Publicado el 13 de abril de 2014

Nuria Y. Ortiz-Vargas

(Nota editorial) Pocos días después de que publicáramos esta columna, el gobierno de Puerto Rico propuso eliminar el crédito por trabajo en el próximo presupuesto. 

 

Todo apunta a que se acerca una nueva Reforma Contributiva. No hay duda de que la misma es necesaria y de carácter urgente. Las deducciones, créditos y exenciones enmarcados en el Código de Rentas Internas del 2011 tendrán que ser evaluados, revisados y, en ocasiones, enmendados o eliminados.

El Centro para una Nueva Economía (CNE) lleva más de diez años estudiando y proponiendo política pública para mejorar nuestro sistema contributivo. Además de expandir la base contributiva y simplificar el sistema, la reforma tiene que ser de gran alcance e incentivar el trabajo, el ahorro y la inversión.

Uno de los grandes retos que tiene nuestro país es la baja participación laboral y el alto desempleo. Nuestro esquema de políticas laborales, de asistencia social y contributivas desalientan la inserción formal en la fuerza laboral. Las penalidades que sufren miles de personas que aún trabajando a tiempo completo viven en la pobreza incentivan el trabajo informal y la dependencia en programas de asistencia. Esto se ha agravado en los últimos años ya que los salarios han mermado, en términos reales, especialmente para los trabajadores con pocas destrezas. Una persona empleada a tiempo completo que devenga el salario mínimo apenas gana $15,080 anuales y no cualifica para la mayoría de los programas suplementarios como el PAN. La decisión de muchos individuos y familias que devengan bajos ingresos de salir del mercado laboral formal es una racional.

En el debate de cómo diseñar una política pública contributiva que aborde este problema existen tres metas típicamente conflictivas, que algunos llaman el “triángulo de hierro de la política de bienestar social”. Estas son: aumentar la calidad de vida de los trabajadores; lograr incentivar el trabajo y la autosuficiencia económica; y mantener los costos bajos para el gobierno.

El crédito por ingreso devengado o crédito por trabajo, es un mecanismo que desde su implementación en Estados Unidos en 1975 ha conciliado estas tres metas. Este crédito se otorga a personas pobres que trabajan en la economía formal y reportan ingresos. La cantidad inicial del crédito incrementa mientras aumentan los ingresos del trabajador hasta llegar a un tope. Una vez en este ingreso tope, el crédito se mantiene fijo a medida que siguen aumentando los ingresos hasta llegar a la etapa en que comienza a disminuir paulatinamente. A partir de este momento, el crédito se reduce con cada dólar adicional de ingreso hasta que llega a cero.

CNE logró que se incluyera este crédito en la Reforma Contributiva del 2006 y, en la Reforma del 2011, se aumentó la cantidad del crédito. Todos aquellos que tengan un ingreso bruto devengado igual o menor a $25,000 pueden reclamar el crédito por trabajo. Sin embargo, el crédito reembolsable máximo actual es de $400, un suplemento demasiado bajo para lograr los efectos deseados. Además, su estructura actual penaliza al trabajador ya que una vez comienza a ganar mas de $10,000, el crédito comienza a reducirse.

El diseño, monitoreo y fiscalización de este programa es esencial para poder lograr sus objetivos. Durante este año, CNE estará actualizando el estudio sobre el crédito por trabajo en Puerto Rico para identificar la cantidad optima del crédito. En el 2003, propusimos un crédito máximo de $1,500 con una reducción paulatina que comenzará cuando el contribuyente informe ingresos de más de $15,000. Para poder proponer una política pública idónea se analizará la interacción de este beneficio con la elegibilidad de otros programas de asistencia pública y el posible comportamiento de los beneficiarios. Además, el aumento al crédito por trabajo debe coincidir con otros programas que faciliten la entrada de miles de personas a la fuerza laboral formal.

El crédito por trabajo es la herramienta más efectiva que tenemos disponible en estos momentos para reducir la pobreza y comenzar a fortalecer nuestra política industrial, ya que este programa funciona como un subsidio laboral sin afectar los costos operacionales del patrono. Los trabajos en la economía informal tienden a ser de baja productividad, mal remunerados y sin beneficios marginales como seguro de salud, aportaciones al seguro social y vacaciones pagas. Mientras más beneficioso sea obtener subsidios gubernamentales y trabajar en la economía informal (no necesariamente ilegal, pero sin reportar los ingresos por el trabajo realizado) persistirá la baja participación laboral y aumentará la dependencia en programas de asistencia.

Los beneficios de cambiar la política pública hacia los individuos y familias que devengan salarios bajos no se limitan a aumentar la eficiencia gubernamental. También se han comprobado los efectos positivos en la autoestima y autosuficiencia de familias que participan en estos programas. Esto es particularmente importante en Puerto Rico donde el 20% de los hogares con el ingreso más bajo devengan solo aproximadamente 2% del ingreso total de nuestra población. Esta desigualdad incide negativamente en el crecimiento económico del país y se traduce en otros problemas sociales. Es imperativo que nuestra política pública se enfoque en proveer las herramientas para aumentar la capacidad de las familias más necesitadas para salir de la pobreza.

El costo de este crédito puede ser el mayor reto para la implementación de nuestra propuesta. El gobierno ha estado cuadrando caja aprobando nuevos impuestos tanto como ha podido y un costo adicional (estimado en más de $150 millones de dólares) puede ser el tranque mortal. Sin embargo, se pueden eliminar algunos créditos contributivos y exenciones a corporaciones e individuos que no están dando el resultado esperado y le cuestan muchísimo más al erario, e invertir en este programa que fortalecerá la base social y económica del país.

Hoy todo el país reconoce los grandes errores en política pública que han cometido nuestros gobernantes y las consecuencias de no implementar los cambios necesarios para mejorar nuestro porvenir. Este es el momento de transformar el país; no con palabras, ni con buenas intenciones sino con programas bien diseñados y estudiados que nos ayuden a lograr un Puerto Rico próspero y justo. Esta propuesta nos encamina en esa dirección. Los invito a que no dejemos desperdiciar esta gran oportunidad.

 

Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día.