Cuentas claras
Publicado el 6 de diciembre de 2015
Puerto Rico: la isla estrella. Puerto Rico lo hace mejor. Entre slogans, campañas vistosas y ventajas contributivas, los gobiernos de turno intentan diferenciarse de las miles de jurisdicciones donde compañías en crecimiento podrían establecerse. En un contexto global en que la competencia por atraer inversión económica es cada vez mayor, la estrategia primordial ha sido ofrecer a las corporaciones incentivos económicos y fiscales para hacer de Puerto Rico un destino atractivo y competitivo.
Indudablemente la inversión de capital, local y extranjero, es medular para lograr desarrollar nuestra economía. Pero a pesar de que esta estrategia se ha utilizado por décadas, en Puerto Rico no se sabe con certeza qué créditos, exenciones, exclusiones, y leyes particulares han sido efectivos y cuáles no. Además, la cantidad de leyes que ofrecen tratamiento preferencial a diferentes tipos de actividad económica han convertido nuestro sistema contributivo en un colador, con cientos de huecos por donde se escapan los recaudos y cada vez menos ingresos al fisco.
El estudio de KPMG del 2014 identificó deducciones, créditos, exclusiones, exenciones y tasas preferenciales consignadas en solo algunas de las leyes especiales para corporaciones cuyo costo asciende a mas de $550 millones anualmente y recomendó eliminarlas. Otra evaluación de beneficios y costos encomendada por la Cámara de Representantes encontró que, a excepción de la manufactura farmacéutica y la agricultura, el beneficio económico que dejan ciertas exenciones es bajo o nulo.
Algunos funcionarios han reaccionado a estos informes y reconocen que el gobierno tiene que comenzar a evaluar estos incentivos (¡eureka!). El hecho de que el propio gobierno (y no consultores contratados esporádicamente) nunca haya evaluado sistemáticamente la efectividad de su estrategia principal de “desarrollo económico” es trágico y escandaloso. Los informes sobre estos gastos fiscales, que esperamos que se publiquen pronto como se ha prometido públicamente, tienen que ser detallados y hacer un buen análisis de si las metas esperadas han sido logradas. Sin embargo, esta evaluación tiene que poder ser verificada y replicada por terceros. El público tiene que tener acceso a todos los datos para poder hacer su propio análisis. No podemos permitir que estos informes se conviertan, como es costumbre, en meros esfuerzos de relaciones públicas y propaganda para el partido en el poder. Tenemos que poder identificar qué incentivos no cumplen su propósito para exigir responsablemente que se eliminen e identificar aquellos que se deben fortalecer o promover aún más.
Crear un repositorio público donde se publiquen estos informes de manera proactiva (sin que nadie los tenga que pedir)—y también los contratos de exención—es imprescindible para poder evaluar la efectividad o fracaso de estos incentivos. Además, bajo nuestro estado de derecho, estos documentos son públicos y deberían estar fácilmente al alcance de quien los quiera revisar. Afortunadamente, establecer un portal cibernético para hacer accesible esta información es sumamente fácil y económico.
La publicación proactiva de la información pública es también una herramienta esencial para mejorar la competitividad y el clima de inversión en Puerto Rico. Tener reglas claras ayuda a impedir que se favorezca a quienes tienen mayor acceso a las esferas de poder y provee la confianza y estabilidad que buscan las corporaciones a la hora de invertir. Además, abona a que el gobierno se enfoque en fomentar y fortalecer unas estructuras que beneficien a todas las industrias y corporaciones, como mejorar la calidad de la infraestructura pública, reducir los costos de energía y proveer servicios esenciales que beneficien a todos, en vez de legislar y proveer beneficios a unos pocos.
Registro abierto de contratos gubernamentales
Esta práctica se tiene que extender además al área de contratación gubernamental en todos sus aspectos. Actualmente, los contratos con el Estado tienen que ser entregados en la Oficina del Contralor para ser válidos. Dicha oficina mantiene una base de datos en línea con el nombre de las entidades contratantes y el monto del contrato. Sin embargo, los contratos no están disponibles y, dada la tecnología existente, no hay razón para que esto no se haga. La publicación proactiva de contratos ha demostrado que reduce la corrupción, aumenta la cantidad de licitaciones y produce ahorros sustanciales.
Podríamos emular el sistema que tienen, por ejemplo, en Eslovaquia. En 2001 comenzaron esfuerzos para atajar la corrupción, adoptando una Ley de Acceso a la Información donde el ciudadano tenía derecho a la información pero tenía que pedirla. En 2011, adoptaron políticas para aumentar la transparencia, incluyendo una ley que establece que el gobierno tiene que hacer pública la información SIN que el ciudadano la pida. Todos los documentos relacionados con contratos públicos tienen que publicarse en línea. La validez de los contratos depende de que se publiquen. Más de dos millones de contratos están actualmente disponibles a quien tenga acceso a internet (83% de la población).
Esto se logró, entre otros factores, gracias a las protestas masivas en 2011 y 2012, cuando el pueblo se tiró a la calle a expresar su descontento con la corrupción y favoritismo a unos pocos. Otro factor importante fue que varios alcaldes y legisladores municipales tomaron la iniciativa de hacer públicos todos los contratos municipales. Todos ellos revalidaron en las elecciones. Y es que estas medidas abonan a la confianza en el gobierno y al apoyo a la gestión pública.
El acceso a la información y la transparencia son requisitos indispensables para que el gobierno nos rinda cuentas. Se necesita de individuos y de organizaciones como la nuestra, que se dediquen a interpretar y analizar esta información. La meta no es lograr que se publique la información solamente, sino aumentar la capacidad de nuestra sociedad de entenderla y actuar sobre ella.
Restaurar el crecimiento económico es esencial para Puerto Rico. Para lograrlo, la gestión gubernamental tiene que ser evaluada regularmente para asegurarnos de que se cumple con lo que se promete. Además, es la única manera en que lograremos que el desarrollo económico sea equitativo y esté diseñado para el beneficio de todos. Solo así lograremos ser una isla estrella.
Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 6 de diciembre de 2015.