Publicado el 25 de septiembre de 2013

Miguel A. Soto-Class

“Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera.”  Esa es la primera oración de Ana Karenina, la reconocida novela del famoso escritor ruso Leo Tolstoy.

Me parece que igual se podría decir de los países y ciudades que enfrentan una crisis financiera.  Todas sufren y padecen, pero cada una es distinta.

Sin embargo, a nadie le debe extrañar que a Puerto Rico lo comparen en términos financieros con Grecia, España o más recientemente con Detroit.  Tales comparaciones no son descabelladas.  Todas esas jurisdicciones comparten algunos rasgos como sus grandes deudas, sus deficientes bases contributivas y el pobre desempeño de sus economías.  Pero de igual manera son muchas y significativas las diferencias.  Y por eso hay que tener cuidado con las comparaciones superficiales.

Así las cosas, es importante destacar que Puerto Rico no es Detroit.  A diferencia de la deuda de los gobiernos municipales y estatales de EEUU, el repago de la deuda emitida por el gobierno central de Puerto Rico como ‘obligación general’ (General Obligation) está garantizada por la Constitución. Esto quiere decir que un evento de impago o incumplimiento de los compromisos contraídos con los bonistas en este segmento del mercado no es probable.  El repago de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) está apoyado en los recaudos del IVU, lo que implica que cerca del 40% de la deuda pública (si incluimos la parte de la deuda de corporaciones públicas garantizada por el gobierno central) del País está atada a una fuente significativamente segura de repago.

Con la Reforma al Sistema de Retiro de principios de año se atajó parte del problema que mantenía a los mercados en vilo. Queda, sin embargo, la deuda de las corporaciones públicas – Carreteras, Energía Eléctrica, y Acueductos – cuya precariedad reclama una reestructuración operacional profunda y severa. Puerto Rico ha perdido mucha credibilidad con promesas incumplidas y soluciones a medias en todas estas agencias y no se puede descartar que de alguna de ellas surja algún detonante financiero.

En mi opinión, lo que ha venido ocurriendo con la clasificación de la deuda de Puerto Rico y la devaluación de los bonos es un reflejo no tanto de una falta de intención de pagar sino de la incertidumbre sobre nuestra capacidad de pagar provocada por nuestra inhabilidad de parar la caída libre de nuestra economía:  90 meses de recesión, niveles africanos de empleo y participación laboral, niveles de pobreza y desigualdad de hecatombe y aumentos vertiginosos en la emigración. Una economía que no crece no tendrá recaudos fiscales que aumenten ni podrá contrarrestar la reducción de ingresos aumentando los impuestos.  Es aquí donde viene en orden la comparación con Detroit, un gigante manufacturero que se quedó ilusamente enredado en las visiones de sus años de gloria, ciego al cataclismo que le socavaba la tierra bajo los pies.

No es momento ni de histerias ni de cortinas de humo. Si algo se impone es un esfuerzo concertado, sobrio y sensato para remodelar la economía del País, algo que va más allá de tácticas aisladas.  Estamos hablando de un ejercicio de liderato profundo, no solo de la mayoría política, sino de las minorías, a las que en tiempos de tormenta compete dejar atrás la changuería. Estamos hablando de un esfuerzo real de concertación social, similar al que hizo Irlanda cuando enfrentó su rezago en la década de los ochenta, o España cuando optó por dejar atrás el franquismo: un esfuerzo en el que un liderato de altura convoque unionados y pensionados, empresarios e inversionistas y organizaciones de base, para una discusión dura pero franca, profunda y honesta de cómo recalibrar el rumbo.

No hay soluciones fáciles ni razonables, pero las hay. En Detroit eso no se logró.  Veremos si en eso también nos podemos diferenciar.

Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 25 de septiembre de 2013.