros, y judicatura). Este déficit, que representa la diferencia entre los activos y el valor presente de la obligaciones de estos sistemas, suma unos $33,116 millones. Visto de otra manera, Puerto Rico cuenta con solo $11 de cada $100 que debe en pensiones. Si quisiéramos subir esa proporción de 11% a, digamos, un 80% en el 2033, Puerto Rico tendría que comenzar hoy a transferirle cientos de millones de dólares anualmente a estos sistemas y continuar haciéndolo durante los próximos veinte años, aún asumiendo un rendimiento anual de 6.4%. Eso significa que cada dólar que le dediquemos a los sistemas de retiro es un dólar menos para la seguridad, la salud, la educación y para los deportes.
Las corporaciones públicas que normalmente llevarían a cabo esta “inversión” se encuentran esencialmente insolventes (Puertos, Carreteras, la Autoridad de Acueductos) o en una situación financiera muy apretada (la AFI, la AEE, la Autoridad de Edificios Públicos). Mas aún, el Estado de Resultados consolidado de todas las corporaciones públicas de Puerto Rico refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $1,343 millones durante el año fiscal 2011. Llaman la atención las pérdidas registradas por la Autoridad de Carreteras ($409 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($272 millones); y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ($112 millones). Recordemos también que tanto Carreteras como Puertos se han visto obligadas a monetizar activos para poder cumplir con todas sus obligaciones.
Finalmente, es cuestión de prioridades. En un país donde 45% de la población vive bajo el nivel de pobreza, donde la calidad de los servicios de salud deja mucho que desear, donde miles de personas no tienen hogar propio, donde a los niños de educación especial se les trata como ciudadanos de tercera categoría, y donde miles de niños e infantes han sido abandonados por el departamento gubernamental que se supone los proteja, es simplemente inmoral utilizar los limitados recursos públicos para llevar a cabo un field day glorificado. Los que abogan a favor de llevar a cabo estos juegos en Puerto Rico tienen el peso de la prueba y de demostrar contundentemente que este dinero no se debe utilizar para brindar mejores servicios a los niños, a los enfermos, a los pobres, a los envejecientes y los pensionados de Puerto Rico.
Todo este esfuerzo relacionado con los juegos me recuerda la novela Los Buddenbrook (1901), de Thomas Mann, la cual narra la decadencia de una próspera familia de comerciantes de Lubeck, Alemania entre los años 1835 y 1877, abarcando cuatro generaciones de la familia. A través de toda la narración, la mansión de la familia en la Mengstrasse se presenta como símbolo de la fortaleza de la familia y sus negocios, cuando en realidad no era más que un velo, una fachada que cubre la decadencia y la quiebra moral, social, cultural y financiera de la familia.
En el caso de San Juan 2023, los juegos Panamericanos hacen el rol de la mansión de los Buddenbrook, sirven de fachada para cubrir la decadencia y descomposición social en que vivimos. Nuestros gobernantes parecen no entender que la economía de Puerto Rico es un espejismo generado por niveles de consumo y endeudamiento que han sido sostenidos por una ilusión monetaria ya que tenemos acceso a una moneda, el dólar, que es mucho más fuerte de lo que se podría justificar con los fundamentos de nuestra economía.
Ese endeudamiento nos ha permitido crear una prosperidad falsa y construir una fachada moderna para el Puerto Rico de hoy. Pero es solo eso, una fachada, detrás de la cual está ocurriendo un proceso acelerado de decadencia, de la prosperidad a la bancarrota, de la salud sicológica y moral de un pueblo a la descomposición social y cultural, y de la esperanza en el futuro a una obsesión enfermiza con el materialismo. Todos los juegos del mundo no cambiarán esa realidad.
Sergio Marxuach es director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía.
Publicado el 31 de enero de 2013.
Bajón que se esfuma por el ajuste
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Puerto Rico Hoy / 10 |
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Jueves 31 de Enero de 2013 / El Nuevo Día |
Es posible crear una nueva tarifa y eliminar las fórmulas, dicen expertos
| POR GERARDO E. ALVARADO LEÓN
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A TRAVÉS de los años, las fórmulas de ajuste por compra de combustible y de energía han sido la piedra con la que han tropezado los gobernantes de turno en su afán por reducir la factura de luz y cumplir unas promesas que, a la larga, se quedan en el aire.
Quizás porque nadie las entiende, a excepción de un puñado de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ambas fórmulas se han mantenido casi inalteradas desde su creación, permitiéndole a la corporación pública no solo cobrar por la energía que vende, sino también por la que bota o le roban a causa de sus ineficiencias operacionales. Ambas fórmulas permiten, además, que la AEE otorgue un sinfín de subsidios.
El gobierno de Alejandro García Padilla, al igual que los anteriores, ha prometido revisar las fórmulas. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, planteó en su discurso inaugural que las eliminaría. Pero a juzgar por los efectos de la más reciente modificación, el panorama no luce alentador.
En octubre pasado, la entonces gerencia de la AEE encabezada por el ex- director ejecutivo, Josué Colón, y el expresidente de la Junta de Gobierno, José Ortiz, alteró temporalmente las fórmulas para que se tomaran en cuenta los cargos correspondientes al uso de energía renovable y las unidades convertidas a gas natural en la central Costa Sur, en Guayanilla para así bajar la factura.
Empero, la modificación fue un truco electorero que ahora implica que la mayoría de los clientes de la AEE, 9 0 0, 0 0 0 de los 1.5 millones, verá una leve alza en su factura por los próximos tres meses. Según reveló quien hasta este sábado será la directora ejecutiva interina de la AEE, Sonia Miranda, esos 900,000 clientes no subsidiados tendrán que pagar en retroactivo el supuesto ahorro que recibieron.
