Publicado el 21 de enero de 2021 / Read in English

Rosanna Torres

Sergio M. Marxuach

El presidente Joe Biden dio a conocer la semana pasada un paquete de asistencia por COVID-19 de $1.9 billones (trillion en inglés) para ayudar a estabilizar la tambaleante economía estadounidense. Según los estimados de Moody’s Analytics, el plan aumentará el PIB real en “más del 7% en términos anualizados en el primer trimestre de este año, a pesar de la intensificación de la pandemia, y casi un 8% para todo el 2021”.

En general, el Plan de Biden se puede dividir en tres categorías programáticas: (1) Respuesta a la pandemia ($400,000 millones); (2) Ayuda directa a las familias ($1 billón); y (3) Apoyo para comunidades y pequeñas empresas ($440,000 millones). Entre los aspectos más destacados del Plan, encontramos los siguientes:

• Programa nacional de vacunación: $20,000 millones para un programa de vacunación en coordinación con estados, localidades, tribus y territorios.
• Pruebas ampliadas: $50,000 millones para ampliar las pruebas, cubrir la compra de pruebas rápidas, ampliar la capacidad de los laboratorios y ayudar a las escuelas y los gobiernos locales con los protocolos de pruebas.
• Ayuda para la educación: $130,000 millones para ayudar a reabrir escuelas. Los fondos se pueden utilizar para reducir el tamaño de las clases y modificar los espacios para el distanciamiento social, mejorar la ventilación y proporcionar equipo de protección personal. En la educación superior, aproximadamente $35,000 millones en fondos se destinarían a instituciones públicas, incluidas las universidades comunitarias y las universidades históricamente negras.
• Cheques de estímulo: La propuesta incluye $1,400 en fondos directos para individuos además de los $600 en ayuda aprobados por los legisladores el mes pasado.
• Beneficios de desempleo ampliados: el Congreso aprobó en diciembre $300 en beneficios de desempleo adicionales hasta mediados de marzo. El plan de Biden aumenta los beneficios a $400 por semana y extiende el programa hasta septiembre. La propuesta también extendería la asistencia a las personas que han agotado sus beneficios regulares, así como a aquellos que normalmente no cualifican para los programas de seguro por desempleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores del “gig economy”.
• Protección contra desahucios: el plan extiende las moratorias de desahucio y ejecución hipotecaria hasta fines de septiembre. Biden también propone $25,000 millones adicionales en asistencia de alquiler además de los $25,000 millones asignados en el proyecto de ley aprobado por el Congreso en diciembre.
• Proveer a los territorios de EE.UU. mil millones de dólares en asistencia nutricional adicional para sus residentes. El plan Biden aumenta la subvención en bloque del Programa de Asistencia Nutricional para ayudar a miles de familias trabajadoras en Puerto Rico, Samoa Americana y el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte a poner alimentos en la mesa durante la pandemia.
• Salario mínimo: la propuesta de Biden también pide al Congreso que aumente el salario mínimo a $15 por hora.
• Ayuda para pequeñas empresas: $15,000 millones en subvenciones para pequeñas empresas. La propuesta también intentaría apalancar $35,000 millones en fondos para apoyar $175,000 millones para préstamos para pequeñas empresas.
• Ayuda a los gobiernos locales: $350,000 millones en fondos de emergencia para los gobiernos estatales, locales y territoriales para pagarle a los trabajadores de primera línea, distribuir vacunas, aumentar las pruebas y reabrir las escuelas.

Aquí puede leer el plan completo de 19 páginas.

Sin embargo, la aprobación del Plan de Rescate de Biden dependerá en gran medida de la dinámica política en Washington, especialmente en el Senado de Estados Unidos. Hay dos posibles vías para asegurar el paso por el Senado: (1) reunir una súper mayoría, o sesenta votos, para evitar un bloqueo procesal (“filibuster”), o (2) usar el proceso de reconciliación presupuestaria, que requiere solo una mayoría simple.

En este ambiente político tan cargado, asegurar 60 votos en el Senado requiere un esfuerzo monumental de cabildeo con escasas posibilidades de éxito. El proceso de reconciliación tampoco es uno de éxito garantizado, y requerirá cierta sutileza política, ya que la división 50-50 en el Senado ofrece poco espacio para la disidencia partidista. Sin embargo, se ha utilizado con éxito en el pasado para asegurar legislación fiscal importante y así como de gastos obligatorios con solo una mayoría simple de votos.

Además de la ventaja de la mayoría simple, el proceso de reconciliación prevé la consideración acelerada de un proyecto de ley en relación con el proceso según las reglas normales, dadas las estrictas limitaciones de tiempo de debate. Sin embargo, existen limitaciones sustanciales a los tipos de programas que se pueden incluir en un proyecto de ley de reconciliación. En general, solo las propuestas de gastos, impuestos o emisión de deuda pueden estar sujetas al proceso de reconciliación, y existen limitaciones estrictas para incluir políticas externas y realizar enmiendas no pertinentes. Finalmente, las propuestas deben ser neutrales desde el punto de vista presupuestario dentro de un espacio de 10 años. Esto significa que algunos programas de estímulo económico muy necesarios deberán incluirse en otro vehículo legislativo.

En esencia, incluso si el plan de Biden es aprobado en ambas cámaras con una súper mayoría improbable, la victoria temprana en el cuatrienio podría impedir que la nueva Administración obtenga fondos adicionales y apoyo legislativo en el futuro. Una forma arriesgada de comenzar su presidencia, dado el ambiente hiperpartidista en el Congreso. Además de los disturbios esperados en las próximas semanas, el tribalismo político probablemente intensificará las disputas legislativas en los próximos años, restringiendo aún más la capacidad del presidente Biden para cumplir con las promesas de campaña.