Publicado el 8 de marzo de 2020 / Read in English
Sergio M. Marxuach explica por qué se debe fortalecer el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y garantizar su independencia en esta coyuntura crítica para la AEE y la red eléctrica de Puerto Rico.
Como es de conocimiento general, la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) es una organización que tradicionalmente ha operado con poca transparencia y escasa rendición de cuentas; por años ha incumplido voluntaria y temerariamente con las leyes y reglamentos ambientales tanto de Puerto Rico como federales; y ha constituido un peso muerto sobre la economía del país con sus altas y arbitrarias tarifas y poco confiable servicio. Además, ha sido—y continúa siendo—un foco de corrupción política y gubernamental. De hecho, es tal vez la segunda agencia más corrupta del gobierno de Puerto Rico, después del Departamento de Educación.
Para atender estos problemas abogamos en el 2014 a favor de la creación de una comisión reguladora exclusivamente para el sector eléctrico que ejercería las siguientes funciones, entre otras: regular el mercado de electricidad en Puerto Rico; asegurar que las tarifas sean justas y razonables; velar por la calidad y confiabilidad del servicio; incentivar la planificación a largo plazo a través de un plan integrado de recursos; promover la integración de tecnologías nuevas al menor costo posible para satisfacer la demanda de electricidad a largo plazo; aprobar la inversión de capital a largo plazo; fomentar la integración de productores de energía renovable; promover la implantación de medidas de eficiencia energética y de reducción de demanda, que usualmente son las soluciones de menor costo para reducir las tarifas; proveer un foro efectivo con un abogado del consumidor para atender los reclamos de los clientes; y reducir la “huella” ambiental de la AEE y sus emisiones de gases invernadero.
Esa Comisión fue creada por la ley 57 de 2014. En su corta existencia la Comisión de Energía de Puerto Rico, trabajando con poco presupuesto y recursos humanos limitados, obtuvo importantes victorias en contra de la AEE. Por ejemplo, logró que la AEE preparara y adoptara su primer plan integrado de recursos para planificar a largo plazo y también logró reducir significativamente un aumento en la tarifa que apoyaban los bonistas como condición para reestructurar su deuda con la AEE.
A pesar, o tal vez por razón de su buen desempeño, la existencia de la Comisión se vio amenazada recientemente. El entonces gobernador, Ricky Rosselló, probablemente por razones político-partidistas retrasó el nombramiento de candidatos para los puestos de comisionado y presidente de la misma. La estrategia parecía ser dejar morir la Comisión poco a poco. Eventualmente se aprobó legislación para degradar el rango de la Comisión, pasando a ser ahora un “negociado”, pero gracias al trabajo del senador Larry Seilhamer, el nuevo Negociado de Energía de Puerto Rico (“NEPR”) retuvo la mayoría de los poderes de la antigua Comisión y su independencia.
La existencia de un regulador independiente del sector eléctrico en Puerto Rico es más importante que nunca en momentos que se discute el futuro a largo plazo tanto de la AEE como del sistema eléctrico de Puerto Rico. El NEPR tiene ante su consideración en estos momentos el nuevo Plan Integrado de Recursos (“PIR”) de la AEE. El PIR es un plan a largo plazo, usualmente veinte años, que esboza los elementos—inversión de capital, tecnología de generación, recursos humanos, entre otros—necesarios para implementar la política pública energética de una jurisdicción.
La controversia principal respecto al PIR radica en determinar cuánta capacidad de generación con fuentes renovables vamos a conectar a la red y cuánta electricidad vamos a seguir produciendo con combustibles fósiles. Los intereses extranjeros y domésticos que apoyan el gas natural son poderosos y están bien conectados y financiados. Si no fuera por el Negociado, la AEE de seguro ya habría otorgado contratos por cientos de millones de dólares para construir gigantescas plantas nuevas de generación con gas natural, atándonos por décadas a una tecnología que esta en vías de eliminarse a través de todo el mundo.
El NEPR también tendrá que pasar juicio próximamente sobre el impuesto al sol propuesto por la Junta de Control Fiscal para repagar a los bonistas de la AEE. Este “Cargo de Transición” incrementará estructuralmente el costo futuro de la electricidad en Puerto Rico, ya que aumenta por 64% durante la vigencia de los bonos reestructurados. De acuerdo con un análisis llevado a cabo por el Dr. Ramón Cao, este cargo afectaría negativamente el crecimiento económico, reduciría el empleo y aumentaría la inflación. Le toca al NEPR detener este nuevo impuesto y minimizar cualquier otro aumento en la factura propuesto por la Junta de Control.
Además, el gobierno de Puerto Rico esta negociando actualmente con una compañía privada para administrar y operar la red eléctrica de la isla, y eventualmente se propone hacer lo mismo con los activos de generación. Independientemente de la opción que usted favorezca para la AEE: (1) mantenerla como una corporación pública; (2) reestructurarla como una empresa de capital mixto, con participación del gobierno y del sector privado; (3) mantenerla solamente como la operadora de la red de transmisión y distribución y liberalizar la generación de energía; o (4) privatizarla en su totalidad, va a ser necesario que el NEPR vele por los intereses de los consumidores, le imponga disciplina tanto a la AEE como a cualquier operador privado, regule el mercado eléctrico y ataje la cacería de rentas y la conducta depredadora de los grupos de interés internos y externos a la corporación que se pudieran beneficiar injustamente de los cambios a la estructura del mercado actual.
En un país donde nos quejamos de que nada funciona, tanto la Comisión como el Negociado de Energía han funcionado bien. Por tanto, el Negociado debe ser fortalecido para que continúe operando como un ente independiente que regule el mercado de electricidad de una manera objetiva y libre de intereses creados, ya sean financieros o políticos. Si verdaderamente queremos transformar nuestro sistema de energía a uno moderno, que integre fuentes de energía renovable, que sea resistente, costo efectivo y sustentable, es imprescindible que el Negociado de Energía de Puerto Rico funcione a toda capacidad.
Esta columna se publicó originalmente el 8 de marzo de 2020 en El Nuevo Día.