La pandemia pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud pública de Puerto Rico

La pandemia pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud pública de Puerto Rico

Publicado el 25 de marzo de 2021 / Read in English

Directora, Oficina de Washington D.C.
MATERIAL RELACIONADO
COMPARTA

En siete meses, Puerto Rico enfrentará una amenaza inminente a su sistema de salud: la escasez de fondos suficientes para operar. Esto no es inusual para Puerto Rico ni para ninguno de los otros territorios de EE.UU. Esta situación se debe a que la forma en que se le brinda financiamiento a las islas no se basa en necesidades programáticas; más bien, el financiamiento es una reacción cíclica a un fallo estructural en los programas de Medicaid para los territorios.

Puede que recuerde que Puerto Rico ha estado en esta situación antes. A principios de 2018, CNE estudió el programa Medicaid de Puerto Rico y trabajó con funcionarios gubernamentales y otras organizaciones sin fines de lucro para diseñar una solución adecuada para sus múltiples retos. Nuestro trabajo concluyó que existe una necesidad urgente de lograr que los fondos federales de Medicaid para Puerto Rico, así como para los otros territorios, alcancen paridad con los estados. Eso significa permitir que la participación federal del programa, conocida como porcentaje de asistencia médica federal (FMAP, por sus siglas en inglés), se calcule para Puerto Rico (y los territorios) sobre la base del ingreso per cápita relativo (como ocurre en los estados) y que se elimine el límite de financiamiento establecido arbitrariamente por la ley federal.

En ese momento, redactamos artículos de opinión en los periódicos de Washington, D.C., contestamos solicitudes de los medios de comunicación y llevamos a cabo numerosas reuniones con personal del Congreso para garantizar la aprobación de los fondos por parte de la Cámara y obtener el apoyo del Senado de EE.UU. El paquete final incluyó financiamiento por dos años y aseguró un FMAP al 76% con un límite de financiamiento razonable. Si bien Puerto Rico evitó con éxito el precipicio, los dos años de financiamiento ya pronto se agotarán.

Los territorios de EE.UU. han estado sujetos a este tipo de financiamiento temporero y limitado del gobierno federal por décadas, y aunque el financiamiento generalmente se extiende en el último momento, la pandemia de COVID-19 ha expuesto cuán delicada es la situación cuando los gobiernos no están equipados para satisfacer el aumento en necesidades. La gravedad de las consecuencias es muy real. La reducción de fondos podría resultar en tener que negar servicios críticos a miles de personas, reducir la población elegible y reducir drásticamente las tasas de reembolso a proveedores de servicio, lo cual puede ocasionar que continúe la fuga de médicos primarios y proveedores de salud y generar una subutilización masiva de hospitales en la isla. Lo que empeora la situación esta vez es que está sucediendo precisamente en un momento en que el mundo atraviesa una crisis de salud pública.

La semana pasada, el Subcomité de Salud del Comité Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. celebró una audiencia para examinar el impacto del llamado “precipicio de Medicaid” de los territorios de EE.UU. con miembros del Congreso en representación de cada uno de los territorios, y representación de la Comisión para el Pago y Acceso de Medicaid y CHIP (MACPAC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés). La audiencia expuso las deficiencias del financiamiento de salud en los cinco territorios: Puerto Rico , Guam, Islas Vírgenes de EE.UU., Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte. La escala y la profundidad de los desafíos varían, pero la raíz del problema es la misma: el financiamiento simplemente no se ajusta a las necesidades.

Un mayor apoyo federal ayudará a Puerto Rico a frenar el éxodo de médicos, enfermeras y proveedores de salud. También permitirá que la isla cumpla plenamente con los requisitos federales de Medicaid, como proporcionar elegibilidad y beneficios obligatorios, servicios y apoyo a largo plazo, cobertura de medicamentos recetados, entre otros, financiar importantes costos administrativos e inversiones en infraestructura del sistema de salud; y ayudar a cubrir los gastos de seguimiento y supervisión relacionados con el cumplimiento del programa.

Es cada vez más evidente que, si bien en el pasado ha sido necesario un financiamiento limitado a corto plazo para evitar déficits operacionales, también ha creado una mayor incertidumbre para los funcionarios gubernamentales que necesitan hacer inversiones y tomar decisiones a largo plazo. Es una situación insostenible. Por lo tanto, a medida que continúen las conversaciones sobre los fondos de Medicaid para los territorios en el Congreso, el Ejecutivo y el gobierno local, CNE continuará brindando nuestro conocimiento y experiencia para ayudar a encontrar una solución responsable y sostenible.