Prioridades

Publicado el 22 de marzo de 2020 / Read in English

Centro para una Nueva Economía

Desde el huracán María, es común escuchar que los estragos causados por huracanes, terremotos y ahora una pandemia son producto de una “fuerza mayor”. Pero esa descripción es simplista. Por eso proponemos que las personas a cargo de la política pública en Puerto Rico adopten el concepto de “vivir bajo riesgo”. Un elemento clave de esta postura es que los riesgos y el impacto de los desastres naturales se analicen a través del lente de la vulnerabilidad. Dicho de otra manera, los eventos naturales presentan riesgos para toda la población, pero es nuestro nivel de vulnerabilidad el que nos hace más o menos propensos a sufrir daños durante un desastre.

El concepto de vulnerabilidad requiere un análisis de temas complicados que están fuera del alcance de esta columna, pero basta con decir que cuán vulnerable somos depende de nuestro estatus económico, político y social. Simplemente, no todos tenemos la misma capacidad para mitigar distintos tipos de riesgos y daños. Por tanto, al momento de diseñar políticas públicas para atender las consecuencias de desastres naturales es necesario tomar en cuenta que todos estamos expuestos a diversas amenazas, pero no todos somos vulnerables de la misma manera. Este es un precepto básico de vivir bajo riesgo.

Utilizando este marco conceptual como punto de partida, resulta obvio que nuestros esfuerzos se deben enfocar en atajar la pandemia que nos afecta. Desafortunadamente, la respuesta de las autoridades ha sido deficiente. El gobierno de Puerto Rico no permite que se realice la cantidad de pruebas necesarias para saber cuán extendido está el nuevo coronavirus en el país. Expertos, como el profesor Daniel Colón Ramos, nos confirman que Puerto Rico tiene la capacidad en términos de personal, equipo científico y laboratorios para llevar a cabo estas pruebas.

Sin suficientes pruebas es imposible correr los modelos epidemiológicos que nos ayudarían a proyectar el desarrollo de la epidemia en Puerto Rico, lo cual a su vez es la base para tomar decisiones sobre dónde ubicar recursos y la extensión de la cuarentena. El gobierno está tratando de hacer lo correcto al ordenar el aislamiento preventivo de la población, pero al hacerlo sin suficientes pruebas, está —parafraseando a un directivo de la Organización Mundial de la Salud— tratando de apagar un fuego con los ojos vendados.

Las pruebas deben estar disponibles para todos los que la necesiten y los datos accesibles a todos. No es suficiente decir que estarán disponibles, ya que no todos los grupos sociales tienen el mismo acceso al sistema de salud ni los recursos para pagar las pruebas y mucho menos el tratamiento necesario. He aquí un ejemplo concreto de vivir bajo riesgo: todos somos vulnerables al COVID-19, pero no todos somos vulnerables de la misma manera.

Habiendo dicho eso, no podemos obviar ni subestimar el impacto económico de la pandemia. En la economía real estamos viendo shocks simultáneos por el lado de la oferta y la demanda. Aunque todavía no sabemos con certeza la duración y severidad de la pandemia, el efecto económico va a ser fuerte. De acuerdo con un estimado de Goldman Sachs, el crecimiento económico en Estados Unidos se podría reducir a 0% en el primer trimestre y contraerse a una tasa anualizada de 5% durante el segundo. De concretarse esa proyección, estaríamos observando un aumento enorme en el desempleo y la pobreza.

Por otro lado, los mercados financieros están experimentando una fuerte y extraña turbulencia. La Reserva Federal ha recortado las tasas de interés a corto plazo básicamente a cero y ha intervenido decisivamente para proveer liquidez a corto plazo. Parece haber una demanda excesiva por liquidez a corto plazo que puede ser función de la incertidumbre actual, pero también pudiera ser una indicación de un desbalance más complejo en la plomería del sistema financiero.

Estas acciones son necesarias, pero insuficientes. El Congreso ya ha aprobado dos leyes para atender los impactos de salud pública y económicos de la crisis. La primera asigna un poco más de $8,000 millones para financiar la compra de “testing kits” y otras medidas de prevención y preparación. La segunda incluye asignaciones para la Administración de Pequeños Negocios, aumenta los pagos por seguro de desempleo, provee para una licencia por enfermedad para ciertos empleados, y aumenta la porción de los gastos de Medicaid que paga el gobierno federal, entre otras cosas.

Todas estas medidas son bienvenidas. Pero recordemos el principio de vivir bajo riesgo: todos somos vulnerables a una recesión económica, pero no todos somos vulnerables de la misma manera. ¿Qué hacemos con aquellos empleados a quienes se les ordena tomarse una licencia sin sueldo mientras dure la cuarentena? Estos no cualifican para pagos por desempleo ni para una licencia por enfermedad. ¿Qué pasa con los pequeños negocios que por alguna razón no cualifican para préstamos de la SBA? ¿Y cómo protegemos a las personas que no tienen seguro médico ni cualifican para Medicaid? ¿Cómo mitigamos los daños a las entidades sin fines de lucro?

El Congreso está trabajando en un tercer proyecto de ley para atender algunos de estos asuntos. Pero también hay medidas que el gobierno de Puerto Rico y el sector privado pueden implementar para aminorar el impacto económico y social de la pandemia. El gobierno tiene autoridad para ordenar o legislar una moratoria en las ejecuciones de hipotecas y en las desconexiones de los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones; para detener todos los desahucios; para congelar las rentas de alquiler a través de toda la isla y los precios de bienes y servicios esenciales, así como para suspender el cobro del IVU sobre los mismos; y para eliminar el impuesto sobre el inventario. Para ser justos, ya el gobierno y algunas entidades privadas han comenzado algunos de estos esfuerzos, pero todavía falta mucho para proteger a los más vulnerables.

Historiadores, sociólogos y otros académicos han documentado ampliamente que la respuesta de una sociedad a una amenaza como una pandemia, por ejemplo, es una función de las relaciones de poder en esa sociedad, relaciones que usualmente no son evidentes hasta el momento del evento natural. Es por esto que, a la hora de determinar prioridades, es importante entender que no podemos eliminar el riesgo, pero en un país pobre y severamente desigual, no todos experimentamos la vulnerabilidad de la misma manera.

Esta columna se publicó originalmente el 22 de marzo de 2020 en El Nuevo Día.