Impacto del programa de Seguro de Ingreso Suplementario en Puerto Rico

Impacto del programa de Seguro de Ingreso Suplementario en Puerto Rico

Publicado el 25 de junio de 2020 / Read in English

Rosanna close-up
Directora - Oficina Washington, D.C.
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El Seguro de Ingreso Suplementario es un programa creado por el Congreso en 1972 para reemplazar el programa de Asistencia Monetaria para Personas de Edad Avanzada, con Ceguera o Discapacidades (AABD, por sus siglas en ingl茅s). El SSI es un programa federal que brinda asistencia monetaria a las personas mayores, ciegas y discapacitadas con recursos limitados para cubrir sus gastos b谩sicos de vida. Est谩 disponible para los residentes de los estados de EE.UU., el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte. Sin embargo, en Puerto Rico, Guam y las Islas V铆rgenes de los Estados Unidos (USVI, por sus siglas en ingl茅s), contin煤a operando el antiguo programa AABD y no el SSI.

En Puerto Rico, ADSEF, una sub-agencia del Departamento de la Familia administra el programa AABD, que ofrece muchos menos beneficios a sus beneficiarios que el programa SSI. Seg煤n los datos del a帽o fiscal 2011, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental indic贸 que si Puerto Rico participara en el programa SSI, los beneficiarios ser铆an elegibles para recibir entre $ 1.5 mil millones y $ 1.8 mil millones cada a帽o. Esto, contrasta con los gastos federales reales del programa AABD de Puerto Rico en el a帽o fiscal 2017 que fueron de $23.7 millones para pagos de beneficios y $1.3 millones para gastos administrativos.

La elegibilidad para el programa SSI est谩 condicionada por tres factores: discapacidad, umbral de ingresos y lugar de residencia. Para ser categ贸ricamente elegible para los beneficios de AABD o SSI, los solicitantes deben ser mayores de 65 a帽os, ciegos o discapacitados, seg煤n se define en la Ley del Seguro Social. Para ser elegible en t茅rminos econ贸micos para SSI, los ingresos y recursos de los solicitantes no pueden exceder ciertos umbrales. Finalmente, los residentes de Puerto Rico, Guam y las Islas V铆rgenes de Estados Unidos, que de otro modo cualificar铆an para los beneficios de SSI, no fueron incluidos en el programa por el Congreso en 1972. La SSA ha determinado que esto significa que los ciudadanos estadounidenses que residen en dichos territorios por m谩s de 30 d铆as consecutivos, que de otro modo ser铆an elegibles, no son elegibles para los beneficios de SSI.

Disputa legal relacionada al programa SSI de Puerto Rico

El 4 de febrero de 2019, el juez Gustavo Gelp铆 emiti贸 un fallo sobre United States v. Vaello-Madero, una disputa legal sobre la aplicaci贸n del SSI a los residentes de Puerto Rico. Durante 28 a帽os, el se帽or Jos茅 Luis Vaello Madero fue residente de Nueva York y recibi贸 beneficios mensuales por discapacidad de SSI. Se mud贸 a Puerto Rico en 2013 y durante 3 a帽os continu贸 recibiendo pagos de SSI en su cuenta bancaria en Nueva York. En 2017, la Administraci贸n del Seguro Social inici贸 un proceso de cobro de los beneficios pagados a Vaello Madero despu茅s de su traslado al territorio de EE.UU., donde los residentes no cualifican para el SSI.

Vaello Madero argument贸 que la exclusi贸n de Puerto Rico del programa de beneficios de SSI violaba las garant铆as de igualdad de protecci贸n de la Quinta Enmienda de la Constituci贸n. Estados Unidos afirm贸 que la denegaci贸n de pagos por discapacidad de SSI a Puerto Rico no viola la Quinta Enmienda. En su fallo, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos otorg贸 la moci贸n de Vaello Madero para una sentencia sumaria, esencialmente de acuerdo con el demandante. El juez Gelp铆 expres贸 su opini贸n de que el estatuto de SSI discriminaba en base a una clasificaci贸n sospechosa porque la inmensa mayor铆a de los ciudadanos de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico son de origen hispano. Luego concluy贸 que: “Permitir que a un ciudadano de los Estados Unidos en Puerto Rico que es pobre y discapacitado se le nieguen los pagos por discapacidad de SSI crea una ciudadan铆a de segunda categor铆a inadmisible, similar a la que se basa en raza y equivale a que el Congreso ignore la Constituci贸n“.

El 10 de abril de 2020, el juez Juan Torruella, el juez O. Rogeriee Thompson y el juez presidente Jeffrey Howard del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en Boston emitieron un fallo afirmando la decisi贸n del tribunal inferior pero por diferentes motivos, que se explican a continuaci贸n. El panel de tres jueces se neg贸 a anular el precedente existente que permite al Congreso discriminar contra los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico, en conformidad con sus poderes plenarios bajo la Constituci贸n de los Estados Unidos, siempre que haya una “base racional” para las acciones del Congreso (como lo hizo el juez Gelp铆).

