Las Naciones Unidas le han llamado una “catástrofe generacional” en ciernes. El cierre prolongado de las escuelas tendrá repercusiones negativas en el futuro de los niños y jóvenes de todo el mundo y Puerto Rico no será una excepción. Amén de que afectará negativamente el acervo del futuro capital humano de la isla.
Es por esto que la discusión sobre cuándo y cómo reabrir las aulas resulta de particular urgencia. No se trata de prisas sino de que otorgarle la prioridad debida al sistema educativo. La experiencia acumulada por otros países nos dice que la reapertura de los planteles no se circunscribe a colocar botes de gel o hacer listas de cotejo, sino que requiere el envolvimiento activo y continuo de los organismos de educación y salud pública, la comunidad escolar y los gobiernos regionales y estatales para que el sistema pueda continuar funcionando de forma segura en medio de la pandemia. Es un proceso intenso en tiempo y esfuerzo que requiere salir de la rigidez de las burocracias y las “zonas de confort”.
Múltiples estudios alrededor del mundo han alertado sobre la relación estrecha entre los cierres escolares y la reducción de perspectivas futuras de los estudiantes y de la sociedad en general. La pérdida de destrezas fundacionales de lectura y matemática que ocasionan los cierres es particularmente seria, según alertó la UNICEF en un estudio de países asiáticos y africanos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Frankfurt en Alemania y la Universidad de Pennsylvania en EEUU estimó que un cierre escolar de seis meses puede aumentar la tasa de deserción escolar en 4.1% y reducir la compleción de estudios universitarios en -2.6%. Las implicaciones de esto son dramáticas para Puerto Rico donde, según estadísticas del Departamento de Educación (DE), la deserción escolar de la población estudiantil alcanza casi el 15% y aumenta a 32% entre los estudiantes del undécimo grado. Según los investigadores universitarios, los efectos negativos de los cierres escolares en el capital humano son cumulativos y más difíciles de mitigar mientras más largos sean los cierres: preocupante, si se considera que el sistema público de la isla ha sufrido disloques continuos y severos desde los huracanes del 2017. Hay que recordar que el 75% de la población entre 5 y 17 años vive en condiciones de pobreza, según estimados del Instituto de Desarrollo de la Juventud, y que la educación tradicionalmente ha sido considerada como una de las principales vías de movilidad y justicia social en la isla. Las implicaciones no se circunscriben a la población estudiantil y se extienden al ámbito económico: cada cuatro meses perdidos en el sistema educativo puede representar una reducción del -12.7% del Producto Interno Bruto futuro, según un modelo desarrollado para EEUU por un grupo de educadores para el Instituto Brookings.
Si bien los programas de aprendizaje en línea han mitigado los daños, la mayoría de los estudiosos coinciden que estos no sustituyen la enseñanza presencial y que, por el contrario, aumentan la brecha educativa entre los estudiantes rezagados y aquellos de familias desventajadas. Tres investigadores de la Universidad de Oxford en Inglaterra estimaron que el cierre de dos meses de las escuelas primarias en Holanda y el cambio a sistemas de educación en línea ocasionó la pérdida del equivalente de una quinta parte (1/5) del año escolar en términos de calidad del aprendizaje entre el alumnado. Entre los estudiantes de familias de baja escolaridad, la pérdida de aprendizaje fue 55% más. Un equipo de investigadores de la Universidad de Münich encontró asimismo que los programas de educación digital implantados en Alemania durante la pandemia redujeron a la mitad el tiempo lectivo de los estudiantes; la reducción fue aún mayor entre los estudiantes de pobre aprovechamiento académico y entre los varones. Estos preocupantes datos se han producido en países con excelentes infraestructuras de aprendizaje a distancia, lo que debe alertar sobre las implicaciones para Puerto Rico, donde según el propio DE, más de un cuarto de millón de estudiantes carece de computadora o acceso a internet.
