La Junta de Supervisión y Administración Fiscal (“JSAF”) anunció ayer que “llegó a un acuerdo en principio con varios grupos de acreedores para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles luego de un exitoso proceso de mediación”. Como resultado de ese acuerdo, la JSAF solicitó a la corte extender hasta el 8 de marzo de 2021 el plazo para presentar un Plan de Ajuste modificado (“PA”), que modificaría los términos y condiciones de las deudas del gobierno central con varios grupos de acreedores. Estas deudas incluyen bonos de Obligación General, bonos emitidos por la Autoridad de Edificios Públicos y obligaciones con varios grupos de acreedores no-asegurados. En total, el PA reestructuraría aproximadamente $35,000 millones en deudas del gobierno central.
La oferta anterior de la JASF a los acreedores buscaba reducir esa deuda a aproximadamente $11,900 millones, consistiendo de (1) $6,000 millones en efectivo; (2) $4,900 millones en nuevos bonos de Obligación General; y (3) $1,000 millones en la forma de un Instrumento de Valor Contingente (“IVC”). Según la JSAF, la tasa de recuperación promedio para todos los acreedores fluctuaría entre 31.3% (sin incluir los pagos del IVC) y 34.1% (incluyendo todos los pagos del IVC), aunque demuestra gran variación entre las diversas clases de acreedores. Los términos de este nuevo acuerdo no se han divulgado todavía.
Ahora bien, el punto importante de todo este andamiaje de reestructuración está anclado en proyecciones económicas a mediano y largo plazo, que a su vez se utilizan para estimar los ingresos disponibles al gobierno y calcular el superávit primario (el dinero que queda después de cubrir los gastos operacionales del gobierno) que se puede utilizar para el servicio de la deuda reestructurada. De acuerdo con informes de prensa y documentos publicados por la JSAF algunos acreedores están objetando las proyecciones económicas de la JSAF porque las consideran demasiado pesimistas. Esto no debe sorprendernos debido a la naturaleza adversativa del proceso de reestructuración. Y también porque hacer proyecciones económicas y fiscales a largo plazo (20 años o más) es difícil en el mejor los tiempos. Y ciertamente no estamos en los mejores tiempos.
Creo podemos estipular con un alto grado de confianza que el gobierno de Puerto Rico enfrenta un nivel de incertidumbre no visto por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, debido a que la economía de la isla ha estado estancada, en contracción o creciendo mínimamente, por 15 años consecutivos. Y a esa débil base económica tenemos que añadirle los impactos económicos adversos de una concatenación de eventos desafortunados, tales como la reducción de la población; la quiebra misma del gobierno, que afecta la inversión; los huracanes de 2017; los terremotos de 2020; y la pandemia de COVID-19.
El cuadro macroeconómico, pues, es complicado. Es cierto que a corto plazo se vislumbra un repunte modesto, un crecimiento entre 1 y 1.5% del PNB, debido al aumento del gasto público (financiado principalmente por el gobierno federal) para la reconstrucción de la infraestructura dañada o destruida por los huracanes y los terremotos y para restituir la pérdidas que han sufrido muchas empresas y ayudar a los que han quedado desempleados debido a la pandemia.
Sin embargo, este repunte que se proyecta a corto plazo no está garantizado y puede verse afectado negativamente por varias causas. El estimulo económico dependerá en gran medida de la disponibilidad de los fondos federales, la que a su vez está sujeta a los vaivenes políticos y burocráticos en Washington, DC y a la (in)capacidad del gobierno de Puerto Rico para ejecutar operaciones complejas. Además, mucho de ese gasto será en bienes y servicios producidos por entidades y personas foráneas, lo que reduce el efecto multiplicador en la economía local.
Aún si se cumple esa proyección de crecimiento a corto plazo, debemos recordar que ese modesto repunte se debe al reemplazo del capital destruido o a la compensación de pérdidas y no cambia, transforma, o modifica de manera alguna la dinámica subyacente de estancamiento secular de nuestra economía a largo plazo.
Para revertir esa tendencia hay que implementar una estrategia coordinada de crecimiento económico, que incluye, entre otras cosas: aumentar la inversión fija domestica y foránea; fortalecer las pequeñas y medianas empresas de capital local; promover la exportación por empresas puertorriqueñas; e invertir significativamente en actividades de investigación y desarrollo, que culminen en bienes y servicios innovadores producidos localmente.
Además, hay que implementar una serie de políticas públicas que fomenten (directa o indirectamente) la productividad total. Por ejemplo, reformar a fondo nuestro sistema educativo mediocre; reducir los costos de la energía eléctrica, así como mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico; reformar instituciones obsoletas que impiden el crecimiento económico; y eliminar la cacería de rentas por parte del sector privado.
La implementación de ese tipo de estrategia toma tiempo y está plagada de riesgos. Es por eso que le recomendamos a los acreedores que acepten proyecciones económicas conservadoras en la confección del PA. Ese es, simplemente, el curso de acción más prudente. El nivel de incertidumbre sin precedentes en tiempos modernos hace que las proyecciones económicas y financieras a largo plazo no sean confiables.
Esa situación hace muy difícil que Puerto Rico pueda presentar de buena fe un PA que sea vinculante por treinta años. Sin embargo, dadas las instrucciones claras de la jueza Taylor Swain, la JSAF tiene que radicar en corte próximamente por lo menos un bosquejo detallado del PA. Por eso recomendamos que se aumente el componente del IVC, al tiempo que se reduce la contraprestación pagada en forma de nuevos bonos de Obligación General en el PA. El IVC permite a los inversionistas un recobro mayor, en caso de que la economía tenga un desempeño superior, mientras protege a Puerto Rico en caso de que los ingresos del gobierno estén por debajo de las expectativas. Por lo tanto, ayuda a mitigar la incertidumbre prevaleciente, facilita que se presente un PA viable y reduce la probabilidad de una crisis de liquidez.
Esta es una propuesta en la que todos ganan: los inversionistas participan de cualquier escenario económico potencial al alza; Puerto Rico queda con una carga de deuda sostenible; y ambas partes mitigan el riesgo de un nuevo incumplimiento a corto y mediano plazo.