Publicado el 2 de agosto de 2011

Sergio M. Marxuach

Ayer la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para aumentar la cantidad de deuda que el gobierno federal puede emitir y para reducir significativamente el gasto gubernamental durante los próximos diez años.  Se espera que el Senado federal lo apruebe hoy y que el presidente Obama lo convierta en ley hoy mismo.

El impacto presupuestario del acuerdo fiscal ha sido estimado por el Congressional Budget Office (CBO) y su análisis se puede descargar aquí.

A continuación presentamos un análisis del acuerdo presupuestario entre la Casa Blanca y el Congreso.

Aumento en el tope de la deuda – El acuerdo provee para que el gobierno federal aumente su deuda entre $2.1 y $2.4 trillones.  El limite se aumentaría por unos $400 billones inmediatamente, y por otros $500 billones después de septiembre.  Ademas, el tope se aumentaría entre $1.2 y $1.5 trillones a finales del 2011 siempre y cuando el Congreso haya aprobado recortes adicionales de por lo menos $1.2 trillones.  El Congreso puede objetar dichos aumentos en el tope pero el presidente vetaría esas resoluciones de objeción y se asume que los republicanos no tendrían los votos para dejar sin efecto el veto presidencial.

Recortes presupuestarios – El acuerdo requiere recortes en el gasto gubernamental de unos $917 billones entre el 2012 y el 2021.  Estos recortes se desglosan de la siguiente manera: $741 billones de ahorros en gastos discrecionales; $20 billones de ahorros en gastos mandatorios; y unos $156 billones de ahorros en el pago intereses ya que se tendría que tomar menos dinero prestado como consecuencia del acuerdo.

Limites al gasto discrecional – El esquema aprobado por la Cámara limita el gasto discrecional a $1.043 trillones en el 2012 y permite que éste aumente paulatinamente hasta alcanzar unos $1.234 trillones en el 2021.  Este aumento es equivalente a una tasa anual de crecimiento compuesta de 1.8%.  Durante el 2012 y el 2013 se aplicarán límites distintos para el gasto relacionado con la seguridad nacional.  Después del 2014 aplicaría el mismo límite a todo el gasto discrecional, tanto de seguridad nacional como domestico.

Iniciativas de fiscalización – Se aumenta en $15 billones el gasto para fiscalizar el uso y evitar el fraude en los programas del Seguro Social, Medicare, Medicaid, y SCHIP.  Se proyecta que estas iniciativas generen por lo menos $16 billones en ahorros al reducirse el abuso, fraude y mal uso de estos programas.

Cambios en el gasto federal en educación – El proyecto aprobado aumenta las apropiaciones para las Becas Pell por $10 billones en el 2012 y por $7 billones en el 2013.  Por otro lado, se eliminan los subsidios federales para prestamos a estudiantes graduados y se eliminan los incentivos federales para el repago de prestamos estudiantiles.  La eliminación de estos programas debe generar ahorros de unos $21.6 billones durante el periodo entre el 2012 y el 2021.  Por tanto, el plan aprobado reduce el gasto federal en educación por unos $4.6 billones durante los próximos 10 años.

Panel bipartita para la reducción del déficit – El acuerdo contempla que se nombre un comité conjunto, compuesto por 12 miembros de la Cámara y Senado que se encargará de recomendar recortes adicionales de entre $1.2 y $1.5 trillones.  Ese comité tiene hasta el Día de Acción de Gracias para presentar sus recomendaciones y el Congreso tendría hasta el 23 de diciembre para aprobar o rechazar esas recomendaciones.  Si el comité propone y el Congreso aprueba reducciones al gasto gubernamental de entre $1.2 y $1.5 trillones, el tope de la deuda se aumentaría por la misma cantidad, dólar por dólar.  Sin embargo, si el comité no se puede poner de acuerdo, o si presenta un paquete de recortes de menos de $1.2 trillones, o si el Congreso rechaza la propuesta del comité, entonces el tope de la deuda se aumentaría automáticamente por $1.2 trillones.

Reducciones automáticas – Si para el 15 de enero de 2012 no se ha aprobado legislación que reduzca las deficiencias proyectadas en por lo menos $1.2 trillones, entonces entraría en vigor una reducción automática en todo el gasto federal igual a (x) $1.2 trillones en el caso de que el comité no se haya podido poner de acuerdo o (y) la diferencia entre $1.2 trillones y la reducción recomendada por el comité, en caso de que ésta sea por menos de $1.2 trillones.  Esa reducción se dividiría en partes iguales durante los años fiscales 2013 al 2021 y la mitad de las reducciones se aplicaría al gasto de defensa y la otra mitad al gasto discrecional domestico, incluyendo el programa de Medicare.

