Publicado el 15 de septiembre de 2009

Sergio M. Marxuach

Como es de conocimiento general, la ley 7 del 9 de marzo de 2009 requiere que el gobierno de Puerto Rico recorte los gastos operacionales, incluyendo nómina, con cargo al fondo general por la cantidad $2,000 millones durante el año fiscal en curso (2010).  Para lograr estos ahorros la ley 7 establece un proceso de tres fases.

• Primero, se implantó un programa de renuncia incentivada y de reducción de jornada voluntaria.  Aproximadamente 2,600 empleados se acogieron a este plan de renuncia incentivada.
• Segundo, se estableció un programa de cesantías involuntarias.  Un total de 7,816 personas fueron cesanteadas durante la primera ronda de despidos.
• Tercero, se suspendió temporeramente la efectividad de ciertas leyes y convenios colectivos.

De acuerdo con el presidente del Banco Gubernamental de Fomento estas iniciativas han producido ahorros de $291 millones, o aproximadamente un 14.6 por ciento del total requerido por ley.

A estos ahorros habría que sumarle otros $150 millones producto de la reducción de gastos operacionales en la rama ejecutiva de acuerdo con una Orden Ejecutiva emitida en enero de 2009.  Por lo tanto, el total de ahorros logrados hasta la fecha suma alrededor de $441 millones, o aproximadamente un 22 por ciento del total requerido por ley.

La pregunta que se cae de la mata, entonces, es ¿de donde van a salir los otros ahorros?  Para contestar esta pregunta necesitamos analizar la estructura de gastos del fondo general.  Según se desprende de la Tabla 1 abajo, que contiene información derivada del Commonwealth Financial Information and Operating Data Report, con fecha del 15 de mayo de 2009, de un presupuesto de $7,670 millones, unos $2,784 millones, aproximadamente un 36 por ciento, son gastos “ineludibles” tales como la aportación a los municipios y el pago de la deuda de obligación general.

Por lo tanto, los ahorros que todavía no se han realizado tienen que salir de los $4,886 millones restantes.  De esa cantidad, la nómina con cargo al fondo general suma unos $2,260 millones, aproximadamente un 46 por ciento, de todos los gastos discrecionales.  Cabe señalar que en nuestra opinión esta cifra subestima el verdadero peso de la nómina en el fondo general ya que para el año fiscal en curso una parte de ésta será sufragada con fondos ARRA.  Durante el año fiscal pasado, por ejemplo, la nómina representaba 64 por ciento de los gastos del fondo general.

De todos modos, aun asumiendo como buenas las cifras del gobierno para propósitos de análisis, el punto importante es que es poco probable, aunque teóricamente posible, que los $1,559 millones en ahorros que todavía no se han realizado se puedan lograr sin reducir los gastos de nómina, que constituyen el renglón de más peso del fondo general.  Por tanto, la primera conclusión de nuestro análisis es, desafortunadamente, que para lograr la cifra de $2,000 millones en ahorros según requiere la ley, es altamente probable que el gobierno tenga que cesantear mas empleados.

¿De cuántos empleados estamos hablando?  La respuesta a esta pregunta depende de varios factores, entre ellos el costo promedio de nomina y beneficios por empleado y de la reducción de gastos operacionales recurrentes que se logre realizar.  Con respecto al costo promedio por empleado, varios economistas locales han estimado el salario básico promedio de un empleado del gobierno en aproximadamente $30,000.

Esta cifra, sin embargo, no representa el costo total para el patrono.  Según se demuestra en la Tabla 2 arriba, a los $30,000 del salario básico habría que sumarle:

1. la aportación patronal al Seguro Social y Medicare, equivalente a un 7.65 por ciento del salario, o unos $2,295 anuales;
2. la aportación patronal al sistema de retiro del gobierno, equivalente a un 9.275 por ciento, o unos $2,783 anuales;
3. la aportación patronal al plan medico, la cual estimamos en unos $3,600 anuales; y
4. la liquidación anual por la acumulación en exceso de días con cargo a la licencia por vacaciones o por enfermedad, la cual estimamos conservadoramente en $1,250, equivalente a una quincena de salario regular.

En total, estimamos el costo promedio por empleado en $39,928, lo que redondeamos a $40,000 para propósitos del análisis siguiente.

Estimar la reducción de gastos operacionales recurrentes que se pueda realizar antes de recurrir a los despidos es mucho más difícil, ya que dicha reducción no depende en su totalidad de, ni se basa estrictamente en, factores financieros.  De todas maneras, es posible construir varios escenarios basados en proporciones diferentes entre el total de ahorros realizados y la cantidad de despidos necesaria para llegar a la meta de $2,000 millones en ahorros.