Publicado el 13 de octubre de 2009

El lunes 12 de octubre líderes del movimiento sindical puertorriqueño anunciaron su intención de llevar a cabo una demostración masiva en Hato Rey, específicamente al frente de los establecimientos principales de dos grandes empresas puertorriqueñas.  Aunque respetamos y apoyamos el ejercicio vigoroso por parte de los trabajadores de los derechos a la libre expresión, a reunirse en asamblea pacifica, y a exigirle al gobierno la reparación de agravios, entendemos, sin embargo, que el lugar escogido para llevar a cabo dicha expresión no es necesariamente el mas lógico.

Primero, no es justo responsabilizar a compañías puertorriqueñas, nativas, o de capital local, por el estado actual de la economía de Puerto Rico o por la crisis fiscal.  Todos los economistas están de acuerdo en que la economía de Puerto Rico generó un crecimiento económico significativo entre 1948 y 1974.  Sin embargo, ese crecimiento no se basó en las instituciones o estructuras necesarias para sostener el desarrollo económico, un concepto más amplio, de Puerto Rico a largo plazo.  Cuando éste modelo colapsó en 1974, el gobierno, en vez de repensarlo y rediseñarlo, simplemente decidió ponerlo en respiración artificial: obteniendo una nueva exención contributiva federal (la Sección 936); aumentando el empleo gubernamental; suplicando aumentos en las transferencias federales (cupones de alimentos); y aumentando el endeudamiento público.

A finales de la primera década el siglo 21 es evidente que ese modelo económico ha colapsado para siempre.  La Sección 936 ha sido eliminada por el Congreso; es poco probable que el empleo gubernamental pueda seguir creciendo a la misma tasa; las transferencias federales dependen de la dinámica económica y política en Washington DC—y por lo tanto no pueden ser la base para el desarrollo futuro—y el endeudamiento publico ha aumentado a niveles históricamente altos y no es probable que sea una fuente significativa de financiamiento para el desarrollo a largo plazo.  Ninguna de estas fallas, sin embargo, se le pueden atribuir a las compañías puertorriqueñas.

Con respecto a las finanzas publicas, la situación fiscal actual de Puerto Rico es el resultado de malas decisiones tomadas a través de los últimos 20 o 25 años y se debe tanto a un déficit de recaudos como a un exceso de gastos.  Por un lado, debido a la proliferación de incentivos fiscales, la operación de un sistema impositivo injusto y extremadamente complicado, y a la falta de fiscalización adecuada, los recaudos de Hacienda son más bajos de lo que deberían ser.  Por otro lado, debido a programas gubernamentales que continúan en existencia más allá de su vida útil, a la falta de controles fiscales, al uso de ingresos no-recurrentes para sufragar gastos recurrentes, y al reclutamiento gubernamental basado muchas veces en conexiones políticas en vez de las necesidades reales de política pública, los gastos del gobierno son más altos de lo necesario.  Ahora bien, nada de esto es culpa de las compañías puertorriqueñas o de capital nativo.

Segundo, como hemos expresado anteriormente, el sector privado en Puerto Rico está subdesarrollado.  Existen múltiples explicaciones para esa debilidad, pero el punto importante aquí es que necesitamos más, no menos, compañías de capital local prosperando y creciendo para poder sostener nuestro crecimiento económico a largo plazo y para reducir la dependencia de Puerto Rico en el capital foráneo.

En conclusión, nos parece que si la debilidad económica actual y la crisis fiscal son el producto de malas decisiones de política publica, o el resultado de la implementación durante décadas de políticas económicas erradas, entonces lo lógico y razonable es que la furia moral de los trabajadores sea dirigida en contra de aquellos responsables por tomar esas decisiones defectuosas, es decir en contra de aquellos que han ostentado el poder político, y no en contra de compañías locales que han sido exitosas, que están comprometidas con Puerto Rico, y que emplean a miles de puertorriqueños.