Nadie quiere arriesgar las vidas de maestros, estudiantes y familiares, pero la ausencia de una discusión pública hasta ahora sobre el tema delata una sospechosa falta de urgencia en el DE y un trastoque de prioridades en el aparato público. En Europa, la apertura de las escuelas se convirtió en prioridad en septiembre de 2020 y ha sido objeto de intensa atención pública. Más aún, las comunidades, regiones y distritos – el equivalente de nuestros municipios – le han reclamado a los Estados la asignación de mayores recursos para hacerlo de forma viable y segura. En Alemania, por ejemplo, los länders o regiones tienen bajo su jurisdicción el funcionamiento del sistema educativo. Estos exigieron la reapertura presencial de los planteles a solo semanas que el gobierno central decidiera cerrar las aulas en diciembre 2020 como medida de contención de la pandemia. Este reclamo se produjo aún cuando el gobierno alemán había realizado una inversión millonaria en fortalecer las infraestructuras educativas digitales de las regiones. Francia, por su parte, ha mantenido las aulas abiertas durante la segunda y tercera ola de la pandemia con estrictos protocolos sanitarios que ha ido evolucionando con el curso de la epidemia. Ante la llegada de la variante británica al país, ha optado por realizar cribados masivos en las escuelas – un millón de pruebas mensuales – dejando el cierre de las aulas como una medida extrema de último recurso. España también ha mantenido las aulas abiertas durante la segunda y tercera ola, reforzando la plantilla escolar con 40,000 docentes y auxiliares adicionales para acoger grupos más pequeños y horarios escalonados. Dieciséis de las 17 comunidades autónomas han implantado además agresivos programas de pruebas de COVID en las aulas (la excepción es Madrid, que ha optado por una estrategia de “laissez faire” que la ha colocado a la cabeza de los contagios). Al iniciar el 2021, el país ha reportado el cierre de apenas 32 colegios debido a brotes, el .11% del total.
Cierto, la reapertura de las escuelas no ha estado exenta de choques, pero el resultado ha sido una discusión pública viva con el sistema educativo como foco y una ausencia de complacencia social. Tanto en Francia como en España los gremios del sector han exigido en ocasiones el cierre de aulas o la implantación de mayores medidas de seguridad. En España los sindicatos trajeron a la atención pública la necesidad de contratar enfermeros escolares para atender los aspectos de vigilancia y control de los casos en los planteles: la Comunidad de Madrid, por ejemplo, contrató 700 de estos. Ahora, los gremios alertan de la necesidad de continuar reforzando los protocolos epidemiológicos y que se priorice la vacunación de estos profesionales.
El Centro para el Control de Enfermedades de Europa – la versión europea del CDC estadounidense – plantea que la apertura de las escuelas no presenta riesgos epidemiológicos distintos a los que presentan otros ambientes de contagio potencial tales como los ambientes laborales o los espacios de ocio, y que por tanto, las medidas de apertura deben tomarse de la mano del resto de las que se implanten en otros entornos comunitarios. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet recomienda asimismo que la reapertura de las escuelas vaya acompañada de medidas fuera del entorno escolar, tales como cribados masivos, seguimientos de contactos y aislamientos de los casos positivos en la sociedad en general.
¿Qué protocolos se han implantado en las escuelas? UNICEF identifica en primera instancia tres condiciones imprescindibles para iniciar la reapertura de los planteles:
- Seguridad física, incluyendo las condiciones de higiene
- Disponibilidad de personal escolar, que en general requiere ser reforzado
- Capacidad institucional para implementar cambios y acciones remediales según vayan evolucionando las condiciones epidemiológicas de la escuela y la comunidad.
En Europa la gama de protocolos escolares ha sido amplia pero en general incorporan tres tipos de elementos comunes, según una revisión de medidas publicada por un grupo de investigadores de la Universidad de Turín:
- Aspectos físicos – la disponibilidad de termómetros, mascarillas, geles y materiales desinfectantes e higiénicos; el rediseño de los espacios para asegurar el distanciamiento y la señalización de rutas para reducir la interacción entre alumnos; la asignación de asientos y materiales educativos individuales para minimizar los contactos.
- Aspectos logísticos – la reducción de estudiantes por aula, la confección de itinerarios escalonados o el desarrollo de “salones burbuja” en el que se evita que los niños circulen por el plantel y dependen en vez de la entrada y salida del personal lectivo. La desinfección y la ventilación continua de los espacios es particularmente importante: se recomienda, por ejemplo, la ventilación de las aulas cada hora (en España se han abierto las ventanas en pleno invierno), la instalación de medidores de CO2 para monitorear la circulación del aire, y la limpieza y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado en caso de que se utilicen (hay investigadores que no recomiendan su uso).
- Aspectos epidemiológicos – la designación de un área que pueda ser utilizada como salón de aislamiento en caso de detectarse algún estudiante sintomático y un protocolo de cómo manejarlo. La coordinación estrecha con las autoridades de salud pública es de particular importancia ya que requiere tener la capacidad para implementar con celeridad protocolos de aislamiento, identificar contactos, hacer cribados y decretar cuarentenas en caso de detectarse algún positivo en el salón o plantel.
Esto quiere decir, como bien ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la reapertura de las escuelas en medio de la pandemia no se circunscribe a hacer un manual o una lista de cotejo, sino que debe verse como un proceso dinámico, de vigilancia y labor continua. Se requiere la capacidad institucional para vigilar la evolución de las condiciones, modificar protocolos, incorporar aprendizajes y abrir y cerrar aulas. Lo más importante: requiere integración estrecha y coordinación continua entre la comunidad escolar, las agencias educativas y las de salud pública, y las autoridades locales y nacionales.