El Plan de Rescate Americano representa un alivio para Puerto Rico pero debe ser visto como una de las piezas del complejo rompecabezas que constituye la recuperación económica de la isla. Unido al largo estancamiento económico, a la crisis de la deuda pública y a la destrucción ocasionada por el Huracán María, la recuperación de la pandemia presenta particulares desafíos para la isla a largo plazo.
Más allá de las medidas paliativas del recién anunciado Plan – el cheque de $1,400 para los individuos, por ejemplo – los expertos coinciden que el periodo post-pandemia requerirá inversiones masivas que ayuden a superar el “shock” a los tejidos productivos que los confinamientos y las restricciones a la movilidad han ocasionado alrededor del mundo.
Puerto Rico no será la excepción y tendrá que prepararse para enfrentar los retos estructurales de la “nueva normalidad” post-COVID, que estará caracterizada por la creciente digitalización y automatización de la actividad productiva, por el realineamiento global de las cadenas de suministro y de producción de valor, y por la necesidad de que los estados inviertan mayores recursos en mantener la cohesión social. ¿En que dirección debe la isla comenzar a pensar políticas públicas de mediano y largo plazo? Varios think tanks y grupos de análisis en Europa nos brindan claves importantes.
- La magnitud del Plan del Presidente Biden para atender necesidades inmediatas es impresionante: los $ 1.9 trillones que EEUU distribuirá en el corto plazo triplican los fondos del paquete anti-COVID que movilizó la Unión Europea (UE) en el verano de 2020 para reforzar de forma urgente la sanidad pública, el empleo y la liquidez financiera en los países de la región (el equivalente de más de $650 billones, ya de por sí masivos). El Plan de Rescate de EEUU es, sin duda, un alivio para Puerto Rico, pero harán falta otras medidas de mediano y largo plazo para viabilizar la transición al complicado mundo de la post-pandemia. Esto es, el recién anunciado Plan de Rescate nos dará oxígeno pero será preciso combinarlo con otras medidas de política pública para que la economía de la isla se levante de su lecho de enfermo crónico. Un segundo paquete de estímulo enfocado en la reconstrucción y transformación de la infraestructura – propuesto como parte de la plataforma de campaña Biden-Harris – probablemente tendrá elementos importantes en esta dirección.
- No hay duda, las medidas de corto plazo son imprescindibles: mitigan los efectos más catastróficos de la pandemia. En España se le ha llamado “poner a invernar” la economía, una especie de puesta en neutro del aparato productivo para mantenerlo con vida mientras termina la pandemia y comienza la recuperación economía. El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó en su informe de diciembre de 2020 para la Eurozona que las medidas de corto plazo han sido fundamentales en mantener a flote las economías de EEUU, Europa y Japón: aumentos en los gastos de salud; esquemas estatales de ingreso suplementario para compensar la reducción en los horarios de trabajo; reducciones o posposiciones en el pago de impuestos; programas de recompra de activos; y mecanismos de crédito y garantías de liquidez para las empresas. En la zona del euro éstas últimas han alcanzado el equivalente del 20% del Producto Bruto Interno.
Ha habido algunas diferencias de enfoque: EEUU ha utilizado una mayor proporción de sus recursos para fomentar el gasto, mientras que los países de Europa han utilizado una mayor proporción de sus recursos en préstamos, garantías de crédito y mecanismos de capitalización. Los resultados han sido importantes: a pesar del parón económico ocasionado por los confinamientos y las restricciones a la movilidad, el desempleo en la zona del euro aumentó apenas un punto porcentual; en EEUU, el aumento ha sido de 3 ½ puntos porcentuales.
En España los dos mecanismos principales han sido los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y las líneas de crédito ICO (Instituto de Crédito Oficial). Los ERTE, un suplemento salarial que el gobierno español le brinda a las empresas para evitar los despidos (similar al Payroll Protection Payment (PPP) de EEUU), han cobijado hasta 4.8 millones de trabajadores, o el 30% de la fuerza de trabajo del país y pudieran haber reducido el riesgo de insolvencia de las empresas en un 25 a 30%. Los avales ICO, por su parte, (garantías del gobierno español para la otorgación de préstamos por parte de la banca privada) han viabilizado más de medio millón de préstamos a empresas por el equivalente de más de $78 billones.
- Sin embargo, el “shock” post pandemia al aparato productivo será significativo y las medidas de corto plazo no serán suficientes. El Centre for Economic Policy Research de Londres encontró que, a pesar de los programas públicos masivos, solo una de cada cuatro de las 120-mil empresas que auscultó en 60 países alrededor del mundo había recibido algún tipo de ayuda estatal. Y como bien ha advertido el Banco de España, a pesar de haber accedido a medidas paliativas, muchas empresas están bajo presión financiera El FMI ha estimado que el número de empresas con problemas de liquidez o insolventes pudiera aumentar a 21 y 19% respectivamente en la zona del euro; esto es, uno de cada cinco negocios enfrentará problemas en el periodo post-COVID. En España, la pandemia pudiera más que triplicar la insolvencia empresarial.
