La semana pasada, la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) publicó un informe de 45 páginas que detalla las múltiples instancias en las que el liderazgo político de la Oficina de Administración y Presupuesto, un componente crítico dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente, intencionalmente retrasó la ayuda pos desastre. Para muchos fue espantoso escuchar cómo el gobierno federal intencionalmente se demoraba en ayudar a Puerto Rico. Sin embargo, a medida que lo leí, me pareció más una explicación coherente de las muchas piedras en el camino con las que nos topamos cuando abogábamos por los fondos.
Por ejemplo, pocas semanas después de que el huracán María destruyera la isla, el ex director de la Oficina de Administración y Presupuesto federal, Mick Mulvaney, solicitó al Congreso que considerara buscar compensaciones alternas en el presupuesto para gastos inesperados, tales como ayudas posdesastre. Defendió esta solicitud indicando: “la Administración no buscó compensar las dos solicitudes complementarias anteriores que enviamos, consistente con nuestra política de verdaderas necesidades de emergencia. Sin embargo … creemos que es apropiado que el Congreso considere reducir el gasto en otros lugares para compensar lo que, nuevamente, será una cantidad significativa de gasto no presupuestado”. La solicitud por sí sola era espantosa. Si bien la asistencia por desastre a veces se había financiado con dinero ya existente de la agencia, el Fondo de Ayuda por Desastre de FEMA generalmente ha sido priorizado y financiado por el Congreso sin la necesidad de buscar compensar (“offset”) otros gastos. Las decisiones de brindar asistencia federal se basan no en la ideología de ningún individuo en particular, sino en la necesidad del estado completo y si el estado es capaz de atender esa necesidad sin asistencia federal.
En retrospectiva, tal vez todos deberíamos haber visto cómo la difamación pública de la isla por parte de la Administración Trump se utilizaría más tarde para justificar sus tácticas obstruccionistas. Entre las muchas demoras procesales, el presidente Trump también insinuó repetidamente que a Puerto Rico no se le debería dar más dinero porque, en última instancia, se desperdiciaría. Esas sugerencias no tan sutiles resumirían en última instancia la postura general de la Administración sobre la asistencia a Puerto Rico.
El informe de la Oficina del Inspector General, por lo tanto, ayuda a arrojar luz sobre muchas de las decisiones tácitas tomadas en los niveles más altos del gobierno y demuestra de manera concreta el impacto en el proceso general de asistencia por desastre.
Si bien es justo sugerir que existen oportunidades para garantizar mejores decisiones de financiamiento e inversión después de un desastre, una mayor intervención federal por sí sola no es política pública sensata. Primero, porque consume gran parte de los recursos disponibles diseñados para atender las necesidades, y además añade más capas innecesarias de burocracia a un proceso ya altamente complejo. Como dijimos en el pasado y reiteramos ahora, no se debe disfrazar el castigo como supervisión.