Publicado el 8 de noviembre de 2019

Jennifer Wolff

No se trata de un error tipográfico. Tampoco repito el título de un escrito anterior. #AOscurasNO es la consigna que ha lanzado la organización Espacios Abiertos al reclamar mayor acceso a la información pública, mayor transparencia, y mayor rendición de cuentas en la gestión pública. El tema resulta neurálgico porque “la crisis de la deuda” implicará apretadas colectivas de cinturón. Por eso cada quien debe buscar saber las opciones y sus costos para poder reclamar vigorosa y concienzudamente que la soga no parta solamente por lo más fino.

En abril la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) adoptó nueve principios sobre los que deben fundamentarse los procesos de reestructuración de la deuda externa de los países soberanos. La Presidenta del Comité mencionó a la isla entre los países que movieron al organismo a adoptar los principios: Argentina, Grecia, Ukrania y Puerto Rico. El tercer principio esbozado en ese mapa de ruta es el de la transparencia.

Por transparencia, UNCTAD se refiere a “la disponibilidad de información sobre el ejercicio de la autoridad pública que se le hace al público en general”. Para cumplir con este principio, el estado debe proveer acceso a sus ciudadanos (no solo a los acreedores) a los datos sobre la insostenibilidad de la deuda; las proyecciones económicas, financieras y sociales de la reestructuración; los indicadores económicos que se utilicen; y los acreedores, el tipo de deuda que poseen y cualquier conflicto de interés. UNCTAD hace la salvedad que el principio de transparencia debe balancearse frente a la necesidad legítima del Estado de que la divulgación no ponga en juego su posibilidad de éxito. Las limitaciones a la divulgación, sin embargo, deben seguir reglas definidas. Una de las razones para divulgar información al público es que todo proceso de reestructuración de deuda viene acompañado de programas de ajuste estructural (entiéndase, austeridad). Por esto, UNCTAD sugiere que las políticas se desarrollen mediante procesos decisionales inclusivos que envuelvan a los actores sociales.

Y es aquí donde surgen lagunas. Si bien el gobierno comisionó a consultores externos informes sobre la sostenibilidad de la deuda y la liquidez (el Informe Krueger y el de Conway Mackenzie), ha fallado en completar y publicar los esencialísimos informes financieros auditados (Comprehensive Annual Financial Report). Estos son reclamados por acreedores, congresistas, gente de negocio y aquellos que necesitan precisar con certeza la magnitud del desastre. Tampoco sabemos mucho sobre los distintos escenarios de la reestructuración, sus consecuencias sobre distintos grupos, o los costos económicos y sociales de las reformas y medidas de austeridad. La identidad de los acreedores ha salido a flote fragmentadamente gracias al trabajo de varios medios de comunicación.

Lo terrible es que mientras usted y yo permanecemos a oscuras, el gobierno ha creado un banco de datos virtual al que tienen acceso los acreedores. Dos periodistas, Luisa García Pelatti de Sin Comillas y Xavira Neggers de Debtwire Municipals han solicitado acceso a este banco de datos. Su argumento para reclamarlo al ámbito público reside en la jurisprudencia que sentó el caso Soto v. Giménez Muñoz, incoado a raíz de los asesinatos del Cerro Maravilla. En este caso, el Tribunal Supremo determinó que en la isla el acceso a la información tiene rango constitucional porque resulta imprescindible para ejercer el derecho a la expresión. En ese sentido, resulta (en teoría) más fuerte que el que existe en el ámbito federal, donde el derecho a la información es estatutario porque deriva de legislación congresional.

El Lcdo. Efrén Rivera Ramos, catedrático de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la U.P.R., afirma que:

• El derecho del público no se circunscribe a los documentos sino que se refiere a la información pública.
• El Estado, como depositario de la soberanía del pueblo, no puede negar información pública.
• El Estado no tiene derecho a decidir qué documentos hace públicos y cuales no.
• Toda persona tiene derecho a la información pública sin tener que explicar su interés en obtenerla.

Llama entonces la atención que la práctica cotidiana sea contraria a lo que dicta la jurisprudencia. Parecemos haber aceptado como un dictum el “es confidencial”, “es un borrador”, “necesitamos espacio”, o “se dará en su momento”. La norma, dice Rivera Ramos, debería ser la divulgación y la confidencialidad debería ser la excepción.

En una actividad reciente de Espacios Abiertos y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Lcdo. Frank Torres Viada lanzó al ruedo el argumento de que la información relacionada a las negociaciones con los acreedores de la deuda puede y debe reclamarse como pública. Nadie quiere perjudicar la maniobrabilidad del Estado, pero la participación del público en evaluar las opciones y sus consecuencias debe hacerse antes de que el Estado acepte lo que está sobre la mesa. Si nos dejamos llevar por lo que ha pasado en la Autoridad de Energía Eléctrica, el público se enterará de lo que se cocina en la olla – y lo que le costará a su bolsillo – cuando la negociación sea un fait accompli.

¿Puede el Estado alegar que la divulgación de información perjudicaría sus intereses? Si ya comparte información con los bonistas pero a nosotros nos mantiene oscuras, está privilegiando un grupo y cargando los dados contra otro. Tampoco resulta válido el reclamo de “privilegio ejecutivo” o “información confidencial”. Según Rivera Ramos, el privilegio ejecutivo puede ceder ante un interés apremiante (en este caso, la participación del público en la toma de decisiones sobre nuevos impuestos, recortes en beneficios laborales, pensiones, etc.). Y la información confidencial se refiere principalmente a información recibida “en confidencia” (de parte de un confidente), a la comunicación abogado-cliente, o aquella que afecta derechos de terceros (secretos de negocio o el derecho a la intimidad).

El tema no es uno sencillo. Pero hay una excelente oportunidad para continuar ampliando el espacio de la divulgación de información sobre la gestión pública. El pleito judicial que forzó la publicación del informe sobre el sistema contributivo de la firma KPMG fue una extraordinaria cabeza de playa de un camino trabajoso que es preciso seguir recorriendo. #AOscurasNO.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 8 de noviembre de 2015.