Publicado el 7 de mayo de 2012

Sergio M. Marxuach

En años recientes se ha conjugado en varios países una situación bastante espinosa, producto de los reclamos conflictivos de bonistas, contribuyentes, y pensionados sobre el patrimonio fiscal del estado.

Dadas las condiciones fiscales y financieras prevalecientes, se vislumbra que será muy difícil para muchos gobiernos cumplir las obligaciones incurridas con sus bonistas y pensionados sin imponerle una carga adicional relativamente alta a sus contribuyentes. Por otro lado, si se descarta la imposición de impuestos nuevos, entonces no será posible cumplir con las obligaciones contraídas con los bonistas y los pensionados. Esa es la conclusión de un estudio hecho por Arnaud Marès, analista de Morgan Stanley. El análisis tradicional de las finanzas públicas se basa en la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto; mientras más alta la deuda en relación al PIB más difícil será para un gobierno cumplir con sus obligaciones. Marès, sin embargo, considera que este análisis es inadecuado porque: no incluye todas las obligaciones públicas (por ejemplo, la deficiencia acumulada en las pensiones públicas); toma en consideración solamente el tamaño relativo de la deuda y no los ingresos gubernamentales disponibles para su repago; y es un indicador retrospectivo, que sólo toma en consideración la acumulación de deficiencias pasadas cuando el problema principal es la capacidad de pago en el futuro.

En lugar del análisis tradicional, Marès propone que se construya un estado de situación para cada gobierno y se calcule el patrimonio neto gubernamental. Para esto es necesario calcular el valor de los activos y pasivos (obligaciones), tanto fiscales como financieros, del gobierno. Por el lado de los activos se incluyen el valor presente de los impuestos a cobrarse en el futuro, el valor de los activos reales del estado (edificios, maquinaria, etc.) y el valor de sus activos financieros. Por el lado de los pasivos se incluye el valor presente de los servicios gubernamentales a ofrecerse en el futuro (educación, salud, seguridad pública, etc.) y el valor de la deuda pública bruta existente.

La diferencia entre los activos y los pasivos constituye el patrimonio neto del pueblo y es un indicador de solvencia gubernamental. Si el valor de los activos excede el valor de los pasivos, entonces el patrimonio neto es positivo y el gobierno podría reducir los impuestos sin incumplir ninguna de sus promesas. Por otro lado, si el valor de los activos es menor al valor de los pasivos, entonces el patrimonio neto es negativo y el gobierno se encuentra insolvente. En este caso algún grupo tendrá que sufrir una pérdida: ya sea los contribuyentes (a través de aumentos en los impuestos); los pensionados y otros beneficiarios de servicios públicos (a través de recortes a los beneficios); o los bonistas (a través de un evento de incumplimiento.)

Aplicando esos criterios, Marès encuentra que Italia, Alemania, Francia, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, España, Irlanda, y Grecia todos tienen un patrimonio neto negativo y todos tendrán que tomar decisiones bastante difíciles. Esta no es la primera vez que se reseña la apretada situación financiera de estos países, pero el análisis de Marès es importante porque pone de relieve de manera clara y sencilla el conflicto inherente entre los bonistas, contribuyentes, y pensionados. Estos grupos compiten entre si por una cantidad limitada de recursos gubernamentales que simplemente no es suficiente para satisfacer todos los reclamos existentes.

Es muy probable que este conflicto se manifieste de una manera particularmente virulenta en Puerto Rico por varias razones. Primero, se ha legislado una reforma contributiva que reduce los impuestos sobre los ingresos a corporaciones e individuos. Esa reforma se ha financiado con un arbitrio temporal sobre las ventas de ciertas corporaciones foráneas con operaciones en Puerto Rico y actualmente genera 25% de los recaudos del fondo general. Si bien la ley dispone que ese arbitrio sea sustituido en el 2017 por una regla nueva de fuente de ingreso, no sabemos con certeza—debido a la dificultad de implementarla y a los vencimientos de patentes farmacéuticos—si esa regla producirá los fondos recurrentes necesarios para eliminar el déficit estructural a largo plazo.

Segundo, los fondos federales constituyen 25% de los recursos disponibles del presupuesto consolidado de Puerto Rico. Todas las proyecciones apuntan a que esa cantidad no aumentará significativamente, y probablemente se reduzca, durante los próximos diez años.

Tercero, la deuda pública de Puerto Rico suma $68,460 millones y excede el producto nacional bruto del país. Una consecuencia de ese endeudamiento es que el margen prestatario de Puerto Rico, tanto el legal como el financiero, se ha reducido peligrosamente.

Cuarto, el déficit actuarial acumulado por los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros, y la judicatura, suma aproximadamente otros $30,000 millones. No se vislumbra que éste se amortice en su totalidad durante los próximos 30 años.

Quinto, actualmente hay 917,500 personas trabajando en Puerto Rico con un salario promedio de $27,190. Sobre ellos recae el peso de saldar los $98,460 millones que le debemos a los bonistas y a los pensionados. Eso es equivalente a una deuda promedio de $107,313 por trabajador, casi cuatro veces el salario promedio, y no estamos tomando en consideración deudas personales como hipotecas, préstamos de auto, etc.

El problema se agudiza debido a que la población de Puerto Rico está envejeciendo y decreciendo. Esto significa que en el futuro habrá menos personas trabajando y aportando para saldar las obligaciones incurridas con los bonistas y los pensionados. Si la población se está reduciendo, pero las deudas siguen creciendo, entonces la carga de las obligaciones contraídas pesará cada día más sobre cada contribuyente.

Dado todo lo anterior, es bastante probable que las obligaciones incurridas por el gobierno de Puerto Rico excedan los recursos que se estima estarán disponibles para satisfacerlas. Es inevitable que esta situación produzca conflictos sociales. Y de la resolución efectiva de los conflictos entre bonistas, contribuyentes, y pensionados dependerá la paz social en Puerto Rico a mediano y largo plazo.

Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Día el 6 de mayo de 2012.