Bonistas, contribuyentes, y pensionados

Bonistas, contribuyentes, y pensionados

Publicado el 7 de mayo de 2012

Sergio portrait
Director de Pol√≠tica P√ļblica
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En a√Īos recientes se ha conjugado en varios pa√≠ses una situaci√≥n bastante espinosa, producto de los reclamos conflictivos de bonistas, contribuyentes, y pensionados sobre el patrimonio fiscal del estado.

Dadas las condiciones fiscales y financieras prevalecientes, se vislumbra que ser√° muy dif√≠cil para muchos gobiernos cumplir las obligaciones incurridas con sus bonistas y pensionados sin imponerle una carga adicional relativamente alta a sus contribuyentes. Por otro lado, si se descarta la imposici√≥n de impuestos nuevos, entonces no ser√° posible cumplir con las obligaciones contra√≠das con los bonistas y los pensionados. Esa es la conclusi√≥n de un estudio hecho por Arnaud Mar√®s, analista de Morgan Stanley. El an√°lisis tradicional de las finanzas p√ļblicas se basa en la relaci√≥n entre la deuda p√ļblica y el producto interno bruto; mientras m√°s alta la deuda en relaci√≥n al PIB m√°s dif√≠cil ser√° para un gobierno cumplir con sus obligaciones. Mar√®s, sin embargo, considera que este an√°lisis es inadecuado porque: no incluye todas las obligaciones p√ļblicas (por ejemplo, la deficiencia acumulada en las pensiones p√ļblicas); toma en consideraci√≥n solamente el tama√Īo relativo de la deuda y no los ingresos gubernamentales disponibles para su repago; y es un indicador retrospectivo, que s√≥lo toma en consideraci√≥n la acumulaci√≥n de deficiencias pasadas cuando el problema principal es la capacidad de pago en el futuro.

En lugar del an√°lisis tradicional, Mar√®s propone que se construya un estado de situaci√≥n para cada gobierno y se calcule el patrimonio neto gubernamental. Para esto es necesario calcular el valor de los activos y pasivos (obligaciones), tanto fiscales como financieros, del gobierno. Por el lado de los activos se incluyen el valor presente de los impuestos a cobrarse en el futuro, el valor de los activos reales del estado (edificios, maquinaria, etc.) y el valor de sus activos financieros. Por el lado de los pasivos se incluye el valor presente de los servicios gubernamentales a ofrecerse en el futuro (educaci√≥n, salud, seguridad p√ļblica, etc.) y el valor de la deuda p√ļblica bruta existente.

La diferencia entre los activos y los pasivos constituye el patrimonio neto del pueblo y es un indicador de solvencia gubernamental. Si el valor de los activos excede el valor de los pasivos, entonces el patrimonio neto es positivo y el gobierno podr√≠a reducir los impuestos sin incumplir ninguna de sus promesas. Por otro lado, si el valor de los activos es menor al valor de los pasivos, entonces el patrimonio neto es negativo y el gobierno se encuentra insolvente. En este caso alg√ļn grupo tendr√° que sufrir una p√©rdida: ya sea los contribuyentes (a trav√©s de aumentos en los impuestos); los pensionados y otros beneficiarios de servicios p√ļblicos (a trav√©s de recortes a los beneficios); o los bonistas (a trav√©s de un evento de incumplimiento.)

Aplicando esos criterios, Mar√®s encuentra que Italia, Alemania, Francia, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Espa√Īa, Irlanda, y Grecia todos tienen un patrimonio neto negativo y todos tendr√°n que tomar decisiones bastante dif√≠ciles. Esta no es la primera vez que se rese√Īa la apretada situaci√≥n financiera de estos pa√≠ses, pero el an√°lisis de Mar√®s es importante porque pone de relieve de manera clara y sencilla el conflicto inherente entre los bonistas, contribuyentes, y pensionados. Estos grupos compiten entre si por una cantidad limitada de recursos gubernamentales que simplemente no es suficiente para satisfacer todos los reclamos existentes.

Es muy probable que este conflicto se manifieste de una manera particularmente virulenta en Puerto Rico por varias razones. Primero, se ha legislado una reforma contributiva que reduce los impuestos sobre los ingresos a corporaciones e individuos. Esa reforma se ha financiado con un arbitrio temporal sobre las ventas de ciertas corporaciones for√°neas con operaciones en Puerto Rico y actualmente genera 25% de los recaudos del fondo general. Si bien la ley dispone que ese arbitrio sea sustituido en el 2017 por una regla nueva de fuente de ingreso, no sabemos con certeza‚ÄĒdebido a la dificultad de implementarla y a los vencimientos de patentes farmac√©uticos‚ÄĒsi esa regla producir√° los fondos recurrentes necesarios para eliminar el d√©ficit estructural a largo plazo.

Segundo, los fondos federales constituyen 25% de los recursos disponibles del presupuesto consolidado de Puerto Rico. Todas las proyecciones apuntan a que esa cantidad no aumentar√° significativamente, y probablemente se reduzca, durante los pr√≥ximos diez a√Īos.

Tercero, la deuda p√ļblica de Puerto Rico suma $68,460 millones y excede el producto nacional bruto del pa√≠s. Una consecuencia de ese endeudamiento es que el margen prestatario de Puerto Rico, tanto el legal como el financiero, se ha reducido peligrosamente.

Cuarto, el d√©ficit actuarial acumulado por los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros, y la judicatura, suma aproximadamente otros $30,000 millones. No se vislumbra que √©ste se amortice en su totalidad durante los pr√≥ximos 30 a√Īos.

Quinto, actualmente hay 917,500 personas trabajando en Puerto Rico con un salario promedio de $27,190. Sobre ellos recae el peso de saldar los $98,460 millones que le debemos a los bonistas y a los pensionados. Eso es equivalente a una deuda promedio de $107,313 por trabajador, casi cuatro veces el salario promedio, y no estamos tomando en consideración deudas personales como hipotecas, préstamos de auto, etc.

El problema se agudiza debido a que la población de Puerto Rico está envejeciendo y decreciendo. Esto significa que en el futuro habrá menos personas trabajando y aportando para saldar las obligaciones incurridas con los bonistas y los pensionados. Si la población se está reduciendo, pero las deudas siguen creciendo, entonces la carga de las obligaciones contraídas pesará cada día más sobre cada contribuyente.

Dado todo lo anterior, es bastante probable que las obligaciones incurridas por el gobierno de Puerto Rico excedan los recursos que se estima estarán disponibles para satisfacerlas. Es inevitable que esta situación produzca conflictos sociales. Y de la resolución efectiva de los conflictos entre bonistas, contribuyentes, y pensionados dependerá la paz social en Puerto Rico a mediano y largo plazo.

Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Día el 6 de mayo de 2012.