Publicado el 9 de diciembre de 2012

Sergio M. Marxuach

El tema de la deficiencia actuarial de los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico ha estado en el debate público en días recientes. El gobierno de Puerto Rico actualmente tiene cinco sistemas de retiro.

Tres de éstos dependen directamente del fondo general para las aportaciones patronales: el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, que cubre a casi todos los empleados del gobierno central, corporaciones públicas, y los municipios; el Sistema de Retiro de los Maestros, que cubre a los maestros del sistema de educación pública; y el Sistema de Retiro de la Judicatura, que cubre a los jueces.

Cada uno de estos sistemas de retiro tiene un déficit actuarial. Esto significa que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones en el futuro. Al 30 de junio de 2011, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno tenía un déficit estimado de $23,734 millones; el Sistema de Retiro de los Maestros tenía un déficit estimado de $9,063 millones; y el Sistema de Retiro de la Judicatura tenía un déficit estimado de $319 millones. El déficit agregado, por tanto, es de $33,116 millones—una deficiencia que se ha ido acumulando por décadas y que no debiera ser noticia, ni aquí ni en los Estados Unidos.

Sin embargo, tres días después de las elecciones Standard & Poor’s emitió un parte de prensa advirtiendo que la probabilidad de una degradación de la clasificación de los bonos del Estado Libre Asociado hacia finales de este año, o a principios del 2013, es de 1 en 3, debido a que, en la opinión de sus analistas, “el programa de gobierno y las expresiones públicas del gobernador electo con respecto a las obligaciones del sistema de pensiones del Estado Libre Asociado podrían resultar en la posposición de una reforma de las pensiones públicas o en la adopción de una reforma diluida que solo proveerá alivio temporero al sistema de pensiones.”

Mas recientemente, el 27 de noviembre el prestigioso diario The New York Times publicó una historia de primera plana sobre este tema, advirtiendo que “Puerto Rico lucha por mantenerse a flote en un mar de deudas”.

Parece, por tanto, que el tiempo de darle largas a este asunto se nos ha acabado. Esto no significa, sin embargo, que Puerto Rico tiene que buscar, de la noche a la mañana, $33,116 millones. Tampoco debemos pensar que existe una sola solución mágica que por si misma va a resolver este problema.

Alternativas

Nosotros en el Centro para la Nueva Economía hemos identificado 15 opciones que en distintas combinaciones podrían ser parte de una solución. No tenemos espacio aquí para presentarlas pero las pueden leer en nuestro blog (www.grupocne.org).

Creemos que lo que los analistas y bonistas le están pidiendo a Puerto Rico es un plan que sea viable financieramente y que cuente con el apoyo político necesario para atender este asunto de manera contundente durante los próximos 25 o 30 años.

La viabilidad financiera de ese plan va a requerir concesiones y sacrificios por parte de los pensionados, de los empleados actuales del gobierno, y de los ciudadanos en general, ya que la dimensión financiera de este problema es de una magnitud enorme. Las obligaciones de los tres sistemas que dependen del fondo general equivalen a casi 50% del producto nacional bruto de Puerto Rico en el 2012. Una obligación de esta magnitud no se resuelve con trucos de contabilidad o con operaciones de “ingeniería financiera”. Va a ser necesario modificar la estructura de beneficios, incrementar la edad de retiro, y aumentar los ingresos del sistema.

Por otro lado, el problema de los sistemas de retiro tiene dimensiones políticas, legales, y morales de una complejidad extrema. Por tanto, la sustentabilidad política del plan requiere que representantes de todos los grupos afectados participen de su confección; suscriban expresamente sus términos y condiciones; y velen por el cumplimiento, implantación, e institucionalización del mismo.

A negociar entre las partes

Es por esto que creemos que el problema del sistema de retiro se presta para un proceso de concertación social en Puerto Rico. La concertación social es un proceso de negociación entre el gobierno y representantes de varios grupos sociales, usualmente uniones laborales y organizaciones empresariales. El objetivo de ese proceso de negociación es llegar a un acuerdo formal, conocido como pacto social, con respecto a asuntos de política pública tales como leyes laborales, reforma de pensiones, niveles de inversión pública y privada, impuestos, y otras políticas de bienestar social con miras a minimizar la desigualdad y la exclusión social.

Actualmente ningún partido o facción política en Puerto Rico tiene la fuerza necesaria para imponer una solución unilateral a los problemas de los sistemas de retiro. Cualquier esfuerzo unilateral en esta área estará condenado al fracaso y terminará, como ha sucedido en tantas otras ocasiones, en protestas, huelgas, macanazos a diestra y siniestra, y emisiones de gas pimienta.

Por otro lado, el proceso de concertación no está exento de riesgos. En Puerto Rico no tenemos experiencia con este tipo de proceso social y las probabilidades de éxito, de lograr un pacto social sobre las pensiones, son bajas, ya que todos los participantes tienen que estar dispuestos a hacer sacrificios a corto plazo para obtener beneficios a mediano y largo plazo. Sin embargo, es evidente que lo que hemos hecho hasta ahora para atender este problema no ha funcionado. Resulta imperativo tratar algo nuevo.

En resumen, este problema no tiene soluciones fáciles y el que diga lo contrario miente. Atenderlo va requerir capacidad para el dialogo franco, el compromiso de negociar de buena fe, y la voluntad de hacer y honrar concesiones por parte de todos los grupos afectados. Cada cual tendrá que poner de su parte, de lo contrario nos arriesgamos a desgarrar irremediablemente el contrato social que ha regido en la Isla durante los últimos 60 años.

Esta columna se publicó originalmente en El Nuevo Día el 9 de diciembre de 2012.