Históricamente la administración de asuntos territoriales por el gobierno federal ha estado bajo la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior. En el caso de Puerto Rico, el presidente Kennedy cambió ese procedimiento al emitir un memorando ordenando que todos los asuntos relacionados con la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico fueran remitidos a la oficina del Presidente. El presidente George H.W. Bush dio seguimiento a esta directiva al emitir otro memorando que requiere que todos los departamentos, agencias y funcionarios del Poder Ejecutivo traten a Puerto Rico administrativamente “como si fuera un estado”.
Más recientemente, las responsabilidades relacionadas específicamente con los asuntos de Puerto Rico se han asignado a la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Rama Ejecutiva y varias administraciones federales anteriores han abordado los problemas de Puerto Rico a través de la creación de grupos de trabajo interinstitucionales que han examinado y ejercido sus responsabilidades sobre la isla.
A fines de 2000 la administración de Clinton tomó un interés particular en la relación política entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico y creó el President’s Task Force on Puerto Rico’s Status para “facilitar la acción en asuntos relacionados con las propuestas para el estatus de Puerto Rico y el proceso para llevar a cabo dicha opción”. Siguiendo este ejemplo, la administración de George W. Bush emitió dos informes ampliando la relación con el gobierno de Estados Unidos y las opciones para su relación futura. En 2011, la administración de Obama también adoptó un enfoque similar.
Sin embargo, para 2015, la isla estaba lista para dejar de pagar más de $2 mil millones en deuda y requería que la administración federal tomará un rol de liderazgo en la respuesta a la crisis fiscal y económica de la isla y por lo tanto amplió el alcance del grupo de trabajo. Ese esfuerzo condujo a la promulgación de la Ley para la Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA). Hoy, después de cuatro años desde la promulgación de PROMESA, Puerto Rico continúa lidiando con casi 15 años de contracción económica y un proceso de quiebra que no parece tener fin.
Sin duda, hay muchos procesos federales en juego, incluido el seguimiento del proceso de reestructuración de la deuda, la ampliación de programas federales adicionales, la supervisión de los esfuerzos de reconstrucción posdesastre y la resolución del estatus. A la luz de la magnitud de estos desafíos, si se reconstituye un grupo de trabajo interinstitucional, debería tener metas y objetivos claros y estar compuesto por un grupo multidisciplinario de actores capaces de sentar las bases para el plan de trabajo de cuatro años de la Administración Biden.
Buscamos explicar por qué se necesita un Grupo de Trabajo de Puerto Rico para ayudar a la nueva Administración Biden-Harris a cumplir con los objetivos propuestos, con un enfoque particular en facilitar y monitorear los esfuerzos de reconstrucción.
Contexto y opciones para una reconfiguración del grupo de trabajo: PROMESA no ha cumplido en muchos aspectos. En 2015, el Tesoro de Estados Unidos y el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca proporcionaron al Congreso una guía de las herramientas que Puerto Rico necesitaba tanto para recuperarse de sus problemas fiscales como para lograr un crecimiento económico a largo plazo. Los cuatro pilares incluían: (1) reestructuración amplia de la deuda, (2) supervisión fiscal estricta, (3) paridad en los fondos de salud y (4) herramientas de desarrollo económico. PROMESA sólo le proveyó a Puerto Rico dos de los cuatro pilares: reestructuración y fiscalización. La dinámica política en ese momento impidió que la Administración Obama ofreciera soluciones de salud y herramientas de desarrollo económico a largo plazo. Ahora está claro que cambiar la gobernanza local por una oportunidad de reestructuración no produjo los resultados esperados.
Los reparos del gobierno federal sobre cómo Puerto Rico administró sus finanzas en el pasado, se han desviado injustamente más allá de la crisis fiscal y se ha transformado en la narrativa más tóxica de que Puerto Rico es incapaz de dirigir su propio gobierno. Aprovechando esa narrativa, la Administración Trump nombró múltiples monitores en agencias federales con responsabilidades ambiguas, lo que resultó en un proceso altamente burocrático e ineficiente que ha impedido que la ayuda de recuperación llegue a la isla. El trabajo futuro requerirá una mirada más de cerca a la mejor manera de ampliar y priorizar la participación federal. Ofrecemos varias opciones a continuación.
Prioridades
Problemas estructurales: Las desigualdades programáticas han debilitado la capacidad de la isla para superar varios obstáculos sistémicos que preceden a los desastres naturales y económicos más recientes. Durante décadas, Puerto Rico ha estado lidiando con niveles de pobreza aguda y tasas de participación en la fuerza laboral crónicamente bajas. El gobierno federal debe concentrar su energía en brindar a los residentes de Puerto Rico acceso equitativo a los programas y fondos federales para evitar las trampas de la pobreza y estimular el crecimiento económico.
Capacidad estatal: No hay duda de que la lentitud en el desembolso de fondos federales posdesastre ha entorpecido los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico. Si bien muchos grupos y organizaciones se han centrado únicamente en la cantidad de dólares que Puerto Rico ha recibido hasta ahora, también debemos tener cuidado de no mezclar los fondos para la reconstrucción con el crecimiento económico a largo plazo. Sin duda, el financiamiento para la reconstrucción será fundamental en los próximos años, pero estos dólares temporales no solucionan adecuadamente los problemas estructurales que, a menos que se corrijan, continuarán obstaculizando el éxito socioeconómico. En este momento, es necesario desarrollar la capacidad de estado en Puerto Rico para absorber y administrar los fondos de reconstrucción, de modo que la atención se centre menos en la cantidad total y más en dónde se invierte este dinero.
Estatus político: La relación entre el gobierno federal y los funcionarios electos locales de Puerto Rico no es secundaria más bien es una pieza central en el trato que recibe Puerto Rico dentro de los programas federales. A principios del siglo XX, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió sobre una serie de casos conocidos como Casos Insulares que sentaron un precedente histórico para la autoridad del gobierno federal sobre sus territorios, incluido como se aplican los programas federales. La consideración a nivel federal sobre una resolución de estatus de Puerto Rico no debe simplificar demasiado las dimensiones culturales, económicas, legales y constitucionales que requerirán la participación de todas las partes: académicos, funcionarios gubernamentales y residentes por igual.
Todas las acciones propuestas requerirán incluir el insumo de líderes locales y federales a lo que ha sido principalmente un cuerpo político dentro del Ejecutivo. Dotar de personal al nuevo organismo y brindarle los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo debe estudiarse cuidadosamente, y atraer a expertos de diferentes sectores para brindar orientación al grupo de trabajo federal.