Publicado el 20 de marzo de 2016

Sergio M. Marxuach

El autor colombiano Juan Gabriel Vásquez escribe en su novela “Las reputaciones” que “las certezas adquiridas en algún momento del pasado podían dejar de ser certezas con el tiempo: algo podía suceder, un hecho fortuito o voluntario, y de repente toda evidencia quedaba invalidada, lo verdadero dejaba de ser verdadero, lo visto dejaba de haber sido visto, y lo ocurrido de haber ocurrido: perdía su lugar en el tiempo y en el espacio; era devorado y pasaba a otro mundo, o a otra dimensión de nuestro mundo, una dimensión que no conocíamos.”

Durante los últimos meses muchas de las cosas que los puertorriqueños dábamos por sentadas o ciertas—la solvencia del gobierno, el repago de la deuda pública, la relación política con Estados Unidos, la voluntad del gobierno federal para asistir a Puerto Rico, las garantías de nuestra constitución, entre muchas otras cosas—han dejado de serlo. Más desconcertante aún, este fenómeno es causado en gran medida por fuerzas fuera de nuestro control y que muy pocas personas comprenden.

Enfrentados con esta nueva y extraña realidad las reacciones de la mayoría han sido, tal vez, las típicas; la negación: lo que está sucediendo, de alguna manera, no es cierto, no es real, alguien nos está engañando; el pánico: hay que hacer algo, lo que sea, por más descabellado, indigno o irracional que parezca para salir de esta crisis; o recurrir al pensamiento mágico/fantasioso: alguien, el gobierno federal, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, el Congreso, eventualmente nos salvará con su varita mágica, asumiendo nuestra deuda, resucitando la sección 936, forzando a los bonistas a aceptar una reducción gigantesca del principal que Puerto Rico les adeuda, y colorín colorado, este cuento se ha acabado y todos vivieron felices para siempre.

Me parece, sin embargo, que la reacción de personas adultas, con autonomía moral e independencia de criterio, debería ser, en palabras de Abraham Lincoln, pausar y tratar de entender lo que está sucediendo “en su forma y color precisos.” Hacer ese análisis, sin embargo, en un mundo donde las viejas certezas ya no aplican, las hojas de ruta han caducado y los instrumentos para navegar no son confiables, requiere salir de nuestra zona de confort y tomarse riesgos cuya magnitud es extremadamente difícil de calcular.

Es en esta coyuntura que nosotros en el CNE hemos decido estar más activos en la capital federal ya que muchos de los eventos que afectarán nuestro bienestar en el futuro cercano ocurrirán allá. Obviamente esto no significa que abandonaremos el trabajo que hemos estamos haciendo en Puerto Rico por casi veinte años, pero las señales de los tiempos nos indican que es prudente recalibrar la asignación de nuestros recursos.

Esta decisión se debe, en parte, a la falta de información objetiva e independiente sobre Puerto Rico en Washington. Hemos recibido decenas de peticiones de parte del “staff” congresional y otras agencias del gobierno federal solicitándonos información o datos confiables sobre Puerto Rico que no estén manipulados para apoyar una conclusión especifica. En segundo lugar, esta decisión se debe también al deseo que hemos detectado en Washington de obtener propuestas de política pública que sean realistas y que beneficien a Puerto Rico en vez de a unos intereses económicos o políticos particulares.

En nuestras visitas a Washington hemos presentado propuestas para atajar la crisis actual, estabilizar la economía a corto plazo y construir una plataforma segura para atraer inversión en el futuro y crecer la economía.

Para atajar la crisis es necesario crear un mecanismo efectivo para llevar a cabo una reestructuración abarcadora y significativa de la deuda pública. Este mecanismo debe incluir una congelación inmediata de todas las acciones judiciales relacionadas con la deuda, un mecanismo de votación mediante el cual una super-mayoría de los acreedores por cada clase puedan amarrar a los disidentes, y un proceso de revisión judicial para evitar reestructuraciones arbitrarias o injustas.

Segundo, desafortunadamente, parece que el precio de cualquier acción congresional será la creación e imposición de una junta de control o supervisión fiscal. Creemos que cualquier entidad de ese tipo debe tener facultades y poderes limitados y operar de una manera transparente, con representación de y rendición de cuentas a los puertorriqueños.

Para estabilizar la situación fiscal y económica a corto plazo, hemos propuesto un aumento en el porciento de los gastos de Medicaid que asumiría el gobierno federal y la extensión del crédito por trabajo a Puerto Rico.

Para construir una plataforma segura para atraer inversión en el futuro y crecer la economía es necesaria la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal por la asamblea legislativa de Puerto Rico, la cual tendría dos componentes: una regla fiscal que mantendría el gasto anual promedio por debajo de lo que el gobierno puede recaudar en el largo plazo y una reestructuración a fondo de las instituciones presupuestarias y del sistema de administración de las finanzas públicas de Puerto Rico.

Finalmente, tenemos que elaborar una estrategia económica a mediano plazo, basada en la identificación de sectores en los cuales Puerto Rico puede competir y la implementación de políticas horizontales, tales como reducir los costos de energía, mejorar la educación de kínder a cuarto año de escuela superior y simplificar los procesos de permisos y obtención de licencias para operar, que afectan a todos los sectores económicos.

Pero, para acabar de una vez y por todas con esta crisis económica, fiscal, financiera y social, también nos va a hacer falta un alto grado de lo que San Ignacio de Loyola y los Jesuitas llaman “discernimiento.” Esto es, la capacidad para distinguir un capricho de lo que verdaderamente nos conviene, para dejar a un lado una moda pasajera y enfocarnos en soluciones permanentes, y para entender lo que realmente necesitamos y diferenciarlo de lo que meramente deseamos o queremos. Ese es, y no la deuda, el déficit o la falta de efectivo, tal vez el reto más grande que enfrentamos como pueblo en este momento de incertidumbre.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 20 de marzo de 2016.