Publicado el 14 de mayo de 2020 / Read in English

Editado por
Sergio M. Marxuach

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1) Ayuda para Puerto Rico en el proyecto de ley HEROES

Análisis por Rosanna Torres, directora de la oficina de CNE en Washington, D.C.

Desde que se promulgó la ley CARES, se comenzó a trabajar en un segundo paquete grande de estímulo para compensar aún más el impacto económico de la pandemia COVID-19. La presidenta de la Cámara Nancy Pelosi presentó recientemente un paquete de $3 billones (trillions) que sirve como marcador Demócrata para las negociaciones con los Republicanos. Según el líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer, la Cámara espera llevar el proyecto a votación tan pronto como el viernes. Mientras tanto, no se espera que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, presente las prioridades de su caucus hasta el próximo mes.

Tal como está redactado, el proyecto de ley de la Cámara incluye una cantidad sustancial de ayuda para Puerto Rico. A continuación, se presentan algunas de las políticas públicas relevantes para la isla:

• Expansión del EITC: Puerto Rico no participa en el programa federal de Crédito por trabajo (EITC, por sus siglas en inglés). En lugar de esa importante herramienta de política pública, en 2018, Puerto Rico promulgó su propio crédito fiscal a nivel local. Por sí solo, el EITC de Puerto Rico es pequeño en relación con lo que los hogares de trabajadores con bajos ingresos reciben en las jurisdicciones que son elegibles para el EITC federal. El proyecto de ley HEROES incluye una disposición que amplifica el crédito fiscal de Puerto Rico, en una proporción de tres a uno, al ofrecer $612 millones adicionales anuales, sujeto a ajustes por aumentos en el costo de vida. Esta expansión incluye la propuesta del CNE para fortalecer el programa EITC de Puerto Rico.
• Fondo de ayuda fiscal por el coronavirus: de los $ 540 mil millones asignados para ayuda fiscal, $20 mil millones se reservan para Puerto Rico y los demás territorios de EE.UU. De esa cantidad, $10 mil millones se dividirán en partes iguales entre los cinco territorios y los otros $10 mil millones se asignarán en proporción al tamaño de la población de los territorios.
• Fondo de asistencia para dueños de viviendas: el fondo de asistencia para propietarios de viviendas incluye $75 mil millones para brindar asistencia directa para los costos relacionados con la vivienda. Puerto Rico es considerado como un estado, mientras que los otros cuatro territorios tienen una reserva de $200 millones. El monto asignado para cada estado “pequeño” no será inferior a $250 millones.

Seguiremos leyendo y analizando el proyecto de ley de 1,800 páginas y ofreceremos actualizaciones adicionales en el futuro.

2) Los pagos de alquiler incompletos aumentan un 93% durante la pandemia

Con una gran parte de la economía cerrada y millones de trabajadores en licencia o desempleados, el número total de pagos de alquiler incompletos aumentó un 93% entre marzo y mayo, según Housing Wire, una publicación especializada. La tendencia a nivel nacional es que “aproximadamente el 22% de los propietarios dijeron que no recibieron el alquiler completo en marzo, mientras que el 33% no recibió el alquiler completo en abril y el 42% no recibió el alquiler completo en mayo”.

Esta tendencia resalta la necesidad de un programa del gobierno federal para ayudar a los inquilinos de bajos y medianos ingresos, que hasta ahora no han recibido asistencia, a pesar de ser uno de los grupos más afectados por la pandemia. Un proyecto de ley recientemente presentado por los Demócratas de la Cámara de Representantes brindaría $100 mil millones en asistencia para inquilinos de bajos ingresos, pero la aprobación de ese proyecto de ley de ninguna manera está garantizada y, en cualquier caso, probablemente no ocurrirá hasta mediados de junio.

3) Informe de Brookings encuentra que el Seguro por Desempleo cubrió la mitad de los salarios perdidos en abril

A finales de marzo, el Congreso realizó varios cambios en el programa de Seguro por Desempleo (UI, por sus siglas en inglés):

• Amplió la elegibilidad para incluir trabajadores que no estaban cubiertos anteriormente (Asistencia de desempleo pandémico o PUA, por sus siglas en inglés);
• Aumentó beneficios de UI por $600 por semana (Compensación por desempleo pandémico o PUC, por sus siglas en inglés); y
• Extendió la duración máxima de los beneficios por un periodo de 13 semanas.

Tres académicos afiliados a Brookings Institution, Ryan Nunn, Jana Parsons y Jay Shambaugh, han publicado un análisis de la efectividad de estos cambios hasta el momento.

Encontraron que, para el mes de marzo, el aumento en los pagos de UI compensó menos del 15 por ciento de la reducción en el ingreso personal de sueldos y salarios durante el mismo periodo. Mientras que, para el mes de abril, los beneficios de UI compensaron aproximadamente la mitad de la pérdida de sueldos y salarios. Entonces, el programa, si bien es beneficioso, todavía se queda corto de manera significativa. Además, muchos estados no han podido procesar el aumento de solicitudes, lo que ha dejado a muchas personas desempleadas y familias sin acceso a beneficios clave.

Nunn, Parsons y Shambaugh encuentran que “para los trabajadores, las familias y la economía en general, el seguro por desempleo ha sido un componente crítico de la respuesta de política económica a la crisis. Sin embargo, el sistema de UI ha podido hacer esto en gran parte debido a las expansiones legisladas que expirarán en los próximos meses”. Por lo tanto, recomiendan que se ajusten los plazos del programa para que el aumento de los beneficios finalice cuando la economía se recupere en lugar de acuerdo con una fecha arbitraria establecida por el Congreso.

