Publicado el 27 de septiembre de 2012

Miguel A. Soto-Class

¿Quién se hubiera imaginado que un tema tan árido como el de los estados financieros del País se convirtiera en uno tan comentado y que levanta tantas pasiones en la población en general? El asunto, sin embargo, es demasiado serio como para dejar que el análisis llano lo confunda o que el debate político partidista lo enturbie. Hay que hablar del tema con sobriedad, sosiego y, sobre todo, con reconocimiento de su enorme complejidad.

La reciente vorágine pública sobre la situación fiscal del gobierno surge de un informe preparado por el Departamento de Hacienda. Este informe, conocido como el Comprehensive Annual Financial Report (CAFR), es preparado todos los años por la agencia y es examinado por una firma internacional de auditores externos. Para entenderlo, es preciso desmenuzar sus múltiples niveles. Decir que ha habido progreso o no en el manejo del gasto operacional del gobierno no está reñido con plantear que la situación de largo plazo de la deuda pública y la solvencia del País sigue sumamente frágil y sigue siendo un asunto de mucho cuidado. Veamos a qué me refiero.

La actividad gubernamental puede verse desde dos lados: una, la de los ingresos y gastos; otra, la de los activos o el patrimonio neto. El primer caso se refiere a lo que entra como ingreso y se gasta de mes a mes o de año en año. El segundo, se refiere al valor total de los bienes que se tiene y a lo que se adeuda sobre estos al largo plazo.

En el primer tipo de análisis, el reporte más reciente hecho por el Departamento de Hacienda refleja que las operaciones del gobierno central -que incluye para propósitos de este informe cuatro entidades legalmente independientes del gobierno que son la Autoridad de Edificios Públicos, el residuo de las Navieras, COFINA y el Fideicomiso de los Niños- nos costaron unos $19.3 billones. Los ingresos para cubrirlos -del fondo general y fondos federales- fueron de unos $15.8 billones, lo que dejaría un déficit operacional de $3.2 billones. Si excluimos el pago de interés y principal, el déficit se reduce a $1,475 millones. Este déficit representa una mejora en comparación con el año fiscal 2010 pero todavía apunta a una base fiscal severamente comprometida.

Por otro lado, el asunto resulta particularmente dramático si se mira el patrimonio neto del País: el gobierno de Puerto Rico tiene obligaciones o deudas por $48.5 billones y apenas unos $14 billones en activos, lo que resulta en un patrimonio neto negativo de $34.5 billones. Es importante señalar que el déficit del patrimonio neto se duplicó entre 2006 y 2011, principalmente por la emisión de deuda de COFINA, la entidad del Banco Gubernamental de Fomento que emite deuda pública repagable con los recaudos del IVU. Los fondos producto de esas emisiones se utilizaron para financiar gastos operacionales, pagar deuda que no tenía fuente de repago identificada, y para otros usos. La práctica de tomar prestado para saldar gastos corrientes -en vez de para financiar mejoras permanentes- produce una espiral de aumento en la deficiencia que se acumula, ya que la deuda se incurre sin que exista ningún bien o activo que genere ingreso para repagarla.

¿Quién es el culpable? Esa pregunta no es ni la más importante ni la más apropiada. La realidad es que el déficit del gobierno de Puerto Rico ha crecido a lo largo de múltiples y sucesivas administraciones, no de una; y ha sido agravado por la extrema politización del sistema y la renuencia colectiva a aceptar la dura verdad y sus consecuencias. Aún así, aunque estamos lastimados no estamos vencidos; aunque confundidos, no perdidos; abatidos pero no detenidos.

Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 26 de septiembre de 2012.