Publicado el 3 de febrero de 2013

Sergio M. Marxuach

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) publicó el 18 de octubre de 2012 un “Aviso a Nuestros Suscriptores”, donde se nos informaba que la “Cláusula de Ajuste ” que aplica a nuestras facturas sería modificada “temporeramente”.

El aviso también estipulaba que la nueva cláusula de ajuste sería efectiva a partir de la publicación de la misma por un periodo de 90 días. O sea, que entraría en vigor el 18 de octubre y estaría en efecto hasta el 16 de enero de 2013. La nueva cláusula incluía el uso de una “Cantidad Estabilizadora” que se utilizaría para “estabilizar” la factura de los clientes residenciales que no reciben subsidios.

Quince días después, el viernes, 2 de noviembre, apenas cuatro días antes de las elecciones generales en Puerto Rico, la AEE publicó en su página de Internet un aviso de vistas públicas sobre modificación de cláusula de ajuste y otro aviso donde notifica que está disponible un “Informe Sobre Consideración de la Aprobación con Carácter Permanente de la Modificación en la Cláusula de Ajuste”.

Ese informe nos dice, entre otras cosas, que “la AEE, de conformidad con las disposiciones legales que la rigen, determinó modificar la fórmula actual de la Cláusula de Compra de Combustible. Con dicha modificación se beneficiarán del uso del gas natural en las unidades 5 y 6 de Costa Sur los clientes residenciales acogidos a la Tarifa Servicio Residencial General (GRS-112). Esta modificación consiste en presumir que las unidades 5 y 6 de Costa Sur les suplen básicamente toda su generación a los clientes acogidos a la tarifa GRS-112, y que el resto de las unidades del sistema de generación de la Autoridad les suplirán a los clientes que no se facturan con esta tarifa”.

Cada mes, la AEE compararía los kilovatios/hora (kWh) que consumieron los abonados acogidos a la tarifa GRS-112 con la generación de las unidades 5 y 6 de Costa Sur y utilizaría uno de tres posibles escenarios para calcular el ajuste aplicable a su factura, dependiendo de si la generación de las unidades 5 y 6 de Costa Sur era igual, mayor, o menor al consumo de los abonados acogidos a la tarifa GRS-112.

Para cada uno de estos casos, se aplicarían dos fórmulas diferentes para calcular el factor de compra de combustible: una para los clientes GRS-112 y otra para todos los demás. Por lo tanto, estarían en efecto seis fórmulas para calcular esta parte del ajuste.

Además, a los clientes GRS-112 se le aplicaría una “cantidad estabilizadora” que es una “cantidad que se utilizará para reducir la factura de los clientes acogidos a la Tarifa GRS-112 que no reciben subsidio. Esta cantidad proviene de una cuenta establecida por el Banco Gubernamental de Fomento en conjunto con la Autoridad de Energía Eléctrica”.

Se multiplican las fórmulas

El Factor de Compra de Energía también sería modificado para “recuperar de los clientes el costo de la energía comprada a pequeños productores de energía renovable y los costos asociados a los Certificados de Energía Renovable, según aplique”. Para este cálculo, también, se aplicaría una fórmula para computar el factor de compra de energía de los clientes GRS-112 y otra fórmula para determinar lo que se le cobraría a los clientes acogidos a otras tarifas.

En resumen, las dos fórmulas vigentes serían reemplazadas con ocho fórmulas nuevas. En todos los casos, la AEE seguiría cobrando el 11% que se supone pague en lugar de impuestos, la electricidad que se pierde durante la transmisión y la que se roban los que se conectan ilegalmente.

De acuerdo con el informe, el efecto agregado de estos cambios sobre la cláusula de ajuste (no sobre la factura total) aplicable a los clientes acogidos a la tarifa GRS-112 sería una reducción de 5.31%, y al aplicar la “cantidad estabilizadora ” dicha reducción aumentaría a un 14.43%.

Por otro lado, el efecto en la factura de los clientes que no se acogen a la tarifa GRS-112 sería un aumento de entre 1.1% y 1.29%, dependiendo del nivel de voltaje que utilicen y la tarifa que les a p l i q u e.

Necesaria una reforma radical

Entonces, de repente, el 29 de enero de 2013 la Junta Gobierno decidió dejar sin efecto todos los cambios propuestos, supuestamente, por no tener toda la información. Parece que el objetivo de todos estos manejos arteros era ejecutar una burda manipulación de la tarifa residencial para reducir artificialmente la factura de electricidad a menos de un mes de las elecciones.

En nuestra opinión, este proceso es emblemático de la falta de transparencia que impera en la AEE. Y si a la falta de transparencia le sumamos los escándalos recientes en la AEE, tales como los gastos alegres incurridos por una expresidenta de la Junta de Gobierno; los conflictos de interés generados por transacciones auspiciadas por miembros de esa Junta (que eventualmente tuvieron que renunciar); el nombramiento de políticos derrotados a la Junta de Gobierno; y el chanchullo con la pensión del director ejecutivo saliente, nos parece que resulta impostergable llevar a cabo una reforma radical de la gobernanza corporativa de la AEE incluyendo la constitución de una Junta Reglamentadora Independiente.

Dada la manera en que la AEE trata a sus clientes, no nos debe sorprender que en Puerto Rico el robo de electricidad exceda el 10% de la generación anual de la AEE. Ese robo se podría interpretar como un acto de desafío a los abusos perpetrados por esta corporación pública.

James C. Scott, profesor de ciencias políticas en Yale, categoriza estos actos de resistencia como “infrapolíticos”, ya que ocurren fuera del espectro visible de lo que usualmente pasa por actividad política.  De acuerdo con Scott, las acciones infrapolíticas son actos como “ foot-dragging, poaching, pilfering, dissimulation, sabotage, desertion, absenteeism, squatting, and flight.”

Nos sospechamos que los clientes de la AEE continuarán actuando de manera infrapolítica hasta que esta corporación –supuestamente pública–comience a operar de una manera más justa, transparente, y honesta.

Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 3 de febrero de 2013.