Fiscalizando a la AEE

Fiscalizando a la AEE

Publicado el 10 de noviembre de 2013

Sergio portrait
Director de Política Pública
COMPARTA

Recientemente ha comenzado un debate público sobre como re-estructurar la Autoridad de Energía Eléctrica. Desafortunadamente, como sucede muchas veces en Puerto Rico, este debate ha generado algo de controversia, mucho análisis desinformado, y muy poca reflexión sobre la situación energética del País. Peor aún, en vez de entablarse un diálogo abierto y honesto, se ha comenzado a dividir la opinión pública en dos campos que empiezan a atrincherarse en sus respectivas posiciones, sin necesariamente haber examinado críticamente sus premisas, las que muchas veces son erróneas y permanecen inarticuladas.

De entrada, es necesario reconocer que la AEE no puede seguir operando como hasta ahora y que tampoco es factible o deseable, privatizarla o “romperla en mil pedazos” como sugieren algunos.

De un lado, el modelo económico y operacional de la AEE ha llegado a su límite. La situación financiera de la AEE es sumamente frágil. Sus obligaciones actualmente exceden sus activos por $515 millones; ha reportado pérdidas de $346 millones; $272 millones; y $129.7 millones durante los años fiscales 2012, 2011, y 2010, respectivamente; y su liquidez se ha deteriorado significativamente durante los últimos tres años fiscales, al punto que ha tenido que tomar prestado para cumplir con todas sus obligaciones, incluyendo el servicio de su deuda billonaria.

Por otro lado, la AEE no se puede vender o privatizar en estos momentos precisamente porque está al borde de la insolvencia. El precio que estaría dispuesto a pagar un comprador potencial sería muy probablemente menor a la deuda acumulada de la AEE, que actualmente se aproxima a los $10,000 millones. Dicho de otra manera, el gobierno de Puerto Rico tendría que básicamente regalar la AEE. Tampoco es deseable “implosionar” la AEE, como sugieren algunas de las voces menos ilustradas del sector privado, ya que eso lo único que lograría sería crear un caos en la economía de la isla.

Todo esto apunta a que la AEE va a tener que cambiar la manera en que opera si es que ésta va a sobrevivir.

Ahora bien, el cambio en la AEE tiene que ser bien pensado, estratégico, y seguir una secuencia lógica. El CNE lleva analizando este asunto, proponiendo soluciones, y abogando para que el gobierno tome acción desde el 2005. Uno de los problemas fundamentales de la AEE, y uno de los obstáculos principales al cambio, es que la Junta de Gobierno de la AEE, además de gobernar la corporación, también reglamenta el mercado de electricidad en Puerto Rico. Esto resulta en un claro conflicto de intereses.

En segundo lugar, nadie ejerce los poderes que en una compañía privada ejercerían los accionistas, que en este caso somos todos los residentes de Puerto Rico. Esta situación ha permitido que diversos grupos de interés, tales como los suplidores, los partidos políticos, los beneficiarios de subsidios, las uniones, los bonistas, los banqueros, y las personas con conexiones políticas se organicen para extraer beneficios de la AEE a costa del resto del pueblo de Puerto Rico.

La administración actualmente en el poder en Puerto Rico ha develado una serie de iniciativas, que de lograr implementarse, resultarían en cambios significativos en la AEE. En el CNE apoyamos muchas de estas medidas—especialmente las que promueven mayor transparencia en las operaciones de la AEE—y esperamos que se puedan lograr.

Sin embargo, creemos que la propuesta para crear una Junta Reguladora de Telecomunicaciones y Energía se queda corta por varias razones. Primero, la complejidad del sistema eléctrico requiere la atención a tiempo completo de un ente reglamentador con todos los recursos necesarios para llevar a cabo su misión. Por eso sugerimos que no se incluya el área de energía al mandato de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

Segundo, el mandato de la junta propuesta se limita a examinar las tarifas cada dos años y no incluye la reglamentación del mercado eléctrico en Puerto Rico. Esta es una omisión fatal ya que la AEE no ha demostrado tener la capacidad de ejercer estas funciones de manera objetiva y para el beneficio del país.

La AEE necesita que un ente externo le imponga disciplina. De lo contrario podemos esperar que la AEE continúe utilizando plantas obsoletas; cobrando tarifas excesivamente altas; repartiendo contratos a diestra y siniestra; y negándose arbitrariamente a conectar al sistema productores más eficientes.

Una verdadera junta reglamentadora ejercería las siguientes funciones, entre otras: regular el mercado de electricidad; asegurar que las tarifas sean justas y razonables; velar por la calidad y confiabilidad del servicio; incentivar la planificación a largo plazo; promover la integración de tecnologías nuevas al menor costo posible para satisfacer la demanda de electricidad a largo plazo; aprobar la inversión de capital a largo plazo; fomentar la integración de productores de energía renovable; promover la implantación de medidas de eficiencia energética y de reducción de demanda; proveer un foro para atender los reclamos de los clientes; y reducir la “huella” ambiental de la AEE y las emisiones de gases invernadero.

Algunas personas argumentan que la creación de una junta reglamentadora resultaría en una degradación automática de los bonos de la AEE. Esta aseveración no tiene mucho sentido ya que es en el mejor interés de los bonistas que la AEE sea más eficiente y sostenible.

Además, ninguna corporación, sea pública o privada, se administra exclusiva o primariamente para el beneficio de sus acreedores, un grupo que incluye a los bonistas. Obviamente, pagar lo que se le debe a los acreedores constituye una parte integral de la buena administración de cualquier negocio, pero para satisfacer esa obligación es suficiente cumplir con lo que se ha prometido. Dicho de otra manera, no hay que pagarles de más ni de menos. Asimismo, el desarrollo económico de Puerto Rico no puede depender, ni ser rehén, de un grupo de analistas mediocres que trabajan para Wall Street.

En conclusión, para reducir los costos de la electricidad es necesario crear un ente regulador independiente que fiscalice rigurosamente las operaciones de la AEE.

Esta columna se publicó originalmente el 10 de noviembre de 2013 en El Nuevo Día.