Publicado el 3 de febrero de 2015

Desde el año fiscal 2000, la deuda pública de Puerto Rico ha incrementado vertiginosamente tanto en términos absolutos como en términos relativos al tamaño de la economía. Al finalizar el año fiscal 2000, la deuda pública total de Puerto Rico sumaba $24,200 millones, mientras que al 31 de julio de 2014 sumaba $71,435 millones, un aumento de $47,235 millones, o un 195%. Durante este periodo el endeudamiento público de la isla creció a una tasa anual compuesta de 8.04%.

El peso de esa deuda se está dejando sentir. El presupuesto consolidado para el año fiscal en curso incluye $4,552 millones (16.2% del total) para el servicio de la deuda, en comparación con $3,408 millones para el Departamento de Educación; $2,223 millones para Mi Salud; $1,503 millones para la UPR; $1,190 millones (4.2% del total) para mejoras permanentes; y $848 millones para la Policía de Puerto Rico.

Por otro lado, el Producto Nacional Bruto (“PNB”), a precios corrientes, incrementó de $41,400 millones en el 2000, a unos $70,740 millones al finalizar el año fiscal 2013, un aumento de $29,340 millones, o un 71%. Durante este periodo el PNB de la isla creció a una tasa anual compuesta de 4.2%.

Dado que el endeudamiento público de Puerto Rico creció a una tasa dos veces mayor que la tasa de crecimiento del PNB durante los últimos catorce años, no es sorprendente que la deuda total del país actualmente iguale su ingreso anual. Esa fue una de la razones que provocó que las tres principales agencias clasificadoras degradaran el crédito de Puerto Rico y de sus agencias e instrumentalidades públicas a un nivel especulativo.

Habiendo dicho eso, es importante señalar que el endeudamiento público no es malo, siempre y cuando éste (1) aumente proporcionalmente a la capacidad de repago y, más importante aún, (2) se utilice para financiar bienes públicos que contribuyan al desarrollo social y económico, no para pagar gastos corrientes, financiar déficits operacionales, o sufragar los caprichos infantiles de los alcaldes, tales como parques acuáticos y pistas de patinaje.

El problema es que en Puerto Rico hemos incumplido con ambas condiciones durante los últimos quince años. La utilización de financiamientos solapados para cubrir gastos operacionales, la concesión de subsidios disfrazados a las corporaciones públicas y los “adelantos” de fondos para cubrir sobregiros del Departamento de Hacienda a través del BGF y COFINA, explican una gran parte del aumento en la razón deuda/PNB de Puerto Rico desde el 2000.

Además, durante ese periodo (1) ningún gobierno logró balancear el presupuesto; (2) el crecimiento real del PNB fue negativo durante cinco años consecutivos; y (3) la inflación fue relativamente baja mientras la tasa nominal de interés que se le cobra a Puerto Rico aumentó, lo que implica que la tasa real de interés que pagamos es relativamente alta. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) la diferencia entre la tasa real de interés y el crecimiento real del PNB juega un papel clave en la estabilidad del nivel de la deuda pública a largo plazo, y una diferencia grande y persistente entre ambas variables pudiera encausar el nivel de endeudamiento por un sendero insostenible.

Opciones de Política Pública

El FMI tradicionalmente ha recomendado la implantación de políticas de austeridad fiscal que resulten en la eliminación del déficit primario, o dicho de otra manera, que mantengan el gasto gubernamental (neto del costo del servicio de la deuda) por debajo de los recaudos, usualmente acompañadas por préstamos nuevos concedidos por el mismo FMI para mantener el gobierno a flote y cuyo desembolso depende, en parte, de la implementación de las políticas de austeridad. Muchos países también complementan este conjunto de políticas con una devaluación de la moneda para fomentar las exportaciones.

El gobierno de Puerto Rico ha optado por implementar algunas de esas políticas de austeridad fiscal durante los últimos seis años. Pero, en contraste con otras jurisdicciones que pueden complementar esas medidas con una devaluación de la moneda para impulsar las exportaciones o con préstamos de emergencia por parte de entidades multilaterales para mantener la liquidez, Puerto Rico, debido a su situación de subordinación política, no puede hacer ni la una ni la otra.

El resultado ha sido una prolongada contracción económica, la pérdida masiva de empleos, un aumento en los niveles de incertidumbre sobre la economía puertorriqueña, la degradación del crédito de Puerto Rico, un aumento en las tasas de interés para emitir deuda nueva, acceso limitado a los mercados de capital, un marcado aumento en la emigración, una reducción significativa del espacio fiscal del gobierno y un pueblo que ha sufrido un largo periodo de austeridad y que puede ser que esté llegando al limite de su paciencia.

¿Qué podemos hacer?

Primero, aun el FMI admite que es necesario contrarrestar los efectos contraccionarios de una consolidación fiscal. Es imprescindible estimular el crecimiento a través de políticas que fomenten la inversión. En el caso de Puerto Rico eso implica, entre otras cosas, reestructurar parte de nuestra deuda pública, particularmente aquella de las corporaciones públicas más débiles como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de los Puertos, y la Autoridad de Edificios Públicos para liberar recursos financieros y aumentar la inversión pública.

Segundo, recapitalizar y reenfocar el BGF. El BGF se ha convertido, para bien o para mal, en el corazón financiero del gobierno de Puerto Rico. Todas las arterias financieras de las dependencias gubernamentales, ya sean del gobierno central, corporaciones públicas, o los municipios están conectadas al BGF. Es necesario romper esa dependencia paulatinamente. Los jefes de agencia tienen que aprender a vivir con el presupuesto asignado, las corporaciones públicas no pueden depender de subsidios del BGF para subsistir, y los municipios tienen que ser auto-suficientes. El objetivo es que el BGF se convierta eventualmente en un verdadero banco de fomento y desarrollo económico.

Finalmente, preparar un plan financiero de tres a cinco años, que incluya (1) una reforma contributiva a fondo; (2) la re-estructuración de los gastos gubernamentales, mas allá de cortar los gastos innecesarios, el fraude, y el desperdicio de fondos públicos, hay que examinar las funciones de todas las agencias y determinar cuáles son esenciales y cuáles no, y cuáles se pueden consolidar, privatizar, o eliminar en su totalidad; y (3) legislación para que el crecimiento de la deuda no pueda exceder el crecimiento nominal del PNB, excepto durante periodos de recesión.

En resumen, señoras y señores, en palabras que se le atribuyen a Sir Ernest Rutherford, ganador del Premio Nobel de Química en 1908, “we have run out of money. It is time to start thinking.”

 

Esta columna fue publicada originalmente en el periódico El Nuevo Día el 3 de febrero de 2015.