Publicado el 23 de mayo de 2012

Miguel A. Soto-Class

La sorprendente paralización de la certificación de los representantes del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE es el ejemplo más reciente de un sistema arbitrario que se ha abrogado impunemente el poder y que se auto-reproduce a costa de los mejores intereses del pueblo.

Si hay algo que ha quedado claro en estos días es que el sistema de gobernanza de la AEE no funciona.  Es momento de hacer cambios profundos, abriendo la AEE y su Junta al escrutinio público, aumentando la transparencia de sus procesos, y poniéndolas de una vez y por todas a responderle a los mejores intereses del País. En la actualidad, la AEE y su Junta operan un monopolio auto-regulado a través de un sistema hermético que es controlado por varios grupos de interés que viven y se benefician del sistema. Todos – los grupos internos, los contratistas, los bonistas, y los padrinos políticos – se retro-alimentan y se protegen entre sí, mientras nos excluyen al resto de nosotros. La AEE – y sus grupos de interés – no pueden seguir regulando el mercado, dictándole los parámetros a sus competidores,  y dictaminando unilateralmente lo que nos cobran a los consumidores; todo esto a puertas cerradas y respondiéndole a una Junta de Gobierno que ha sido ocupada y a todas luces se ha convertido en parte del problema.

Para hacer esto se necesitan tres reformas fundamentales.  Primero, hay que cambiar la composición de la Junta de Gobierno para darle representación a diversos sectores.  De esta forma cada grupo sirve de contrapeso y vela a los otros.

Segundo, es preciso remover de la AEE las funciones regulatorias del mercado, obligarla a concentrarse en la operación del sistema eléctrico, hacerla cumplir con parámetros claros de eficiencia,transparencia y productividad; y ponerla a responder a un ente externo que vele por el interés público.  La Junta de Gobierno debe encargarse solamente de los asuntos de la gobernanza interna de la AEE, tales como nombrar la alta gerencia de la corporación y supervisar sus operaciones.

Tercero, hay que crear una Junta Reglamentadora Independiente que se encargue de salvaguardar los intereses de los consumidores, fijar las reglas de juego para todos los jugadores en el mercado, establecer y revisar las tarifas,  y asegurar que la AEE implemente una estrategia energética a largo plazo.    De esta manera nos aseguramos que los asuntos importantes—desde las inversiones de capital hasta el cálculo de la famosa fórmula de ajuste de combustible que mensualmente nos trastoca el presupuesto familiar—no se decidirán en cuartos oscuros.

Para lograr esto no hay que reinventar la rueda:   lo que proponemos en el Centro para la Nueva Economía está basado en guías que ha desarrollado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la gobernanza de las corporaciones públicas y que se utilizan en la gran mayoría de los países desarrollados y democráticos del mundo. El objetivo es que éstas respondan al interés público y no a interferencias políticas o intereses privados, separando la función de gobernar la corporación de la función de regular el mercado, estableciendo mecanismos para el cumplimiento de la política pública, y asegurando mecanismos de transparencia y representación efectiva.

Ha llegado la hora de llevar a la Autoridad de Energía Eléctrica a una nueva era de modernidad donde su sistema de gobernanza cumpla con los fundamentos básicos de la sana administración pública y de una representación justa y equitativa de sus clientes y del sector ciudadano.

Este artículo se publicó originalmente en El Nuevo Día el 23 de mayo de 2012.