Además de atender la emergencia de salud pública producto de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Puerto Rico tiene una cargada agenda de asuntos pendientes. Entre estos podemos mencionar la reestructuración de la deuda del gobierno central; poner en marcha la reconstrucción de la infraestructura afectada por los huracanes de 2017 y los terremotos de este año; y la modernización de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”), entre otros asuntos.
Antes del brote del virus SARS-CoV-2 a nivel global, el gobierno había llegado a un acuerdo con un grupo de bonistas del gobierno central y la Junta de Control Fiscal (“JCF”) había presentado un Plan de Ajuste de acuerdo con los requisitos del Titulo III de PROMESA. Recientemente, el gobierno de Puerto Rico ha reconocido, correctamente en nuestra opinión, que ese Plan de Ajuste tendrá que ser modificado ya que no es factible dada las circunstancias económicas actuales.
De acuerdo con el escenario base presentado en la más reciente iteración del Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, se proyecta que la economía de Puerto Rico se contraiga por 3.6% y 7.8% durante los años fiscales 2020 y 2021, respectivamente. A estos dos años de contracción los seguiría un modesto repunte de 1.5% en el 2022; otra contracción de 0.3% en el 2023; y un leve repunte de 0.8% y 0.7% durante los años 2024 y 2025, respectivamente. Y eso es tomando en consideración el impacto positivo del influjo de fondos federales para atender la pandemia y la reconstrucción.
El impacto de la pandemia sobre la economía afectará negativamente los recaudos del gobierno, lo que a su vez reducirá el superávit primario disponible para el servicio de la deuda. Y esto significa que se tendrán que renegociar los términos y condiciones de la reestructuración de la deuda. En teoría, la JCF pudiera exigirle al gobierno de Puerto Rico que recortara los gastos para aumentar el “sobrante”, pero eso sería el equivalente de exigirle que cometa suicidio económico dada la situación actual y previsible de la economía, ya que el impacto sería una reducción adicional en la demanda agregada y un aumento en el desempleo.
Como escribiera recientemente Martin Guzmán, Ministro de Economía de Argentina, en el Financial Times: “forzar más austeridad para pagar más no solo sería económicamente desastroso sino también política y moralmente inaceptable — y en ultima instancia insostenible.” Mas allá de las diferencias ideológicas, también hay que cuestionar la validez de este ejercicio de planificación financiera a cinco años en estos momentos cuando “no tenemos ni idea de lo puede suceder”, en palabras de Ben van Beurden, CEO de Royal Dutch Shell.
Por el lado de la reconstrucción el progreso que se había logrado se ha detenido debido a la pandemia, lo cual no debe sorprendernos. Lo que sí debe causar preocupación es que el acceso a los fondos CDBG-DR sigue esencialmente detenido. De los $20,200 millones legislados por el Congreso y asignados por HUD a Puerto Rico, se ha podido finalizar el tramite burocrático para desembolsar $9,700 millones. De esa cantidad HUD ha hecho disponibles $1,500 millones, que se han utilizado mayormente para el programa de vivienda R3 (Reparación, Reconstrucción y Reubicación), que comenzó en agosto de 2019. De los otros $8,200 millones que están disponibles en teoría, HUD solo ha desembolsado $1,700 millones al Departamento de Vivienda de Puerto Rico (“DV”).
Respecto al resto de los fondos, el DV esta redactando un Plan de Acción para utilizar otros $8,200 millones para obras de mitigación de acuerdo con las pautas publicadas por HUD en enero de este año. El DV prevé tener listo un borrador de ese Plan de Acción para septiembre. Después habría que presentarlo al público para comentarios, someterlo a HUD, y firmar un acuerdo de subvención para obtener acceso a esos fondos. Finalmente, HUD no ha tomado acción alguna con respecto a los $1,900 millones asignados para la modernización de la red eléctrica de Puerto Rico.
Y por el lado de la AEE hay muchas cosas sucediendo. El Plan Integrado de Recursos (“PIR”) de esa corporación publica todavía está bajo revisión por el Negociado de Energía de Puerto Rico (“NEPR”); además, la AEE intenta modernizar y reconfigurar la red eléctrica de Puerto Rico; la Junta de Control Fiscal ha certificado un Plan Fiscal para la AEE; los términos de la deuda de la AEE con sus bonistas se están renegociando bajo el Titulo III de PROMESA; y el gobierno de Puerto Rico ha iniciado negociaciones para transferir la operación del sistema de transmisión y distribución de electricidad a una entidad privada.
Hasta donde sabemos, el NEPR debe emitir una orden sobre el PIR el próximamente; la modernización de la red se encuentra detenida por falta de fondos; la JCF no ha determinado si el Plan Fiscal de la AEE tendrá que ser revisado dados los acontecimientos recientes; la reestructuración de la deuda se ha pospuesto hasta más tarde en el verano; y el gobierno de Puerto Rico sigue negociando a puerta cerrada con una compañía para administrar y operar la red de transmisión y distribución.
Nos preocupa que en el mejor de los casos trabajar esa agenda cargada requeriría un alto nivel de capacidad estatal para el análisis, planificación y ejecución. Desafortunadamente no estamos en el mejor de los tiempos y la capacidad estatal se ha visto erosionada, desde hace un tiempo ya, por la política partidista, la corrupción y las políticas de austeridad. Le corresponde a la sociedad civil exigirle apertura y transparencia al gobierno para evitar la corrupción, el fraude y el favoritismo político en estos procesos tan importantes para el pueblo de Puerto Rico.
Esta columna se publicó originalmente el 10 de mayo de 2020 en El Nuevo Día.