Publicado el 27 de febrero de 2013

Miguel A. Soto-Class

La palabra se ha puesto de moda: “concertación” para atajar la crisis fiscal del Gobierno, “concertación” para atender la debacle de los sistemas de retiro, “concertación” para abordar el desastre en los servicios públicos. Casi se ha convertido en un refrán, una especie de poción mágica que todo el mundo receta para cualquier problema o dificultad.

Sin embargo, encaminar un verdadero proceso de concertación que culmine en soluciones compartidas a nuestros múltiples desplomes sistémicos y estructurales es un reto a la misma vez difícil, pero impostergable. Ningún partido o facción en Puerto Rico tiene ni la fuerza ni el capital político necesario para imponer soluciones unilateralmente. Y la implantación por la fuerza de medidas traumáticas no tiene sentido para un país abrumado que está agobiado por la desintegración de su fibra social y política. Por lo tanto, a pesar de la urgencia, hay que preguntarse si la concertación -como proceso cívico, social y político- es verdaderamente posible en Puerto Rico. ¿Tenemos -cada uno de nosotros, y los grupos que representamos- la madurez, la entereza, la fortaleza que hace falta para convertir este proceso en realidad?

La concertación social es laboriosa. Consiste en un proceso de negociación entre el Gobierno y representantes de diversos grupos sociales. El objetivo de ese proceso es llegar a un acuerdo formal, conocido como “pacto social”, respecto a asuntos de política pública tales como impuestos, leyes laborales, reforma de pensiones, niveles de inversión pública y privada y políticas de desarrollo económico y bienestar social.

En los últimos treinta años, diversos países de América Latina y Europa han implantado -con mayor y menor éxito- mecanismos de concertación para abordar los retos económicos y sociales que han enfrentado. En México, durante el colapso de los precios del petróleo en el mercado mundial a mediados de los 90, los diversos actores sociales encaminaron un proyecto de concertación en el que el Gobierno disminuyó el gasto y las subvenciones públicas, el sector laboral suscribió convenios con aumentos salariales menores a los solicitados, los campesinos aceptaron una congelación en las garantías de precios de sus productos, y el sector empresarial accedió a absorber los incrementos en los costos reduciendo sus márgenes de ganancia. Chile, Colombia, Argentina -países con cicatrices profundas producidas por dictaduras militares y guerras civiles- han encaminado procesos de concertación en momentos muy específicos.

En Puerto Rico el asunto se nos presenta como algo novel, con unos retos muy particulares para nuestra idiosincracia. En un proceso de concertación, los jugadores dialogan no sobre qué van a ganar, sino qué es lo que cada uno está dispuesto a perder o a ceder. El objetivo es definir los sacrificios que cada uno tiene que hacer a corto plazo para obtener beneficios a mediano y largo plazo. El proceso implica algún grado de confianza mutua, o al menos, de reconocimiento de que la salvación propia reside en lograr concertar con el “otro”.

Por demasiado tiempo en Puerto Rico hemos improvisado soluciones a medias, espejismos y paliativos, producto de la certeza de que “alguien” más arriba -el Gobierno central o el Gobierno federal- nos tirará a último momento algún salvavidas que nos permita quedar un rato más a flote. Pero parece ser que ahora estamos más sólos que nunca. Los retos que enfrentamos meten miedo y las opciones se nos están agotando. La concertación es una de ellas. Pero el proceso es duro, severo y agobiante, y tiene poco espacio para el egoísmo, la gansería y la falta de voluntad.

Creo que a Puerto Rico le ha llegado el momento de ver si tiene la capacidad para lograr una concertación. El problema del Sistema de Retiro del Gobierno probablemente será la primera prueba que requerirá este tipo de acuerdo. Está por verse si tenemos la seriedad y la madurez como pueblo para lograrlo.

Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 27 de febrero de 2013.