Publicado el 22 de junio de 2014

Mari Mari Narváez

Tómese un minuto para imaginar su vida a ciegas: tratando de armar un presupuesto que no le alcanza porque le está cediendo gran parte de sus ingresos a la gente que se supone le pague a usted. Usted no sabe cuánto está perdiendo, sólo le consta que es una gran tajada de dinero que debía recibir y no recibe. Imagine también que usted desconoce los detalles de los contratos que rigen su vida, sus propiedades y obligaciones. Se casa con alguien o compra una casa pero ni sabe a qué se está comprometiendo. Piense que usted un buen día recibe por herencia una deuda millonaria. No sabe cómo ni por qué sus parientes engordaron semejante factura pero ahora tiene que pagarla. Imaginemos más. Vislumbre un escenario en el que usted contrata a una compañía de seguridad pero, a la hora de rendirle un informe, la empresa se niega a decirle cuántas veces tuvo que intervenir con personas que se aparecieron a robar en su casa y qué medidas emplearon contra ellas.

Esto puede parecer cosa de locos pero no lo es. Resulta que así vivimos en Puerto Rico. Con una cierta noción de que ‘sabemos’ mucho pero, en efecto, con un acceso muy restringido a la información sobre nuestro gobierno. Información que, por definición, tendría que ser pública. Porque nos pertenece.

Una de las razones principales por las cuales la Policía de Puerto Rico está en sindicatura federal es porque tiene deficiencias muy serias en el ejercicio de la transparencia con la ciudadanía. Este es un ejemplo emblemático de la falta de acceso a la información en Puerto Rico. Sin embargo, existen muchos más.

Si hoy tenemos una deuda pública de 70 mil millones de dólares, equivalente al Producto Nacional Bruto es, precisamente, porque toda esa sucesión de gobernantes de los últimos 30 años pudo actuar sin nociones de transparencia ni rendición de cuentas. Añádale a esto que una de las razones por las cuales las agencias crediticias degradaron nuestros bonos a chatarra fue la ausencia de transparencia del gobierno de Puerto Rico, que tenía un discurso a nivel nacional y otro distinto ante las agencias, lo que terminó minando la confianza del proceso.

En Puerto Rico desconocemos cuántos incentivos, créditos y decretos ofrecemos a las corporaciones extranjeras. En muchos casos tampoco sabemos bajo qué condiciones se otorgan estos incentivos ya que la información contractual es “confidencial”. Por ejemplo, aún desconocemos qué condiciones contributivas se le han otorgado a la línea aérea alemana Luftansa por haber establecido un taller de mecánica de aviación en Aguadilla. ¿Cuánto le cuestan estos “negocios” e “inversiones” al pueblo de Puerto Rico? ¿Tienen rendimiento? ¿Cuánto? ¿Se justifican? ¿Cuáles son los criterios y prioridades de nuestra política industrial? ¿Bajo qué razonamiento se establecen? ¿Cómo podemos asegurar que esa política sea productiva para el País y nos provea una zapata económica para crear una sociedad más justa y equitativa? Estas son algunas de las preguntas que solo podemos contestar si tenemos acceso a la información que los gobiernos siguen ocultándonos, a veces con intención y alevosía, otras veces por mero uso y costumbre.

El Centro para una Nueva Economía lleva años analizando el sistema contributivo en Puerto Rico. Se sospecha que gran parte de los créditos corporativos son improductivos para el País y ha recomendado reducirlos o eliminarlos. Sin embargo, aunque se sabe que son cientos de incentivos, es muy difícil que la ciudadanía se organice y pueda incidir en la política pública contributiva y presupuestaria si no posee siquiera la información más elemental.

Es absurdo pero estamos tan distanciados de lo que es la esencia de la democracia, que hasta llegamos a pensar que no nos pertenecen nuestros propios derechos, nuestra propia información y conocimiento; que somos meros espectadores de un reality show espeluznante. Sólo estoy y observo, ergo, no pertenezco, no soy responsable. El poder que ejercen los gobernantes (los oficiales y los de facto) nos supera, nos vuelve impotentes, nos neutraliza y, finalmente, nos aparta del proceso político. Ese estado de impotencia y aislamiento no puede llamarse democracia. La democracia depende de la capacidad política de la gente. En el Puerto Rico del siglo XXI, el ejercicio cívico tiene que ser una actividad que no cese, que logre incidir y pueda alcanzar la toma de decisiones de la forma más directa posible. Es imposible lograr esto si no se posee transparencia, el libre acceso a nuestra información, que es la materia prima de la democracia.

Lo que sí es posible es comenzar a organizarnos para exigir un gobierno abierto y transparente. Como en todas las luchas ciudadanas de importancia en este país, no podemos esperar que el Gobierno esté a la vanguardia y tome los primeros pasos. Le toca al pueblo -como le ha tocado siempre en los momentos culminantes y definitorios de la historia- afirmar su derecho a la información y exigir lo que le corresponde.

‘Open Everything’, por ejemplo, es una propuesta para un gobierno completamente abierto, que utilizaría libremente la inteligencia colectiva de toda la ciudadanía para diseñar la defensa de Estados Unidos, así como su pleno desarrollo social y económico. Surgió a raíz de las revoluciones informáticas que provocaron Wikileaks y Edward Snowden, sucesos que cambiarán para siempre las nociones de acceso a la información.

Creemos que en Puerto Rico hay un espacio muy amplio para lograr transformaciones en el acceso a la información. Por eso, esta es una de las áreas que nuestra nueva organización, Espacios Abiertos, ha asumido como prioridad junto al acceso a la justicia y el desarrollo socioeconómico.

La transparencia es una forma de justicia. Porque solo “sabiendo”, podemos asegurar que nuestros recursos no sean saqueados sino bien invertidos y repartidos. Por eso también es una forma de equidad. Si tenemos acceso a la información podemos asegurarnos de que nuestras políticas públicas protejan a todos y todas, en especial a aquellos que han sacrificado más, viviendo las mayores desventajas sociales, económicas, ambientales y culturales que ha producido nuestro país.

 

Esta columna fue publicada originalmente en el diario El Nuevo Día el 22 de junio de 2014.