Publicado el 1 de octubre de 2012

Sergio M. Marxuach

Recientemente ha vuelto a la discusión pública el tema del estado de las finanzas públicas de Puerto Rico. Para entenderlo, es preciso conocer la fuente de la información y diferenciar los distintos niveles en los que hay que hacer el análisis.

El gobierno de Puerto Rico publica anualmente un informe con sus estados financieros consolidados. Este informe, conocido comúnmente por sus siglas en ingles como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report), es preparado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y auditado por una firma de auditores externos. La versión mas reciente tiene fecha de 27 de abril de 2012, cubre el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2011, y fue auditado por la firma Deloitte & Touche LLP.

Todas las citas en esta reseña se refieren a la versión que se encuentra disponible a través de la página web del Banco Gubernamental de Fomento (www.gdb-pur.com).

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de tres componentes básicos: (1) los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements); (2) los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements); y (3) las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes: (1) el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Assets (Deficit)), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y (2) el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales.

Estas actividades consisten, primero, de las actividades medulares del gobierno, que son las actividades que comúnmente se asocian con la gestión del gobierno central en áreas tales como educación, seguridad pública, salud, y vivienda, entre otras. Estas actividades se financian en gran medida con impuestos y fondos federales (pág. 20).

A las actividades tradicionales del gobierno central se le incorporan las actividades de cuatro entidades legalmente independientes que, debido a la naturaleza de su relación con el gobierno central y la sustancia de sus operaciones, se consideran para propósitos contables como parte del gobierno central (Blended Component Units). Estas cuatro entidades son: la Autoridad de Edificios Públicos, el residuo de las Navieras de Puerto Rico (Puerto Rico Maritime Shipping Authority), COFINA, y el Fideicomiso de los Niños (pág. 21).

La segunda categoría consiste de actividades de naturaleza comercial (Business Type Activities) que lleva a cabo el gobierno central. En este renglón se incluyen los resultados de las operaciones del fondo del seguro por desempleo y de las loterías estatales (pág. 20).

La tercera categoría consiste de entidades legalmente independientes del gobierno central y que comúnmente se conocen como corporaciones públicas (Component Units). Esta categoría incluye los resultados de las operaciones de 49 entidades gubernamentales, seis de las cuales se desglosan por separado debido a su importancia: el Banco Gubernamental de Fomento; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Carreteras, y la Universidad de Puerto Rico (pág. 21). Los resultados de las otras 43 entidades se presentan de manera consolidada.

A continuación presentamos los hallazgos principales del CAFR con relación al gobierno central y las corporaciones públicas.

Gobierno Central

El Estado de Situación del gobierno central (excluyendo las operaciones del seguro por desempleo y las loterías) nos dice que al 30 de junio de 2011 éste tenía activos de $13,966 millones y obligaciones de $48,474 millones, lo que resulta en un patrimonio neto de negativo $34,508 millones (págs. 48- 49).

De acuerdo con la nota 3(c) a los estados financieros, unos $29,100 millones de esa deficiencia acumulada son producto de la emisión de deuda. Esta situación surge de la práctica del gobierno de Puerto Rico de emitir deuda al nivel central y entonces transferirle los fondos a otras entidades gubernamentales (incluyendo municipios) para el financiamiento de mejoras permanentes y cubrir ciertas necesidades operacionales. Como resultado de esa transferencia de fondos, el gobierno central se queda con la obligación en sus libros pero el activo correspondiente aparece en los libros de la entidad a la cual se le transfirieron los fondos (pág. 106).

Es importante reseñar que el déficit en el patrimonio neto del gobierno se duplicó en el periodo entre el 2006 y el 2011, aumentando aproximadamente $17,000 millones durante ese periodo. Este aumento se debe principalmente a la emisión de deuda por COFINA, cuyas obligaciones al 30 de junio de 2011 sumaban $14,400 millones. Los fondos producto de esas emisiones se utilizaron para financiar gastos operacionales, pagar deuda que no tenía fuente de repago identificada, y para otros usos. La práctica de incurrir obligaciones a largo plazo para saldar gastos corrientes, en vez de financiar mejoras permanentes, resulta en un aumento neto en la deficiencia acumulada ya que no existe ningún activo con cual parear la obligación financiera incurrida (pág. 106).

El resto del déficit en el patrimonio neto se debe a la acumulación de deficiencias operacionales a través de los años (pág. 106).

Por otro lado, el Estado de Resultados demuestra que las operaciones del gobierno central (incluyendo las cuatro entidades incorporadas) durante el año fiscal 2011 costaron $19,278 millones, mientras que los recursos disponibles (fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,995 millones, resultando en un déficit de $3,283 millones (pág. 39). Si excluimos el pago de interés y principal, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2011 estaría rondando aproximadamente los $1,476 millones.

El Estado de Situación consolidado de las corporaciones públicas refleja que al 30 de junio de 2011, éstas contaban con activos consolidados de $58,612 millones y obligaciones de $49,070 millones, resultando en un patrimonio neto consolidado de positivo $9,542 millones (págs. 48 y 49).

Es importante señalar, sin embargo, que 16 corporaciones públicas reportaban un patrimonio neto negativo (sus obligaciones excedían sus activos) al 30 de junio de 2011, incluyendo corporaciones tan importantes como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, entre otras (pág. 106).

Finalmente, el Estado de Resultados consolidado de la corporaciones públicas refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $1,343 millones durante el año fiscal 2011. Llaman la atención las pérdidas registradas por la Autoridad de Carreteras ($409 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($272 millones); la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ($112 millones); y la Administración de Seguros de Salud ($30 millones) (pág. 69).

Conclusiones

Un análisis objetivo de este informe nos lleva a concluir que la base fiscal de nuestro sistema socioeconómico se ha erosionado significativamente. El gobierno central y varias corporaciones públicas están básicamente insolventes, y ni hablar de los municipios y los sistemas de retiro.

En nuestra opinión, sería un error responsabilizar a una administración o partido en especifico por esta situación ya que es el producto de décadas de mala administración, de la politización indebida de la gestión pública, y de la utilización inadecuada de soluciones temporales para atender problemas recurrentes.

De cara al futuro, necesitamos enfrentar esta situación con calma, objetivamente, sin remilgos, con los ojos bien abiertos y sin engañarnos a nosotros mismos. El primer paso en ese proceso de análisis e introspección colectiva sería reconocer que el orden socioeconómico actual está llegando claramente a su fin, y todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere, o se atreve, a hablar de ello.

Esta columna fue publicada originalmente en el diario El Nuevo Día el 30 de septiembre de 2012.