Publicado el 24 de febrero de 2020
Rosanna Torres explica las restricciones punitivas incluidas en el nuevo acuerdo de fondos federales para la reconstrucción.
Escucha esta columna
Dentro de 80 años, ya cuando demos con el año 2100, los libros de historia de Puerto Rico hablarán de las profundas grietas que dejaron aquellos huracanes y terremotos que nos azotaron a principios de siglo. También hablarán de los miles de millones de dólares que se destinaron a nuestra recuperación, que tanto demoraron en llegar – y de los que nunca llegaron – sobre todo por pugnas políticas mediocres, locales y federales, entremezcladas con excesos de burocracia y regulación.
Dicen que más vale pájaro en mano, que cien volando. En Puerto Rico, para tanto dinero que se asignó, llegó lento, demasiado lento. Y ese sufrimiento quedará plasmado en aquellos libros de historia, que de muchas formas insinuarán, que no todo lo que es oro, brilla.
Hoy, en pleno año 2020, ya podemos decir con toda seguridad que la política partidista define nuestro pasado reciente, que sigue definiendo nuestro presente, y que se irá desbordando en nuestro futuro. En esta inmediatez de dimes y diretes, seguimos echando a un lado lo importante: un análisis profundo y constructivo, con políticas públicas bien pensadas, para forjar un mejor Puerto Rico.
Si estamos mal aquí, lamentablemente, tampoco tenemos modelos ejemplares en Washington. En la capital federal también abundan personajes disfrazados de santos, que prometen ayudas a un pueblo desahuciado, pero que en la práctica, hacen todo lo contrario. Así, persiste la opinión de que todo Puerto Rico es corrupto y se siguen imponiendo trabas.
Sí, hay casos de negligencia y corrupción, pero todo en su justo contexto. No debemos olvidar que el dinero siempre atrae al pillo, y que han habido incontables casos de corrupción en otras partes de Estados Unidos (y el mundo entero) que han recibido largas sumas de dinero luego de grandes catástrofes. Tanto así que ha emergido toda una industria que se dedica a guiar y monitorear estos botines de recuperación.
Indudablemente, debe haber controles para prevenir el mal manejo de fondos. Nadie más que los mismos puertorriqueños queremos ver un proceso limpio. Pero cuando se ponen tantas restricciones, no se busca facilitar el proceso. Es un castigo.
Frecuento los pasillos del Congreso y a menudo visito agencias federales. He visto de cerca cómo se toman las decisiones sobre Puerto Rico. Hay quienes reconocen, en privado, que Puerto Rico necesita—y merece—más dinero para su reconstrucción. Pero en público, el mismo Presidente de Estados Unidos, como muchos otros, despotrican en contra de la corrupción en Puerto Rico, y promulgan políticas públicas con un alto grado de cinismo e indiferencia.
Eso quedó demostrado con la marea de regulaciones que impuso unilateralmente el Departamento de Vivienda federal para acceder a los fondos de reconstrucción. Por si fuera poco demorarse casi dos años en iniciar el proceso de desembolso, cuando finalmente lo hicieron, se impusieron condiciones severas y únicas para Puerto Rico. En efecto, el acuerdo que publicó Vivienda federal el 15 de enero está repleto de controles y restricciones que nunca se han impuesto sobre otras jurisdicciones, bajo la premisa de que en Puerto Rico, hay que asegurar el buen manejo de los fondos. Para quienes conocen estos trámites bien, incluso personas muy allegadas a Casa Blanca, estas medidas no son estrictas, son punitivas.
Reitero, no se puede tapar el sol con un dedo. Reconozco que no todo en Puerto Rico fluye correctamente. Sin embargo, el castigo de la burocracia recae siempre sobre los más vulnerables, aquellos que aún intentan ponerse de pie luego de tanta calamidad. Este reclamo lo haría cualquier estado que se viera obligado a cumplir con semejantes requisitos; también dirían que de nada vale recibir tantos miles de millones si se nos va la vida primero en el papeleo.
Además, como son requisitos únicos para Puerto Rico, no tenemos punto de comparación para saber si (1) podemos, realmente, cumplir con todo, y (2) cuánto nos va a costar lograr ese cumplimiento. No les quepa duda de que, para todo esto, desfilarán cientos de consultores, ya que últimamente están tan de moda. Muchos vendrán de afuera a facturar muy bien, y se hará evidente que el cumplimiento sale caro. Muy caro. Y ahí debemos preguntarnos, ¿si tanto del dinero federal se queda en los bolsillos de su propia burocracia, es realmente una ayuda para nosotros, o para otros?
Por eso ojo, no todo lo que es oro, brilla. Lo que hoy parece ser un “mal necesario” para recibir estos fondos, puede ser también la propia trampa. En la mitología griega, al rey Sísifo lo castigaron eternamente con una tarea incumplible: empujar cuesta arriba por una montaña una piedra que, antes de llegar a la cima, volvía a rodar hacia abajo. ¿Acaso necesitamos semejante absurdo para reconstruir a Puerto Rico?
Esta columna se publicó originalmente en El Nuevo Día el 22 de febrero de 2020.