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Por Sergio Marxuach

De acuerdo con la información actuarial mas reciente, el Sistema de Retiro de los Maestros (SRM) contaba al 30 de junio de 2013 con 41,973 miembros activos; 32,626 miembros pensionados; 2,239 miembros acogidos al retiro por discapacidad; 3,131 beneficiarios especiales (cónyuges o menores de edad); y 738 miembros que habían terminado su relación de empleo pero que tenían derecho a un reintegro de sus aportaciones más el interés acumulado sobre estas aportaciones.  En total, a esas 80,707 personas se les han prometido beneficios con un valor presente de $12,351 millones mientras que el SRM solamente cuenta con activos de $2,099 millones, para una deficiencia actuarial de $10,252 millones.

Además de la deficiencia actuarial, el SRM también sufre de un déficit operacional anual significativo.  Por ejemplo, para el año fiscal 2014 el SRM recibió aportaciones patronales y de los maestros participantes por la cantidad de $275 millones, pero tuvo pagar unos $606 millones en beneficios y gastos administrativos del sistema, lo que significa que termino con una deficiencia operacional de $331 millones.

Recientemente el equipo financiero del Gobierno presentó de manera sorpresiva, en una asamblea extraordinaria en medio de las festividades de Navidad, varias propuestas para atender la crisis del sistema de retiro de los maestros.  El conjunto de medidas implica una reforma estructural profunda de las pensiones para este importante grupo de servidores públicos.  Sin embargo, hasta ahora, el Gobierno no ha hecho público un análisis actuarial del impacto de la medidas que está proponiendo.  Dicho de otra manera, no sabemos si la propuesta del Gobierno verdaderamente resuelve el problema del SRM, o si lo que se está haciendo es una ofrenda de sangre a los dioses del mercado de bonos.

En nuestra opinión, nos parece que lo que Moody’s, los analistas y los bonistas le están pidiendo a Puerto Rico es un plan que sea viable financieramente y que cuente con el apoyo político necesario para atender este asunto de manera contundente durante los próximos 25 ó 30 años.

La viabilidad financiera de ese plan va a requerir concesiones y sacrificios por parte de los maestros pensionados, los maestros activos, y de los ciudadanos en general, ya que la dimensión financiera de este problema es de una magnitud enorme.  Las obligaciones del SRM equivalen a casi 14% del producto nacional bruto de Puerto Rico en el 2012.  Una obligación de esta magnitud no se resuelve con trucos de contabilidad o con operaciones de “ingeniería financiera”.

Lograr esto en Puerto Rico va a ser difícil en términos políticos, ya que no estamos acostumbrados a actuar colectivamente ni a que se nos exija sacrificios de ningún tipo.  He escuchado, por ejemplo, a muchos decir que “eso no es problema mío, yo trabajo en la empresa privada, allá los pensionados y el Gobierno que resuelvan”.  Este argumento se basa en la premisa falsa de que los que no trabajamos en el Gobierno no tenemos que contribuir a la solución, ya sea porque no tenemos la obligación moral de hacerlo o porque no nos afecta directamente.

Todos los que residimos en Puerto Rico tenemos obligaciones que surgen por el mero hecho de vivir aquí.  Estas obligaciones, que podemos llamar obligaciones de solidaridad, son obligaciones particulares de responsabilidad moral que le debemos a aquellos con quienes compartimos cierta historia o relación. No requieren de nuestro consentimiento pues su peso moral se deriva del hecho de que la historia de cada una de nuestras vidas está implicada en la historia de la vida de otros.

Más aún, el problema del SRM tiene dimensiones políticas, legales, y morales de una complejidad extrema. Por tanto, la sustentabilidad política del plan requiere que representantes de todos los grupos afectados participen de su confección; suscriban expresamente sus términos y condiciones; y velen por el cumplimiento, implantación e institucionalización del mismo.

Es por esto que creemos que el problema del SRM se presta para un proceso de concertación social en Puerto Rico.  La concertación social es un proceso de negociación entre el Gobierno y representantes de varios grupos sociales, usualmente uniones laborales y organizaciones empresariales. El objetivo de ese proceso de negociación es llegar a un acuerdo formal, conocido como pacto social, con respecto a asuntos de política pública tales como leyes laborales, reforma de pensiones, niveles de inversión pública y privada, impuestos, y otras políticas de bienestar social con miras a minimizar la desigualdad y la exclusión social.

Actualmente ningún partido o facción política en Puerto Rico tiene la fuerza necesaria para imponer una solución unilateral a los problemas del SRM. Cualquier esfuerzo unilateral en esta área estará condenado al fracaso y terminará, como ha sucedido en tantas otras ocasiones, en protestas, huelgas, macanazos a diestra y siniestra, y emisiones de gas pimienta.

Por otro lado, el proceso de concertación no está exento de riesgos. En Puerto Rico no tenemos experiencia con este tipo de proceso social y las probabilidades de éxito, de lograr un pacto social sobre las pensiones, son bajas, ya que todos los participantes tienen que estar dispuestos a hacer sacrificios a corto plazo para obtener beneficios a mediano y largo plazo. Sin embargo, es evidente que lo que hemos hecho hasta ahora para atender este problema no ha funcionado. Resulta imperativo tratar algo nuevo.

En resumen, este problema no tiene soluciones fáciles.  Atenderlo va requerir capacidad para el diálogo franco, el compromiso de negociar de buena fe, y la voluntad de hacer y honrar concesiones por parte de todos los grupos afectados. Cada cual tendrá que poner de su parte, de lo contrario nos arriesgamos a desgarrar irremediablemente una parte esencial del contrato social que ha regido en Puerto Rico durante los últimos sesenta años.

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El autor es Director de Política Pública del CNE.