Junta
Publicado el 27 de mayo de 2016
No recuerdo en los dieciocho años de vida del Centro para Una Nueva Economía (CNE), haber enfrentado un tema tan complicado y espinoso como el de la deuda de Puerto Rico. Es un asunto que incide en muchas áreas, desde los derechos contractuales de los bonistas, la posición de los pensionados, el freno al crecimiento económico que provoca una deuda desmedida, y los procesos legales para reestructurar equitativamente la deuda. Más aún, la estructura de la deuda de Puerto Rico se considera una de las más bizantinas del mundo, con dieciocho diferentes emisores, múltiples jerarquías y un grupo de bonistas que incluye desde retirados puertorriqueños hasta fondos buitres.
Como si eso no fuera suficiente, este tema provocó también que Puerto Rico tuviera que enfrentar el tenebroso espectro de nuestra realidad política y la incapacidad que tenemos de ejercer soberanía sobre nuestras propias decisiones.
Lamentablemente, esa realidad política de nuestra relación con Estados Unidos obligó que este enorme reto nuestro se trasladara para su resolución a un grupo de personas ajenas a nuestra realidad, a nuestros valores y a nuestras necesidades y circunstancias. Más aún, se trasladó a un teatro donde las reglas se imponen y las decisiones se toman principalmente a través del dinero y de la influencia de grupos de intereses particulares.
Así fue que terminamos con un complicadísimo problema puertorriqueño, exportado a un lugar foráneo, para resolverse por extranjeros que responden a intereses que no son los nuestros. Y ellos decidieron que lo único que estaban dispuestos a proveer era una enmarañada e incierta ruta hacía una reestructuración a cambió de una junta de control sobre nuestro gobierno.
Ante esa realidad el CNE decidió que no podía apoyar la propuesta congresional del proyecto PROMESA por varias razones pero dos principalmente.
Primero, este proyecto de ley nos impone un costo muy alto por un beneficio muy incierto. Es decir, nos obliga canjear nuestra potestad para regir nuestro propio destino a cambio de posiblemente poder reestructurar en algún momento alguna parte de nuestra deuda.
Segundo, desde el principio de este proceso, CNE ha propuesto que si bien es cierto que Puerto Rico necesita controles fiscales fuertes, es mejor que se impongan localmente y a través de un régimen de leyes fiscales. De nada vale que nos impongan una junta de control que cuando termine su mandato en unos años nos deje con las mismas instituciones gubernamentales y fiscales podridas que tenemos ahora. Puerto Rico para poder prosperar necesita una solución a largo plazo y duradera que permita crecer a nuestra economía. Una junta de control lo que hará es distrofiar aún más nuestras instituciones económicas y fiscales y cuando se disuelva dejará atrás un escenario aún peor que el original.
Si en algo tienen razón los que claman por una junta es que las personas que hemos elegido han sido incapaces de lograr el cambio que Puerto Rico necesita. Pero es incorrecto pensar que un golpe de estado por otros políticos será mejor. Lo que Puerto Rico necesita es una nueva infraestructura cívica, nuevas, mejores y más fuertes instituciones, especialmente instituciones y organizaciones no-gubernamentales que puedan enfrentar a los partidos y al poder político anquilosado y cuya fuerza emane del sector ciudadano.
Entiendo bien que la posición de CNE es de minoría y que la mayoría de los puertorriqueños están a favor de cualquier acuerdo que les de alguna medida de esperanza. La naturaleza humana es así y no es de extrañarse ni es para mí juzgarlo.
Las antiguas escrituras nos recuerdan que hasta el mismo pueblo de Israel, cuando se encontró en el desierto luego de haber sido liberado, le reclamó a Moisés que preferían regresar a la esclavitud en Egipto antes de seguir el sufrimiento y la incertidumbre que experimentaban. Pero la historia nos demostró que regresar al pasado no era su destino. Y tampoco lo es para Puerto Rico.
Esta columna fue publicada en El Nuevo Día el 2 de junio de 2016.