Centro para una Nueva Economía
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En el Centro para una Nueva Economía (CNE), al igual que el resto de Puerto Rico, hemos quedado conmocionados y visto con gran consternación los hechos recientes de violencia de género que han provocado la muerte de hermanas puertorriqueñas.
El desarrollo socioeconómico consiste, como bien nos recuerda el profesor Francisco Catalá, no solo en la producción de bienes y servicios, si no también en la eliminación o reducción de los males. No cabe duda que la violencia de género es uno de los males que más desasosiego y daño causa en nuestra sociedad. La mitad de nuestra población se levanta cada día con el terror de ser la próxima víctima de una violencia atroz, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inaceptable.
El CNE se dedica, mayormente, a estudiar asuntos económicos y fiscales. No somos expertos en violencia de género, ni pretendemos serlo. En Puerto Rico existen organizaciones, como Proyecto Matria, Taller Salud, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, La Colectiva Feminista en Construcción y la Coordinadora Paz para la Mujer, entre muchas otras, que han hecho diversas propuestas de política pública para desmantelar las instituciones y jerarquías patriarcales que producen y reproducen estos ciclos de violencia machista. Pero, si hay algo que hemos aprendido durante los últimos 23 años es que no importa cuán bien diseñadas estén las leyes, reglamentos, órdenes ejecutivas, lineamientos de política pública y programas gubernamentales, si no van acompañadas de la asignación de fondos públicos necesaria para su implementación y cumplimiento, es un esfuerzo en vano.
El presupuesto del país, por tanto, es una herramienta fundamental para la eliminación de males sociales. En teoría es un documento que debería enfocar la asignación de los escasos fondos públicos a atender las necesidades sociales más apremiantes. Desde esta perspectiva, el trámite presupuestario reciente entre la administración del gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Supervisión y Administración Fiscal para Puerto Rico (“JSAF”), resulta muy preocupante.
El gobierno de Puerto Rico publicó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021-22 el día 2 de febrero. Dicha propuesta incluía, al menos, dos partidas para comenzar a atender el problema de violencia de género en Puerto Rico.
Primero, la administración del gobernador Pierluisi propuso la creación de un fondo especial de $6 millones para atender la emergencia de la violencia de género, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (“OGP”), para “financiar iniciativas consistentes con la Orden Ejecutiva 2020-013, para proporcionar capacitación adicional a los empleados públicos y para iniciativas de educación ciudadana para enfrentar esta emergencia”. La JSAF, sin embargo, en una carta cursada al gobernador el 27 de abril, redujo dicha petición a $0.2 millones. A continuación la escueta respuesta de la JSAF, la cual presentamos en inglés para evitar disputas sobre la traducción:
- Special Fund to address the Gender Violence Emergency
- Government’s request: $7 million to fund initiatives for employees to respond more effectively to emergencies.
- Oversight Board’s corrective action: $0.2 million.
- Funding request for media and advertisements as requested by the agency. The agency should further evaluate other funding sources including ARP Act federal funding, available to cover the remainder of the $7.0 million.
No sabemos de donde surge la disparidad en el total de la propuesta, el documento de presupuesto dice que son $6 millones, la carta de la JSAF que son $7 millones. Pero, independientemente de la cantidad total, lo que resulta claro es que la JSAF descartó de plano dicha asignación sin mucho pensamiento y le sugirió al gobierno que intentara conseguir los fondos de algún programa del American Rescue Plan del gobierno federal.
La segunda partida que solicitó OGP fue de $3,634,591.05, para la Oficina de Fiscales, en específico para la “División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica [sic], Delitos Sexuales, Maltrato a Menores, Maltrato Institucional, y Programa ‘Drug Court’”. La JSAF aprobó la asignación de $2.8 millones para estos propósitos, pero no ofreció explicación alguna para justificar la reducción de dicha petición presupuestaria.
Más preocupante aún, a pesar de los reclamos de diversos sectores para atender la emergencia causada por la violencia de género, la JSAF consideraba la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2022, por ejemplo, como lo suficientemente importantes para asignarle $50 millones, pero le asignan solo $3 millones (de aproximadamente $10 millones que se habían incluido en el presupuesto propuesto) a los programas relacionados con la violencia de género. Por tanto, si nos dejamos llevar entonces por el documento de presupuesto y la respuesta de la JSAF, la celebración de unos juegos regionales en Mayagüez era más importante y tenía una prioridad más alta que dos programas que apenas comienzan a atender el problema crónico de violencia de género en Puerto Rico. En fin, todo este episodio demuestra como las decisiones presupuestarias de la JSAF muchas veces no reflejan las necesidades y prioridades de nuestro pueblo.
Recientemente, la JSAF anunció que estaba aprobando la petición presupuestaria de $7 millones de dólares para comenzar a atender la violencia de género en Puerto Rico. Esto es un buen primer paso, necesario pero insuficiente. Entendemos que eliminar la violencia de género es un esfuerzo que tomará años, tal vez, décadas. Se necesitan programas de apoyo económico, psicológico, social y de salud a corto plazo, así como recursos especializados para atender los reclamos de protección que hacen decenas de mujeres a diario. Además, y de manera paralela, hay que implementar un ambiente educativo para generar la equidad de género a largo plazo, para cambiar las representaciones y expectativas de la masculinidad tradicional; desmantelar discursos, mensajes y estereotipos que presentan a la mujer como inferior al hombre; problematizar las desigualdades económicas, políticas y sociales que enfrentan las mujeres; y promover la igualdad entre los géneros en “todos los análisis, espacios sociales y políticas públicas”.
Ese esfuerzo no será exitoso, a menos que cuente con los fondos públicos recurrentes para su implementación a largo plazo. El presupuesto del país tiene que reflejar nuestras prioridades y se tienen que asignar fondos suficientes para comenzar el esfuerzo generacional que se necesita para acabar con la violencia de género. Por algún lugar hay que comenzar. Es cuestión de prioridades.