4) Los Republicanos del Senado comienzan a trabajar en su propia lista de deseos

Los Republicanos del Senado están trabajando silenciosamente en su propio paquete de propuestas de política pública para un nuevo proyecto de ley de alivio para el daño económico causado por el coronavirus. Según The Hill, la propuesta Republicana del Senado probablemente incluirá protección de responsabilidad para los patronos contra demandas de empleados relacionadas con infecciones por COVID-19 en el lugar de trabajo; una revisión de los beneficios del seguro de desempleo que se aumentaron recientemente, que según ellos son un desincentivo para que los trabajadores regresen a sus trabajos; y quizás algo de ayuda para los estados que enfrentan dificultades fiscales pero con condiciones. Aparentemente, la propuesta de la Casa Blanca para reducir los impuestos sobre la nómina (payroll taxes) no ha sido bien recibida en el Senado.

En resumen, esta es una movida táctica de la mayoría del Senado en respuesta al proyecto de ley de $3 billones (trillion) presentado por los Demócratas de la Cámara el martes. Les recordamos a nuestros lectores que es muy poco probable que se apruebe y se convierta en ley, pero el texto Republicano, cuando se publique, destacará los programas que están dispuestos a negociar con los Demócratas. Los mantendremos informados a medida que avancen las negociaciones en Washington, D.C.

5) Encuesta del Washington Post: el 50% de los estadounidenses creen que no será seguro asistir a grandes reuniones hasta finales de 2020 o 2021

Una nueva encuesta del Washington Post\Universidad de Maryland encontró que la mitad de los estadounidenses “piensan que no será seguro llevar a cabo reuniones de 10 o más hasta mediados del verano, incluyendo casi una cuarta parte que dice que no será seguro hasta 2021 o más adelante”, mientras que “solo aproximadamente 1 de cada 5 dicen que creen que las reuniones son seguras ahora o que lo serán a fines de este mes”.

Además, “a pesar de la visibilidad de las protestas agitadas por los cierres de coronavirus, la mayoría de los estadounidenses siguen siendo cautelosos sobre la reapertura de su economía estatal. Una mayoría del 58 por ciento dice que las restricciones actuales en restaurantes, tiendas y otros negocios en su estado son apropiadas, el 20 por ciento dice que no son lo suficientemente restrictivas y el 21 por ciento dice que son demasiado restrictivas”.

Estos resultados son consistentes con otras encuestas realizadas por otras instituciones, las cuales encontraron mayorías claras en apoyo del distanciamiento social, usar mascarillas protectoras, evitar grandes multitudes y levantar lentamente las restricciones en bares, restaurantes y otras empresas. Estas encuestas muestran que las personas están conscientes y entienden los riesgos. No importa lo que los estados legislen, las personas simplemente no irán a bares, barberos o juegos de béisbol si no se sienten seguras.

Cita del día

“To doubt everything or to believe everything are two equally convenient solutions: both dispense with the necessity of reflection.”

—Henri Poincaré

Nota del editor

En estos días se ha vuelto común escuchar historias sobre lo aparentemente difícil que es alentar a los trabajadores a regresar a sus trabajos dado el reciente aumento temporero en los beneficios del Seguro por Desempleo. Estas anécdotas suenan factibles, quizás incluso convincentes. El único problema es que son falsas.

Un artículo reciente publicado por Annelies Goger, Tracy Haddon Loh y Nicole Bateman, afiliadas a Brookings Institution, pone fin a varios mitos sobre lo que llaman “seguro de desempleo con esteroides”. Primero, los trabajadores no pueden simplemente renunciar a sus trabajos y reclamar UI, sino que deben estar desempleados involuntariamente. En segundo lugar, los trabajadores que continúan cobrando beneficios de UI después de que su patrono les haya pedido que regresen a trabajar pueden ser procesados por fraude. Tercero, los trabajadores generalmente pierden su cobertura de seguro de salud cuando están desempleados, un desincentivo definitivo para permanecer “voluntariamente” desempleados durante una pandemia. Finalmente, el aumento de los beneficios es temporal: el dinero adicional está programado para agotarse en junio.

Además, como señalan los autores, el reemplazo total, o casi total, del salario es un objetivo válido de política pública en una pandemia, cuando la prioridad es salvar vidas al imponer restricciones de refugio en el lugar y toques de queda. Desde una perspectiva macroeconómica, debemos recordar que los beneficiarios de UI usan ese dinero extra para comprar víveres y alimentos, hacer pagos de alquiler e hipotecas, adquirir bienes de consumo y hacer pagos de atención médica, entre otras compras de bienes y servicios. Este gasto compensa parcialmente el impacto económico negativo del toque de queda y disminuye la necesidad de un mayor gasto gubernamental a corto plazo. Por lo tanto, aquellos que se oponen al aumento de los pagos de UI están siendo insensatos.

A medida que la economía se reabre, la mayoría de los trabajadores volverán a sus viejos trabajos, si aún existen. Sin embargo, el verdadero problema será (1) proteger a los trabajadores que no pueden regresar a un lugar de trabajo seguro y (2) crear nuevos empleos para aquellos trabajadores cuyos patronos cerraron de manera permanente. Ahí es donde deberíamos centrar nuestra atención, no en historias anecdóticas de trabajadores desempleados que viven con “salarios de champaña”.

Hasta aquí el compendio de hoy.
¡Manténganse seguros y bien informados!