Think tanks europeos como el francés OFCE y el belga Bruegel han comenzado a advertir de una oleada de insolvencias empresariales en el periodo post-COVID y a abogar por cambios en los marcos jurídicos que faciliten los procesos de quiebra. La filial de McKinsey & Company en Madrid, por su parte, ha abogado por medidas adicionales que ayuden a mantener la liquidez de las empresas una vez haya pasado la pandemia; propone agilizar el pago de facturas por el sector público, expedir vales de consumo, reducir o suspender ciertos impuestos, o eliminar el impuesto sobre el valor añadido (el IVU puertorriqueño) e algunos sectores clave.
En Puerto Rico, la presión sobre el tejido empresarial debe ser significativa: el 95% de este está constituido por pequeñas y medianas empresas (tanto como el 56% son micro-empresas de 5 empleados o menos). En la isla, el acceso a los fondos federales ha sido desigual: según ha calculado la Junta de Control Fiscal, el 91% de los negocios beneficiados por el programa federal para empresas PPP recibió apenas el 34% de los fondos; y los municipios del área sur – junto a Maricao, Arroyo, Guánica, y Maunabo – quedaron seriamente desatendidos por el programa. La Junta estimó además que a mayo de 2020 el monto per cápita recibido por la isla bajo el PPP era de apenas 1/3 de lo recibido por los estados de EEUU. Hay que considerar además que en Puerto Rico el golpe de la pandemia a los negocios se ha producido sobre los asestados por la larga recesión económica, la crisis fiscal y la devastación causada por el Huracán María.
- Serán necesarias medidas “puente” que viabilicen la transición de empresas y trabajadores a la economía post-COVID. El COVID ha acelerado una serie de cambios tectónicos en la economía mundial por lo que será imposible “go back to business as usual”, esto es, volver a lo que había antes. Eurochambres, la asociación que agrupa a más de 1,700 cámaras de comercio regionales y nacionales en Europa, hizo un llamado en diciembre de 2020 no solo a continuar con medidas paliativas de rescate, sino a comenzar a implantar políticas de recuperación de mediano y largo plazo, particularmente aquellas que envuelvan el entrenamiento de empresas y trabajadores en las nuevas destrezas que requerirá el mundo post-pandemia. La “nueva normalidad” – de la que Puerto Rico no estará exento – deberá tomar en cuenta la creciente digitalización y automatización de la actividad productiva, el realineamiento de las cadenas mundiales de suministro y de producción de valor, y la necesidad creciente de que los estados y los organismos supra-nacionales intervengan para sostener la cohesión social en sociedades cada vez más desiguales y fragmentadas.
- Será necesario posponer el retorno a la austeridad en las finanzas públicas. El COVID ha disparado los niveles de deuda pública alrededor del mundo y algunos, como el economista inglés Mervyn King, advierten de una inminente crisis de deuda a nivel global. En España la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha estimado que el país tardará dos décadas en reducir el déficit público post-COVID a los niveles existentes en 2019, del ratio actual entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB) de 123% a uno de 95.5%. La Unión Europea ha suspendido las reglas fiscales (estas exigen un ratio no mayor de 60%), pero existe la preocupación de que una recuperación rápida en Alemania, Holanda y Austria impulse un retorno temprano al Pacto de Estabilidad y a la austeridad fiscal en Europa.
El FMI, otrora bastión de la ortodoxia económica, advierte que “los países no deben retirar el apoyo fiscal demasiado rápido aunque exista la presión de hacerlo en países con altos niveles de endeudamiento”: el mundo post-COVID requerirá no solo de políticas expansivas, sino transformadoras. Mackinsey subraya la importancia de “políticas que impulsen la recuperación de los motores de crecimiento tradicionales y la evolución de los nuevos sectores de crecimiento, garantizando un marco normativo adecuado y un sistema sanitario resiliente”; esto es, planes de política industrial y política social. Habrá que facilitar la reasignación de recursos – gente, capital y conocimiento – a nuevos sectores y adaptar las políticas públicas a la creciente automatización y digitalización de la economía y a las monumentales transformaciones verdes que requiere el cambio climático.
El reto es considerable. España, por ejemplo, ha asignado ya el equivalente de $ 44 billones de dólares a programas que viabilicen esa transformación en las áreas de educación y desarrollo de capacidades, modernización y digitalización de pymes e industrias, y fortalecimiento de la infraestructura de innovación, ciencia y salud. Sin embargo, no basta con asignar recursos económicos: es preciso diseñar programas y tener la capacidad institucional para ejecutarlos. Hasta el momento, advierte el FMI, los planes de la mayoría de los países de la UE para la inversión masiva de transformación verde y digital son ambiguos y carecen de concreción. Y según Bruegel, España ha sido en los pasados años notoriamente poco capaz de absorber y utilizar los fondos europeos de inversión en infraestructura. A esos efectos, el think tank español ESADE ha hecho un llamado para que el gobierno de España fortalezca su capacidad de planificación y gestión y aumente de esa forma sus posibilidades de usar efectivamente el influjo masivo de fondos que se espera a partir de mediados de 2021 como parte del programa europeo de transformación de infraestructuras NextGenEU.
Lo que nos lleva a Puerto Rico y los fondos del Plan de Rescate del Presidente Biden: estos, sin duda, son bienvenidos pero constituyen solo una pieza inicial del complejo rompecabezas que habrá que armar para lograr la recuperación económica de la isla a largo plazo.