Hace unos meses tuve la oportunidad de leer una entrada en el blog de Howard S. Marks, cofundador y copresidente de Oaktree Capital Management, titulada “Knowledge of the Future”. Según Marks, “hoy en día todo el mundo tiene los mismos datos sobre el presente y la misma ignorancia sobre el futuro”. En ese escenario, el instinto humano es mirar al pasado para buscar lecciones, patrones y ciclos que puedan arrojar algo de luz sobre el futuro.
Pero “la fe ciega en la relevancia de los patrones del pasado no tiene más sentido que ignorarlos completamente. Tiene que haber una buena razón para creer que el pasado puede ser extrapolado al futuro… tiene que ser una extrapolación informada”. El problema es que “si estamos experimentando algo que nunca se ha visto antes, simplemente no podemos decir que sabemos cómo terminará”.
Más importante aún, “no hay una forma ‘informada’ de elegir entre los escenarios positivos y negativos a los que nos enfrentamos hoy en día, y la mayoría de la gente decide de una forma que refleja sus prejuicios. En otras palabras, puede que no seamos capaces de conocer el futuro, pero eso no nos impide llegar a conclusiones sobre él y mantenerlas con firmeza”. Y tiene razón.
Hago referencia a ese blog porque al momento que escribo esta columna se cumplen exactamente ocho meses desde que la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) decretó una emergencia global de salud pública el 30 de enero. En aquel momento se habían reportado 9,439 casos en todo el mundo y los casos en Estados Unidos sumaban seis. No sabemos cuantos casos había en Puerto Rico. Pero el hecho de que se tratara de un virus novel, sin tratamiento conocido y altamente transmisible no fue impedimento para que muchos hicieran predicciones sobre el futuro, sin ninguna base científica o estadística. Nuestro entonces secretario de salud nos aseguró que virus no llegaría a nuestras costas pues China queda lejos…
Bueno, al 30 de septiembre la OMS reportaba 33,441,919 casos a través de todo el mundo y 1,003,497 muertes a causa del COVID-19. Esa cantidad de muertes excede las causadas por la malaria (620,000), suicidios (794,000) y HIV (954,000) durante todo el 2017. Mientras en Estados Unidos se reportan más de 7,000,000 de casos y sobre 200,000 muertes, excediendo la suma de las muertes de soldados norteamericanos durante las guerras de Corea y Vietnam (aproximadamente 110,000). En Puerto Rico los datos más recientes apuntan a 24,000 casos confirmados, 24,755 casos “probables”, y 661 muertes.
Ya para abril habíamos aprendido lo suficiente como para ordenar el acuartelamiento de gran parte de la población. La revista The Economist estima que alrededor del 10 de abril había por lo menos 3,500 millones de personas bajo órdenes de mantenerse en sus casas. El objetivo de esta política pública es romper la cadena la transmisión del virus, manteniendo aislada a una gran parte de la población. Es una herramienta cruda pero efectiva.
Sin embargo, gran parte de los problemas que tenemos hoy se deben a que muchos países, incluyendo Puerto Rico, no aprovecharon el tiempo para aumentar su capacidad de hacer pruebas, poner en marcha el rastreo efectivo de contactos y construir facilidades para aislar a los casos positivos. Además, en muchas jurisdicciones las restricciones se levantaron prematuramente, debido al costo económico, antes de que el virus estuviera verdaderamente bajo control.
Así las cosas nos encontramos en una coyuntura compleja. El virus está mucho más disperso que en marzo, la economía mucho más débil, no se vislumbra más ayuda por parte del gobierno federal (por ahora) y aunque ha habido algunos avances, muchos gobiernos todavía no tienen la capacidad necesaria para manejar esta emergencia de salud pública. A ocho meses de la declaración de la OMS, contener la transmisión del virus a la misma vez que mantenemos un nivel alto de interacción social y una economía funcional ha probado ser impracticable en la mayoría de los países.
Más aún, las opciones de política pública disponibles son limitadas y todas tienen serias consecuencias adversas. Este dilema quedó plasmado de manera emblemática en Inglaterra. En días recientes se han publicado allá dos cartas redactadas por distintos grupos de académicos. El primero, compuesto mayormente de expertos en salud pública, aboga a favor de otro acuartelamiento general para reducir la tasa de infección. Esta opción, como ya sabemos, conlleva no solo costos económicos, sino también de salud mental, pérdida de tiempo docente, y otros problemas sociales.
El segundo grupo, compuesto de economistas en su mayoría, argumenta que el virus tiende a afectar de manera más grave a personas mayores de edad o con ciertas condiciones preexistentes. Su propuesta es “proteger” a estos grupos y que el resto de la sociedad continúe funcionado normalmente. Esta opción conllevaría la estigmatización social de aquellos grupos identificados como de “alto riesgo” y un alza significativa en las muertes ya que el virus no afecta solamente a esos grupos. Noten, además, que el debate no gira entorno a la “ciencia” del virus, sino sobre como manejar los riesgos y costos políticos del mismo.
Lo que nos lleva de vuelta al Sr. Marks. La realidad es que seguimos experimentando algo que nunca hemos visto antes, y no tenemos una manera informada para estimar o pronosticar lo que va a suceder. Por tanto, la mayoría de las personas, incluyendo oficiales gubernamentales, continúa tomando decisiones basadas en sus prejuicios.
Cuidado entonces con los traficantes de soluciones simplistas, con los discursos trillados de buscar un “balance” entre la salud y la economía (hasta ahora no lo hemos encontrado) y con el uso y abuso de datos “oficiales” de dudosa validez y menos utilidad. Lo mejor que podemos hacer es seguir las guías de salud pública: usar mascarillas, limitar las salidas, lavarnos las manos y practicar el distanciamiento social. ¿Que cuando terminará esto? El Dr. Fauci ya nos lo dijo a finales de marzo: “el virus nos dejará saber.”
Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 11 de octubre de 2020.