Publicado el 9 de mayo de 2014

Sergio M. Marxuach

Mucho se ha hablado sobre la baja tasa de participación laboral en Puerto Rico. Esta discusión, por lo general, se ha enfocado en tres temas principales. Primero, el desempleo prologando ha producido un número significativo de trabajadores desalentados que ni siquiera están buscando trabajo. Segundo, algunos analistas han argumentado que el nivel relativamente alto de las transferencias federales, iguales a aproximadamente el 40% del ingreso personal en la isla —casi el doble de la proporción en los Estados Unidos—desincentiva la participación laboral en la economía formal. Y, tercero, la existencia de una enorme economía informal, tanto legal como ilegal, desalienta el trabajo formal.

En este debate, sin embargo, no se ha analizado con detenimiento el impacto del sistema contributivo en el mercado laboral y las repercusiones para las familias pobres que trabajan. Esto es un asunto medular para el desarrollo económico de Puerto Rico, ya que nuestro sistema impositivo actual penaliza a los trabajadores, especialmente en los niveles más bajos de la escala salarial, e incentiva el sector informal de la economía.

En Puerto Rico una persona, digamos, María Pérez, una madre soltera con 2 hijos que trabaja cuarenta horas semanales ganándose el salario mínimo de $7.25 por hora devengará ingresos semanales de $290. Si María trabajara 52 semanas al año, su ingreso anual sería de $15,080 y no cualificaría para la mayoría de los programas suplementarios como el PAN. Esto antes de tomar en cuenta las retenciones requeridas por ley por concepto del seguro social y otros programas. Si le parece increíble que en Puerto Rico hay personas trabajando a tiempo completo por poco más de $1,000 mensuales, más chocante es el hecho de que esa cantidad de ingresos está sustancialmente por debajo del nivel de pobreza federal para una familia de tres personas ($19,790 en el 2014). Por tanto, la decisión de María y de muchas otras personas que devengan bajos ingresos, de salirse del mercado laboral formal, solicitar ayudas al gobierno y trabajar en la economía informal, es racional desde una perspectiva económica.

Dada esta situación, la pregunta que debemos contestar es: ¿Como podemos incentivar el trabajo formal y a la vez reducir la pobreza en Puerto Rico? Una manera de lograr esto es ofreciendo un crédito contributivo reembolsable por ingreso devengado a aquellas personas pobres que trabajen en el sector formal y generen ingreso de dicho trabajo.

El crédito por ingreso devengado o crédito por trabajo, es un mecanismo que desde su implementación en Estados Unidos en 1975 ha sido efectivo en lograr esos objetivos. Este crédito se otorga a personas pobres que trabajan en la economía formal y reportan ingresos. La cantidad inicial del crédito incrementa mientras aumentan los ingresos del trabajador hasta llegar a un tope. Una vez en este ingreso tope, el crédito se mantiene fijo a medida que siguen aumentando los ingresos hasta llegar a la etapa en que comienza a disminuir paulatinamente. A partir de este momento, el crédito se reduce con cada dólar adicional de ingreso hasta que llega a cero.

En el 2003, el CNE propuso un programa de este tipo para Puerto Rico con un crédito máximo de $1,500 que se reduciría paulatinamente cuando el contribuyente devengara ingresos en exceso de $15,000. Según la propuesta esbozada en el estudio, el crédito beneficiaría a familias que devengaran ingresos por concepto de trabajo y fluctuaría dependiendo del ingreso familiar. Quizás el componente más importante de este instrumento es que estaba diseñado para que aquellas familias que devengaran ingresos muy bajos pudieran recibir un crédito mayor a medida que aumentan sus ingresos. De esta forma, el crédito incentivaría y apoyaría el trabajo, especialmente para aquellas familias trabajadoras que más lo necesitan. A medida que su situación económica mejore, el crédito disminuiría paulatinamente hasta su eliminación (para aquellas familias con ingresos en exceso de $15,000).

El Crédito por Trabajo se implementó durante la administración de Aníbal Acevedo y se amplió durante la gobernación de Luis Fortuño. Todos aquellos que tengan un ingreso bruto devengado igual o menor a $25,000 pueden reclamar el crédito por trabajo. Sin embargo el crédito reembolsable máximo actual es de $450, un suplemento demasiado bajo para lograr los efectos deseados. Además su estructura actual penaliza al trabajador, ya que una vez comienza a ganar más de $10,000 el crédito comienza a reducirse. Sin embargo, y a pesar de esas deficiencias, unos 469,258 trabajadores puertorriqueños se beneficiaron de $124.3 millones en créditos por concepto de este programa en el 2012. Se podría argumentar que un crédito reembolsable promedio de $265 no es mucho, pero para alguien como María es casi equivalente al salario de una semana de trabajo.

Por tanto, nos sorprende que la administración García Padilla esté proponiendo la eliminación de este crédito como parte de un paquete de diversas medidas para allegar unos $540 millones “de ingresos adicionales al Fondo General”. Cabe señalar que este crédito no es una dádiva gubernamental. Para cualificar es necesario que el beneficiario reciba ingresos derivados de un trabajo formal y radique su planilla. Esa es la razón por la cual este programa ha sido tan exitoso políticamente en los Estados Unidos y desde su inicio ha sido apoyado tanto por gobiernos Demócratas como Republicanos.

Irónicamente, Puerto Rico provee un sinnúmero de incentivos para que las clases socioeconómicas altas inviertan, ahorren y acumulen activos a través del sistema contributivo, incluyendo generosos beneficios contributivos para que los flamantes lobos de Wall Street vengan a Puerto Rico a retozar en sus yates.

Pero parece que los incentivos contributivos son buenos para los millonarios de Nueva York —en otra época los llamarían carpetbaggers— pero no para las miles de familias trabajadoras pobres de Puerto Rico. El crédito por trabajo fomenta la participación laboral y funciona como un subsidio salarial que no le cuesta al patrono. Su eliminación es un acto de hipocresía inmoral y constituye un grave error de política pública. Vaya forma de poner primero la gente.