Publicado el 28 de mayo de 2014

Miguel A. Soto-Class

En estos tiempos de crisis fiscal es importante cortar. Pero más importante aún es no cortar lo importante.

Recientemente, en aras de atajar un pedazo de la crisis fiscal, el gobierno ha propuesto eliminar el llamado Crédito por Trabajo. El Crédito por Trabajo o Crédito por Ingreso Devengado es un mecanismo contributivo que le otorga un reembolso de hasta $400 anuales a los trabajadores de menos ingresos en la isla. Funciona como estímulo al trabajo y actúa como contrapeso a las perversiones que tuercen nuestro mercado laboral. El Crédito por Trabajo no solo suplementa el ingreso de estas personas, sino que incentiva su incorporación a la economía formal ya que exige se rindan planillas y se trabaje en el sector formal. Este tipo de iniciativa ha sido sumamente efectiva en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y Canadá en insertar a las personas que reciben ayudas gubernamentales en la fuerza laboral. La importancia del beneficio para el mercado laboral de Puerto Rico es enorme: casi medio millón de trabajadores – prácticamente la mitad de la fuerza trabajadora de la isla – participan del programa.

Para los que creemos en la reducción de la dependencia y el estímulo a la cultura del trabajo, la posible eliminación del programa resulta preocupante. Propuesto por el Centro para una Nueva Economía (CNE) en 2006 como una forma de atajar la pobreza, promover el trabajo, y estimular la economía formal, el programa fue apoyado por varias administraciones: fue implantado por el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá y ampliado por el de Luis Fortuño. En un país donde sobran las diatribas y escasean los consensos, el Crédito por Trabajo coaguló un importante consenso bi-partita. Resulta desesperanzador que regresemos al punto cero, eliminando un mecanismo importante que estimula el trabajo en la economía formal.

Si bien la fragilidad del erario es grande, es crucial sopesar las medidas con que atajamos el problema, particularmente si tomamos en cuenta la profusión de generosos incentivos contributivos que el gobierno – sin cuantificar sus beneficios – está optando por mantener. En esta coyuntura no solo es importante generar nuevos ingresos fiscales, sino que resulta urgente apuntalar la base contributiva y la economía formal. Nuestra vergonzosa tasa de participación laboral de apenas 39% no solo es uno de los lastres más pesados que obstaculiza la reactivación de la economía, sino que mantiene en vilo a las mismas casas acreditadoras que el gobierno busca aplacar. Resulta paradójico que se le imponga un sacrificio a la población más vulnerable, cuando la medida posiblemente tenga el efecto no intencionado de trastocar aún más la pobre participación laboral y aumentar la dependencia en la asistencia gubernamental. Basta recordar el sorpresivo, y contradictorio, efecto que tuvo la imposición de la Patente Nacional en los recaudos contributivos comerciales y corporativos. Con la eliminación del Crédito por Trabajo, el gobierno no estará cortando grasa, sino que mutilará otro músculo fundamental para la recuperación económica y para su propia salud fiscal.

No quiero sonar como todos los que ahora piden no se les toque sus programas y beneficios. Obviamente todos tenemos que poner algo en la mesa. En ese espíritu de sacrificio compartido yo propongo que en vez de eliminar el programa por completo, que se reduzca a la mitad y se estructure de tal manera que se mantenga para las familias más necesitadas. Luego en el camino podemos buscar otras alternativas para financiar el programa como debe ser.

Cuando un avión se está quedando sin combustible, usualmente tiran a la borda todo lo que pueden para bajar el peso. Pero no botan lo esencial como el guía y los controles. Mantengamos nosotros también lo vital para nuestra recuperación y démosle crédito a lo que funciona.

 

Esta columna se publicó originalmente el 28 de mayo de 2014 en el diario El Nuevo Día.