Publicado el 25 de marzo de 2015

Miguel A. Soto-Class

Creo que todos tenemos o por lo menos hemos tenido en nuestro entorno a un amigo o un familiar que a menudo nos pide dinero prestado para una u otra emergencia. El cuento siempre es igual; por una situación que no es culpa suya, necesita un préstamo para pagar la hipoteca, o la matrícula de los nenes o alguna necesidad de gran importancia. Con gran sacrificio le prestamos el dinero. ¿Cómo no hacerlo ante esa necesidad? Y días después lo vemos en un carro nuevo, o nos enteramos que anda de vacaciones por Disney o notamos en su muñeca tremendo Rolex. Y por un tiempo ni nos buscan ni lo vemos. Pero al cabo de unos meses, vuelve con una historia similar.

Tengo que aceptar que me ha sorprendido la insistencia de La Fortaleza en este asunto de la reforma contributiva. Por otro lado, para nosotros el Centro para Una Nueva Economía ha sido novedoso pues usualmente estamos solos en nuestros planteamientos y en esta ocasión hay un coro estentóreo con nosotros. Creo que desde Vieques no hemos visto tantas expresiones del sector no gubernamental en armonía.

Más que nada me preocupa sobremanera no ver apertura a las preocupaciones legítimas del Pueblo. Pienso que en esto de la reforma contributiva – con la prisa, la opacidad, y los niveles de ansiedad – vamos precipitosamente por el camino de una apuesta en extremo arriesgada con la que podemos terminar peor de lo que estamos ahora.

El Ejecutivo nos ha dicho de todo para convencernos: que llenará de dinero nuestros bolsillos, que el que cuestione su propuesta lo hace porque es un evasor, que si el proyecto no pasa, vendrá la hecatombe. Es un juego peligroso en el que nos mezclan en una misma cucharada el dulce del ‘alivio’ con el discurso apocalíptico del Juicio Final.

El problema es que para Puerto Rico la apuesta es peligrosamente arriesgada. Nadie cuestiona la necesidad de reestructurar el sistema contributivo, pero hay demasiadas dudas, poca confianza, y mucho en juego como para aprobar a la ligera el proyecto que nos han puesto sobre la mesa. Provoca cinismo y suspicacia el empeño de hacerlo rápido en vez de bien.

Más aún, el récord del Departamento de Hacienda no ha sido el mejor: la cifra de captación del IVU hoy día es un bochornoso 56%.  ¿Quién nos dice que Hacienda tendrá la capacidad de manejar un sistema – que por sus múltiples puntos de cobro, crédito y facturación – es más complejo que el actual? ¿Quién nos dice que en uno, dos años, no pretenderá volver a subir las tasas porque todavía se le escapan los recaudos?

Además,  en asuntos fiscales, es imposible quedar bien con Dios y con el Diablo. Sin embargo el gobierno parece estar prometiendo de todo a todos a la vez. La experiencia económica nos dice que es virtualmente imposible que se le pueda dar un respiro a los asalariados a la misma vez que se cumpla en su totalidad con los bonistas y a la vez se estimule la actividad económica.

La lista de preocupaciones es larga: las interrogantes sobre los reembolsos anti-regresivos; la imprecisión sobre la exoneración a la educación y los servicios médicos; el malestar porque no se tocan exenciones y créditos cuyo beneficio nadie le ha explicado al País; la preocupación por una mayor desaceleración económica; y la falta de un consenso político que hace probable que la oposición política derogue lo que se apruebe en una próxima administración.

Entonces, con tanto tropiezo, aprobar este proyecto – íntegro, enmendado, o remendado –  es como confiarle el sueldo a un jugador compulsivo. Hay grandes riesgos para usted y para el País. Por eso, en CNE hemos recomendado posponer la reforma. Creemos que es mejor comenzar con una reestructuración bien pensada del Departamento de Hacienda y con un proyecto piloto que vaya calibrando la implementación del IVA. Simultáneamente se implantaría un plan de corto plazo que reparta la carga:  una renegociación del servicio de la deuda de obligación general; un aumento de tres puntos en el IVU mientras se calibra el IVA; un recorte en los gastos del gobierno con una mejor gerencia de los dineros públicos; y la eliminación de preferencias contributivas inefectivas.  Finalmente, es importante que este plan venga acompañado de un intento genuino de lograr una aceptación consensuada de la reestructuración del sistema contributivo.

 

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 25 de marzo de 2015.