Sin culpa alguna, un total de 17.8 millones de personas fueron despedidas de sus trabajos durante el mes de junio. Otro mes más de cifras de desempleo elevadas en los Estados Unidos. Se va colando una gran incertidumbre para los 50 millones de estadounidenses que han dependido de la compensación de emergencia por desempleo para satisfacer necesidades básicas después de perder inesperadamente su trabajo debido a la pandemia de COVID-19, ya que la asistencia adicional de desempleo está programada para finalizar el 31 de julio.
Después de una demora de casi tres meses para emitir las pautas de distanciamiento social necesarias y promover otras prácticas de mitigación y prevención de enfermedades, el gobierno federal intervino para proveer un alivio económico a corto plazo a aquellas personas afectadas negativamente por el virus. Los funcionarios federales y los líderes del Congreso acordaron tres paquetes principales para la ayuda económica, dos de los cuales abordan directamente hacia los altos niveles de desempleo: el Families First Coronavirus Response Act (FFCRA, por sus siglas en inglés), y el Coronavirus Aid, Relief, and the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES, por sus siglas en inglés) Act.
Al debatir sobre la cantidad de ayuda necesaria, los funcionarios evaluaron el impacto de la enfermedad en diferentes sectores de la economía y decidieron el grado apropiado de intervención gubernamental. A las pequeñas empresas, por ejemplo, se les extendió el acceso a más de $625 mil millones en préstamos perdonables para mitigar el déficit de ingresos y permitirles continuar cubriendo los gastos de nómina; a las aerolíneas comerciales se les ofrecieron más de $25 mil millones.
Las disposiciones de desempleo en la FFCRA incluyeron hasta mil millones de ayuda para que los estados administren el seguro por desempleo de emergencia, así como una expansión de los beneficios de licencia médica y familiar: beneficios que las personas son elegibles para reclamar como parte de sus contribuciones sobre la nómina.
La Sección 2102 de la Ley CARES brinda asistencia por desempleo para ayudar a las personas que no son elegibles tradicionalmente según la ley estatal o federal (por ejemplo, contratistas independientes y por cuenta propia). Específicamente, “requiere que el Departamento del Trabajo brinde asistencia por desempleo pandémico por hasta 39 semanas a los trabajadores que (1) no son elegibles para otro seguro por desempleo federal o estatal o compensación por desempleo de emergencia pandémica; (2) cumplir con ciertas condiciones relacionadas con estar desempleado, parcialmente desempleado o no poder trabajar debido a COVID-19; (3) no pueden trabajar de manera remota; y (4) no están recibiendo otras licencias pagadas”.
La compensación por desempleo es un programa administrado conjuntamente por el gobierno federal y los estados. El gobierno federal emite una guía general sobre la cobertura de beneficios y elegibilidad, pero son los estados, así como el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, quienes emiten una determinación final sobre el alcance del programa. La Ley CARES ofrece una compensación federal adicional por desempleo debido a la pandemia de $600 por semana. Esta es la compensación especial que vence el 31 de julio de 2020.
La próxima fecha de vencimiento significa que el Congreso debe decidir si reformar o renovar el programa. El reemplazo temporero del salario es necesario para que los hogares continúen cumpliendo con sus pagos fijos, así como el alquiler o la hipoteca y los gastos de servicios públicos.
En respuesta, el 12 de mayo, los demócratas de la Cámara introdujeron el Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act, conocido como el HEROES Act, que extiende temporeramente la vida de estos programas. Muchos republicanos argumentan que la asistencia para el desempleo pandémico proporciona más beneficios y compensaciones de los que de otra forma se otorgarían en el lugar de trabajo formal. El director del Consejo Económico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés), Larry Kudlow, sugirió recientemente que la Casa Blanca preferiría dejar que expire el programa. “Lo que quiero decir es que le estamos pagando a las personas para que no trabajen. Es mejor que lo que recibirían de sus salarios. Eso podría haber funcionado durante los primeros meses. Terminará a fines de julio”.
A principios de junio, el secretario del Trabajo, Eugene Scalia, testificó ante el Comité de Finanzas del Senado sobre la implementación de las disposiciones federales de seguro por desempleo relacionadas con COVID de la FFCRA y la Ley CARES. En su testimonio, el secretario Scalia también indicó que “los beneficios de CARES estaban destinados a ser temporeros, y expirarán a fines del próximo mes, momento en el cual esperamos que la economía esté profundamente inmersa en el proceso de reapertura, con la finalización de las órdenes de cierre y, según confirma el informe de empleos del viernes, millones de estadounidenses recobraron la libertad para volver a trabajar“. Sin embargo, como ilustran los recientes picos en los casos de coronavirus en Florida y Texas, apresurarse por reabrir las economías podría provocar un aumento de las infecciones e inevitablemente, prolongar la crisis de salud. Reevaluar la caducidad y el alcance de los beneficios por desempleo es, por lo tanto, particularmente importante en este momento.