“Todo esto que ha pasado con las fórmulas de ajuste y cómo se ha trabajado es el mejor argumento para afirmar que la gobernanza de la AEE no está funcionando. Ni los mismos directores sabían lo que estaba pasando. Aquí hace falta fiscalizar”, señaló ayer el economista Sergio Marxuach.
Algunos miembros de la Junta de Gobierno de la AEE, como Andrés Salas Soler, reconocieron que no sabían a ciencia cierta en qué consistían las modificaciones de las fórmulas, lo que llevó a la entidad rectora de la corporación pública a dejar sin efecto los cambios.
Ayer, García Padilla ordenó al Departamento de Justicia realizar una investigación sobre estas irregularidades.
“Las fórmulas sí pueden tocarse. Hay procedimientos que existen y se pueden legislar. Lo que hace falta es voluntad política”, sostuvo Marxuach, quien también es director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE).
NUEVA TARIFA BÁSICA
Una forma de eliminar las fórmulas sería alterando la tarifa básica, que no se toca desde 1989.
Según Marxuach, la nueva tarifa básica reflejaría los “costos reales” de producción y podría ser más alta que la actual, ya que recogería los costos de las fórmulas relacionados con la compra de combustible y energía.
Al presente, ambas fórmulas tienen componentes ajenos a la compra de combustible y energía. Mediante el Factor 0.89, la AEE les cobra a sus clientes una suma igual al 11% de sus ingresos brutos, dinero que usa para subsidiar a los municipios. Mediante el Factor Ei, la AEE les cobra a sus clientes por la electricidad perdida y hurtada.
Marxuach explicó que en la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses no existe el ajuste por combustible sino un proceso anual de revisión tarifaria.
En ese proceso, la tarifa básica se sube o se baja según los costos. Estas jurisdicciones recurren al ajuste por combustible en casos de emergencia, por ejemplo, cuando hay cambios drásticos en el precio del crudo.
Para atender la falta de fiscalización, Marxuach recomendó la creación de un “ente independiente” que, entre otras cosas, garantizaría que los ajustes tarifarios fueran transparentes. Actualmente, la AEE se fiscaliza a sí misma mediante la Junta de Gobierno.
“Sería un ente encargado de velar que la AEE cumpla con sus objetivos de política pública. Hemos sugerido que esté integrado por representantes del sector gubernamental, privado y empleados de la AEE”, dijo.
El ente independiente también lideraría la transición de petróleo a gas natural y energía renovable, proceso que hoy día parece estancado.
A PAGAR POR LO CONSUMIDO
En tanto, el ingeniero Gerson Beauchamp, miembro de la Comisión Técnica y Científica de la organización Casa Pueblo, opinó que si la AEE crea una nueva tarifa, los clientes solo deben pagar por la energía que consuman.
“Lo que hay que cambiar realmente es el esquema de que todos pagamos por la energía que se regala o se pierde”, recalcó Beauchamp.
Ese “nuevo esquema” de que la gente pague por lo que consume debe venir acompañado de un componente educativo. Según Beauchamp, en Puerto Rico “se desperdicia” mucha energía y los niveles de consumo son parecidos a los de países industrializados.
La nueva tarifa que se diseñe también tiene que considerar el pago de intereses y el pago al principal de la deuda de la AEE, estimada en $9,000 millones, dijeron Marxuach y Beauchamp.
Como la nueva tarifa excluiría los componentes ajenos a la compra de combustible y energía, la AEE estaría forzada a lograr eficiencias, cosa que hoy no ocurre porque la corporación pública recupera todas sus pérdidas mediante las fórmulas.
“Ahora mismo no escuchamos a nadie en la AEE pidiéndole a la gente que consuma menos. Y es que, si los clientes consumen menos, llega menos dinero para pagar la deuda. Pero la deuda no puede estar vinculada a la generación”, puntualizó el ingeniero.
El misterio de la cláusula de ajuste se complica
Por Sergio Marxuach
La Autoridad de Energía Eléctrica publicó el día de 18 de octubre de 2012 un “Aviso a Nuestros Suscriptores” donde se nos informaba que la cláusula de ajuste que aplica a nuestras facturas sería modificada “temporeramente”[sic].
El aviso también estipulaba que la nueva cláusula de ajuste sería efectiva a partir de la publicación de la misma por un periodo de 90 días. O sea, que entraría en vigor el 18 de octubre y estaría en efecto hasta el 16 de enero de 2013. La nueva cláusula también incluía el uso de una “cantidad estabilizadora” que se utilizaría para “estabilizar” la factura de los clientes residenciales que no reciben subsidios. No se establece en el aviso del 18 de octubre de dónde saldrán los fondos para financiar esa “estabilización”. READ MORE
Después de las elecciones
En la Isla está el escenario fértil para que se pueda dar un proceso de concertación social
Por Sergio M. Marxuach 
http://www.elnuevodia.com/despuesdelaselecciones-1386752.html
Las infernales tumbacocos están apagadas. Las decenas de automóviles alquilados para las campañas han sido entregados. Ya podemos escuchar la radio sin ser torturados por los comerciales de campaña, esos con música de película de suspenso de segunda categoría y narrador con voz profunda y tenebrosa que nos advierte sobre las conspiraciones que se fraguarán en cuartos oscuros y las perversiones inconfesables que se habrán de perpetrar si fulano sale electo.
Después de once meses de intensa campaña electoral, y a casi dos semanas de las elecciones, el país está regresando a la normalidad. Es un buen momento para hacer una composición de lugar. ¿Dónde estamos como país? ¿Cómo podemos salir de la coyuntura en que nos encontramos? READ MORE
