Publicado el 18 de febrero de 2011

Sergio M. Marxuach

En enero de 2011 se cumplieron dos años de la declaración de emergencia fiscal por la administración de Luís Fortuño.  De la misma manera, en marzo próximo se cumplirán dos años de la aprobación de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, tal vez la más controversial de todas las medidas fiscales adoptadas durante los últimos dos años.  Entendemos que este segundo aniversario es un momento apropiado para hacer un balance, aunque sea preliminar, de los resultados de la política fiscal implementada hasta ahora por esta administración.

La fuente de los datos presentados a continuación es el “Official Statement” de la más reciente emisión de bonos por parte del gobierno de Puerto Rico.  Dicho documento se encuentra disponible en la Internet en este enlace.

Por el lado de los gastos, el objetivo anunciado en el 2009 era el de reducir los gastos del gobierno por $2,000 millones.  Al 10 de febrero de 2011, fecha de la emisión de bonos, el gobierno les informaba a sus bonistas que se habían logrado ahorros de unos $839.9 millones.  Estos ahorros consisten de (1) $647.9 millones producto de la implementación de la Ley 7; (2) $150 millones de recortes producto de la implementación de una orden ejecutiva requiriendo la reducción de gastos en la contratación de servicios profesionales; y (3) $42 millones producto de la reducción de gastos por concepto de contratos de arrendamiento.  Por tanto, el gobierno ha logrado hasta ahora cumplir con 42% de su objetivo original de reducción de gastos.

Según el gobierno, la implementación de la Ley 7 afectó a 17,147 empleados: (1) unos 2,553 que renunciaron “voluntariamente”; (2) unos 1,990 empleados temporeros o transitorios cuyos contratos no fueron renovados; y (3) unos 12,604 empleados regulares que fueron cesanteados.

Por el lado de los recaudos de Hacienda, se implementaron una serie de medidas contributivas, tanto temporeras como permanentes, con el objetivo de lograr ingresos nuevos de $1,000 millones.  El gobierno informa que la implementación de esas medidas ha producido unos $848 millones durante los años fiscales 2010 y 2011.  Por tanto, el gobierno ha logrado hasta ahora cumplir con 85% de su objetivo original de recaudos.

Irónicamente, parece que la administración ha tenido mas éxito logrando su objetivo de recaudos que el de reducción de gastos.

Con respecto a la deuda pública, encontramos que al 30 de junio de 2008 el balance de la deuda pública era de unos $52,947 millones.  Al 10 de febrero de 2011, el balance de la deuda pública sumaba unos $63,366 millones, reflejando un aumento de unos $10,419 millones, equivalente a un 19.6%.

Ese aumento en la deuda pública se debe casi en su totalidad al aumento en la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).  Durante los años fiscales 2009 y 2010 COFINA emitió unos $9,200 millones de deuda nueva.  El dinero producto de esas emisiones de bonos se utilizó de la siguiente manera: (1) $4,800 millones para el financiamiento de gastos operacionales del gobierno; (2) $1,900 millones para saldar deudas arrastradas de administraciones anteriores; (3) $1,000 millones para el Fondo de Estabilización Fiscal para el año fiscal 2011; y (4) unos $500 millones para el Programa de Estimulo Criollo.  Otros $1,000 millones se asignaron para “otros usos” pero en el documento de emisión de bonos no se hace el desglose de dichos gastos.

El gobierno de Puerto Rico también ha contado con fondos del programa de estimulo federal asignados por la American Recovery and Reinvestment Act (“fondos ARRA”).  A Puerto Rico se le asignaron unos $6,800 millones bajo dicho programa, de los cuales unos $3,300 millones fueron asignados para otorgar alivios a los consumidores y a los contribuyentes y los otros $3,500 millones se asignaron para aumentar los beneficios por desempleo y otros programas de asistencia social y para sufragar gastos de educación pública, salud, e infraestructura, entre otros.  Al 15 de diciembre de 2010, el gobierno de Puerto Rico había “desembolsado” unos $4,300 millones de dichos fondos, equivalente a un 63% del total asignado.

Después de dos años en el poder, la administración alega haber reducido el déficit estructural del Estado Libre Asociado de unos $3,306 millones en el 2009, a unos $2,143 millones en el 2010, y a unos $1,000 millones en el 2011.  De entrada esa reducción es impresionante, pero si tomamos en consideración que el gobierno ha utilizado una cantidad significativa de fondos no-recurrentes, tanto fondos ARRA y como de COFINA, para financiar gastos operacionales, el logro pierde algo de su lustre.

Nos preocupa principalmente que la habilidad de Hacienda para aumentar los recaudos del gobierno esta limitada por un lado por la recesion económica (que continúa) y por la reforma contributiva por el otro.  A diciembre de 2010, los ingresos del fondo general se encontraban unos $206 millones, equivalente a un 6%, por debajo del nivel registrado a esa misma fecha en el 2009.  Para ser justos, dicha baja se debe casi en su totalidad a la moratoria de un mes en la retención a los asalariados que fue decretada por el gobernador a finales del 2010.  De todas maneras, hay que estar pendientes al comportamiento futuro de los ingresos al fondo al fondo general, particularmente cuanto logra producir el arbitrio nuevo de 4% sobre ciertas transacciones entre las subsidiarias de compañías multinacionales que operan en Puerto Rico y sus afiliadas internacionales.

En resumen, a dos años de la declaración de emergencia fiscal podemos concluir que:

1. se ha logrado controlar el ritmo de gasto gubernamental;
2. se ha registrado una reducción considerable en el déficit estructural, pero;
3. dicha reducción se debe, en gran parte, a la utilización de fondos no recurrentes para financiar gastos operacionales;
4. el país se sigue endeudando a un ritmo insostenible; y
5. el agotamiento de los fondos ARRA y de COFINA, así como la debilidad de Hacienda para aumentar los recaudos recurrentes del gobierno, nos lleva a concluir que es muy probable que el déficit estructural continúe siendo un problema, por lo menos a mediano plazo.