En cambio, el Primer Circuito aplic贸 el nivel m谩s bajo de escrutinio constitucional, la llamada prueba de base racional, que establece que una clasificaci贸n legislativa es permisible si dicha clasificaci贸n est谩 “racionalmente relacionada” con un “inter茅s estatal leg铆timo”. El Tribunal defini贸 la clasificaci贸n sujeta a impugnaci贸n como “individuos que cumplen con todos los criterios de elegibilidad para SSI, excepto su residencia en Puerto Rico”. Dado que esa clasificaci贸n es “claramente irrelevante para el prop贸sito declarado del programa, que es proporcionar asistencia en efectivo a los ancianos, discapacitados o ciegos con necesidades econ贸micas del pa铆s”, el Tribunal tuvo que preguntar si esta clasificaci贸n fomenta racionalmente alg煤n inter茅s gubernamental leg铆timo adem谩s de los declarados en la historia legislativa del programa SSI.

Espec铆ficamente, el panel analiz贸 el reclamo de Igualdad de Protecci贸n de Vaello-Madero aplicando los tres factores que la Corte Suprema de los Estados Unidos hab铆a encontrado anteriormente que eran suficientes para formar una “base racional” en el caso de Califano v. Torres, otro caso relacionado a la aplicaci贸n de beneficios federales a residentes de Puerto Rico. Esos tres factores son: (1) los puertorrique帽os no contribuyen al tesoro federal; (2) el costo de tratar a Puerto Rico como un estado bajo el estatuto ser铆a alto; y (3) mayores beneficios podr铆an afectar la econom铆a puertorrique帽a. El Tribunal determin贸 que dichos factores eran irracionales y arbitrarios y, por lo tanto, no cumpl铆an con el umbral constitucional requerido para mantener la aplicaci贸n diferencial del programa SSI en Puerto Rico. Tambi茅n vale la pena se帽alar que, en 2018, Puerto Rico contribuy贸 con m谩s de $3.3 mil millones al Tesoro federal.

Por lo tanto, en su conclusi贸n, el tribunal de apelaciones afirm贸:

鈥淟a exclusi贸n categ贸rica del SSI de los residentes de Puerto Rico elegibles no est谩 relacionada racionalmente con un inter茅s leg铆timo del gobierno. Adem谩s del historial establecido por las partes, hemos considerado incluso razones te贸ricas concebibles para el trato diferencial concedido por el gobierno. Al no haber encontrado ning煤n conjunto de hechos, ni el demandante alegado ninguna teor铆a adicional, estableciendo una base racional para la exclusi贸n de los residentes de Puerto Rico de la cobertura de SSI, dicha exclusi贸n de los residentes de Puerto Rico se declara inv谩lida. Por las razones anteriores, afirmamos la decisi贸n del tribunal de distrito de conceder la moci贸n del demandando para una sentencia sumaria y la denegaci贸n de la contra propuesta de los Estados Unidos para una sentencia sumaria”.

El Primer Circuito en esencia sostuvo que la “Quinta Enmienda no permite el trato arbitrario de individuos (ciudadanos estadounidenses o residentes legales) que de otro modo cualificar铆an para el SSI sino fuera porque son residentes de Puerto Rico”. Es importante se帽alar en este contexto que la Corte cit贸 con aprobaci贸n la acotaci贸n 4 del caso Carolene Products, que establece en la parte relevante que “el prejuicio contra las minor铆as discretas e insulares puede ser una condici贸n especial, que tiende a restringir seriamente el funcionamiento de los procesos pol铆ticos en los que se suele confiar para proteger a las minor铆as, y que pueden requerir una investigaci贸n judicial correspondientemente m谩s exhaustiva鈥. La Corte est谩 insinuando aqu铆 la subordinaci贸n pol铆tica de Puerto Rico, que esencialmente hace que todos sus residentes sean minor铆as discretas e insulares, que carecen de acceso al proceso pol铆tico regular y, por lo tanto, pueden requerir una mayor protecci贸n de las cortes para salvaguardar y ejercer sus derechos.

La decisi贸n adelanta r谩pidamente la discusi贸n sobre la aplicabilidad de tales cambios de pol铆tica p煤blica: qui茅n es elegible, cu谩l es el impacto econ贸mico y qu茅 cambios administrativos se llevar谩n a cabo antes de que los beneficiarios elegibles puedan comenzar a recibir los beneficios.

驴Qui茅n es elegible y cu谩l es el impacto econ贸mico?

Con base en los est谩ndares de elegibilidad del programa, y utilizando datos de la ACS de 2018, recopilamos el siguiente estimado de posibles individuos que cualifican para el programa: 435,886 para un total estimado de $2.58 mil millones.

Haga clic en las tablas a continuaci贸n para ampliar las im谩genes.

Perspectiva del futuro

La decisi贸n de la corte de apelaciones inicia el conteo sobre la posibilidad de una apelaci贸n del gobierno federal a trav茅s de una petici贸n writ of certiorari de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. no ha indicado p煤blicamente si tiene la intenci贸n de hacerlo. En resumen, esta decisi贸n a煤n no es final y deja muchas preguntas sin contestar. Si la decisi贸n final establece que los ciudadanos estadounidenses o los residentes permanentes que viven en Puerto Rico son elegibles para recibir SSI, deber谩n hacerse cambios administrativos antes de que se transfiera el dinero a los residentes de la isla. La decisi贸n de la corte de apelaciones solo determin贸 si la aplicaci贸n del programa SSI a Puerto Rico es constitucional; no abord贸 el tema del remedio ni orden贸 la aplicaci贸n del SSI a Puerto Rico, lo que puede requerir un litigio adicional o, como alternativa, una acci贸n del Congreso.

En el video a continuaci贸n, Rosanna Torres explica el programa SSI y por qu茅 deber铆a incluir a la poblaci贸n elegible en Puerto Rico.