Enmienda a la constitución – Las reducciones automáticas se podrían evitar si ambas cámaras legislativas aprueban una enmienda constitucional requiriendo un presupuesto balanceado y se la sometieran a los estados para su ratificación.

¿Qué podemos concluir de todo este complicado proceso?

Primero, la magnitud del problema fiscal de Estados Unidos es simplemente monumental.  De acuerdo con la CBO, si el Congreso no hiciera nada la deuda de Estados Unidos aumentaría por unos $9.4 trillones entre el 2012 y el 2021.  Si el acuerdo aprobado ayer se implementara al pie de la letra, se generarían ahorros de $2.1 trillones, lo que significa que la deuda aumentaría de todos modos por unos $7.3 trillones durante los próximos 10 años.  Esto se debe a que el acuerdo no aumenta los recaudos y no plantea una reforma de los programas de Seguro Social, Medicare, y Medicaid.

Segundo, si el acuerdo se implementa en su totalidad tal cual aprobado, el gasto del gobierno federal no contribuirá mucho al crecimiento económico durante los próximos 10 años.  Por lo tanto podemos esperar que el crecimiento económico sea menor de lo que hubiese sido en la ausencia de los recortes, que el desempleo se mantenga a un nivel relativamente más alto, y que aumente la desigualdad de ingresos y riqueza.  La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 0.8% durante los primeros seis meses del 2011.  La reducción en el gasto federal la debilitará aun más.  Debemos recordar que actualmente hay millones de viviendas sin vender en los Estados Unidos y 25 millones de americanos que desean trabajar a tiempo completo y no lo consiguen, ya sea porque están desempleados o porque solo consiguen empleo a tiempo parcial.

Tercero, la política fiscal de los Estados Unidos se encuentra efectivamente bajo el control del ala más radical del partido republicano.  El presidente Obama se puede sentir complacido en que evitó el desastre de un incumplimiento por parte de los Estados Unidos y que se aprobó un aumento en el tope de la deuda por lo menos hasta el 2013.  Sin embargo, los republicanos obtuvieron casi todo lo que demandaron: (1) que se atara el aumento en la deuda a reducciones en el gasto; (2) que las reducciones en el gasto excedieran el aumento en el tope de la deuda; (3) que no se aumentaran los recaudos; (4) que no se incluyeran como recortes los ahorros generados por la conclusión de las guerras en Irak y Afganistán; y (5) que se lleve a votación legislación para la enmienda constitucional requiriendo un presupuesto balanceado.

La capitulación del presidente ante las exigencias del partido republicano se ha convertido en uso y costumbre.  Desde el 2009, el presidente ha cedido con respecto a (1) la estructura del plan de estimulo; (2) la reforma de salud, al eliminar la “opción publica”; (3) la extensión de los recortes contributivos de la administración Bush; (4) el presupuesto del 2011, ante la amenaza de los republicanos de cerrar el gobierno; y (5) el plan para aumentar el tope de la deuda.  Dado este patrón, podemos esperar que el presidente también ceda ante los republicanos con respecto a los presupuestos para los años fiscales 2012 y 2013 y con respecto al paquete de recortes a ser presentado por el comité especial a finales de este año.

Cuarto, todo esto son malas noticias para Puerto Rico.  Los fondos federales constituyen 22% de los recursos consolidados del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012.  Aunque no sabemos que programas en especifico se van a recortar, en la medida en que esos recursos federales se reduzcan el gobierno de Puerto Rico tendrá que reemplazarlos localmente, y el fondo general, aun con los recaudos generados por el arbitrio nuevo del 4%, se encuentra sumamente comprometido—de hecho se podría decir que actualmente el gobierno  no cuenta con los recursos suficientes para cumplir todas sus obligaciones y lo que se le ha prometido a la gente.  El gobierno de Puerto Rico tiene obligaciones por ley con los bonistas, la UPR (por formula), los municipios (por formula), y la rama judicial (por formula).   A eso hay que sumarle lo que se le debe a los pensionados y las promesas como el plan de salud del gobierno y a los estudiantes de educación especial, entre otras.   Un análisis objetivo de la situación indica que el gobierno no tiene los recursos para cumplir con todas estas obligaciones.  Si no se pueden obtener recursos adicionales del fondo general el gobierno de Puerto Rico tendría que recortar servicios, aumentar los recaudos, y/o despedir empleados.

En suma, el plan aprobado no resuelve el problema fiscal de Estados Unidos, y de hecho lo podría agravar al reducir la actividad económica a corto y mediano plazo. Lo mas desafortunado es que una vez más, por las mismas razones de siempre, han perdido los que pierden siempre: los niños, los envejecientes, los desempleados, los pobres, y los enfermos.