España apostará a la economía verde y a la transformación digital tras el azote del COVID-19. Con más de 860-mil contagios detectados y 33-mil muertes contabilizadas a mediados de octubre, la pandemia ha golpeado fuertemente al país: el Banco de España estima que la economía española decrecerá entre 10.5% y 12.6% durante 2020 y que registrará una de las caídas más graves entre las economías avanzadas.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado recientemente por el Presidente Pedro Sánchez (PSOE) le da forma a una política de gastos expansiva que pretende guiar los presupuestos estatales por los próximos siete años. El mismo contempla diez “políticas palanca”, entre las que se encuentran la digitalización y la descarbonización de la economía, la renovación del capital tecnológico, la internacionalización del tejido empresarial, la integración a corredores de transporte europeos, el desarrollo de interconexiones energéticas con los países vecinos (Francia y Portugal), y la implantación de políticas sociales que aseguren la integración de las mujeres y los sectores precarizados al proceso de transformación.
Las dos vías del Plan
El Plan del gobierno de España está anclado en el Plan de Recuperación para Europa – mejor conocido por Next Generation EU – un ambicioso programa de inversión y financiación que procura no solo estabilizar las economías de los 27 países miembro de la Unión tras la pandemia, sino que busca estimular su transformación y apuntalar su competitividad de cara al futuro. Next Generation EU suspenderá a mediano plazo los ajustes estructurales contemplados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, un mecanismo de disciplina fiscal suscrito por los países miembro. Le inyectará además €1.290 trillones de euros (sobre $1,500 trillones de dólares) a los países de la Unión para que impulsen inversiones en tecnologías punta – infraestructura 5G, inteligencia artificial, hidrógeno limpio y fuentes marítimas de energía renovable, por ejemplo – promuevan la digitalización de sus sociedades, desarrollen infraestructuras sostenibles, aseguren la resiliencia de sus recursos agropecuarios y pesqueros, y refuercen sus sistemas nacionales de salud.
Para España, el Plan europeo constituye una bendición. Le permitirá, en primera instancia, dejar en suspenso las exigencias de reformas estructurales hechas por la Comisión Europea (el organismo ejecutivo de la Unión), particularmente aquellas en materia fiscal. Tan reciente como en mayo pasado, la Comisión había observado que España se había “desviado significativamente” de las metas fiscales al no limitar durante 2019 la tasa nominal de crecimiento de su gasto gubernamental al .6%. Ahora, con el Plan de reconstrucción europeo la Moncloa tendrá luz verde para expandir el déficit de gastos gubernamentales de 2.8% a 10.3% del Producto Interno Bruto y aumentar el nivel de endeudamiento gubernamental del 95.5% a 115.5% del Producto Interno Bruto.
En segunda instancia, el Plan europeo implica que España recibirá una inyección de €140-mil millones de euros de origen comunitario (unos $ 165 billones de dólares) en subvenciones directas y préstamos entre 2021 y 2026. Estos fondos permitirán aumentar la inversión pública del país de un 2% al 6% del Producto Interno Bruto, llevándola al nivel de los países con mayor inversión pública en el mundo. La Moncloa ha dicho que vislumbra que esta inyección masiva de fondos producirá una transformación de la economía similar a la registrada durante las décadas de 1980 y 1990, cuando España ingresó a la Unión Europea y accedió al Fondo de Cohesión. Estas son palabras mayores si se toma en cuenta que durante estas décadas la economía española experimentó un robusto crecimiento sostenido, una notable diversificación sectorial y una multiplicación del ingreso per cápita.
Las advertencias
Ciertas voces, sin embargo, han comenzado a matizar el optimismo oficial. La oposición política del Partido Popular (PP) – que controla un bloque significativo de votos en el Congreso de Diputados donde deben ser aprobados los presupuestos – ha planteado dudas sobre la capacidad de la administración Sánchez de implementar exitosamente el programa. Igualmente, algunos expertos vinculados a los organismos rectores de la Unión Europea han cuestionado la vaguedad y falta de concreción del Plan español. Llama la atención, por ejemplo, que el mismo carece de medidas para abordar importantes vulnerabilidades del sector manufacturero, afectado por la deslocalización progresiva de industrias a otras zonas del mundo. Basta con recordar la aguda falta de mascarillas, respiradores y material de protección sanitario que se produjo a inicios de la pandemia para comprender la importancia de abordar este asunto.
Asimismo, las reformas estructurales (ahora pospuestas) podrían ser, después de todo, ineludibles para garantizar el éxito del programa. Un trabajo publicado por FEDEA, un importante think tank con sede en Madrid, ha advertido que la bonanza de fondos europeos tendrá resultados transformadores solo si es acompañada de “buenas prácticas” de gobernanza pública: basar la selección de proyectos en análisis de costo-beneficios y minimizar la creación de nuevas estructuras públicas para administrar los fondos, por ejemplo. Los planteamientos de FEDEA sobre la necesidad de fortalecer el marco institucional no se producen en el vacío: tan recientemente como febrero de 2020 – un mes antes de que estallara la pandemia en el país y el gobierno decretara uno de los confinamientos más duros y largos de Europa – la Comisión Europea había determinado que España había hecho poco o limitado progreso en el requisito de fortalecer el manejo de las finanzas públicas y la gobernanza de la contratación pública de productos y servicios. Este elemento entonces, bien podría ser el talón de Aquiles del Plan español, la ficha clave para que la inyección masiva de fondos en efecto produzca la transformación esperada.