¿Primero la gente?

Por Sergio M. Marxuach

Mucho se ha hablado sobre la baja tasa de participación laboral en Puerto Rico. Esta discusión, por lo general, se ha enfocado en tres temas principales. Primero, el desempleo prologando ha producido un número significativo de trabajadores desalentados que ni siquiera están buscando trabajo. Segundo, algunos analistas han argumentado que el nivel relativamente alto de las transferencias federales, iguales a aproximadamente el 40% del ingreso personal en la isla —casi el doble de la proporción en los Estados Unidos—desincentiva la participación laboral en la economía formal. Y, tercero, la existencia de una enorme economía informal, tanto legal como ilegal, desalienta el trabajo formal.

En este debate, sin embargo, no se ha analizado con detenimiento el impacto del sistema contributivo en el mercado laboral y las repercusiones para las familias pobres que trabajan. Esto es un asunto medular para el desarrollo económico de Puerto Rico, ya que nuestro sistema impositivo actual penaliza a los trabajadores, especialmente en los niveles más bajos de la escala salarial, e incentiva el sector informal de la economía.

En Puerto Rico una persona, digamos, María Pérez, una madre soltera con 2 hijos que trabaja cuarenta horas semanales ganándose el salario mínimo de $7.25 por hora devengará ingresos semanales de $290. Si María trabajara 52 semanas al año, su ingreso anual sería de $15,080 y no cualificaría para la mayoría de los programas suplementarios como el PAN. Esto antes de tomar en cuenta las retenciones requeridas por ley por concepto del seguro social y otros programas. Si le parece increíble que en Puerto Rico hay personas trabajando a tiempo completo por poco más de $1,000 mensuales, más chocante es el hecho de que esa cantidad de ingresos está sustancialmente por debajo del nivel de pobreza federal para una familia de tres personas ($19,790 en el 2014). Por tanto, la decisión de María y de muchas otras personas que devengan bajos ingresos, de salirse del mercado laboral formal, solicitar ayudas al gobierno y trabajar en la economía informal, es racional desde una perspectiva económica.

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