PROMESA: 驴Un experimento colonial fallido?

PROMESA: 驴Un experimento colonial fallido?

Publicado el 29 de junio de 2021 / Read in English

Director de Investigaci贸n
Director de Pol铆tica P煤blica
Directora - Oficina de Washington, D.C.
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Introducci贸n

El 30 de junio de 2016, el presidente Obama promulg贸 el Puerto RicoOversight, Management, and Economic Stability Act聽(鈥淧ROMESA鈥, por sus siglas en ingl茅s). En ese momento, la econom铆a puertorrique帽a hab铆a dejado de crecer durante aproximadamente una d茅cada; el gobierno central hab铆a incurrido en d茅ficits presupuestarios cr贸nicos durante a帽os; la deuda total en bonos de la isla de $72,000 millones exced铆a su producto nacional bruto; el sistema de pensiones del gobierno estaba insolvente, a帽adiendo $55,000 millones adicionales a las obligaciones a largo plazo de Puerto Rico; y el gobernador hab铆a declarado que la deuda de la isla era “impagable” en 2015.

Cinco a帽os despu茅s de la promulgaci贸n de PROMESA, una junta de supervisi贸n financiera no elegida todav铆a controla la pol铆tica fiscal de Puerto Rico, dos tercios de la deuda en bonos del gobierno central de aproximadamente $53,000 millones a煤n no se ha reestructurado y su econom铆a a煤n est谩 estancada, incluso cuando la isla se encuentra en medio de un complejo proceso para recuperarse del hurac谩n Mar铆a y la pandemia de COVID-19.

En este escrito, analizamos los eventos que llevaron a la promulgaci贸n de PROMESA y c贸mo se ha implementado. Al mirar hacia atr谩s y examinar los hechos desde 2016, la conclusi贸n ineludible es que el r茅gimen de bancarrota territorial establecido por esa ley no ha logrado la mayor铆a de los objetivos planteados por sus autores.

El preludio a PROMESA: la saga del Cap铆tulo 9

En junio de 2015, el gobierno de Puerto Rico admiti贸 p煤blicamente que la carga de su deuda era insostenible, despu茅s de a帽os de: (1) sobrestimar los ingresos fiscales; (2) subestimar o disfrazar gastos; (3) ocultar d茅ficits presupuestarios; (4) corrupci贸n gubernamental generalizada; y (5) depender de trucos de contabilidad, reembolsos a plazo, refinanciamientos retroactivos, 鈥渟waps鈥 de varias clases, pagos de intereses capitalizados y otros arreglos de liquidez costosos a corto plazo.

Si bien es cierto que la capacidad de Puerto Rico para pagar su deuda depend铆a en 煤ltima instancia de restaurar el crecimiento econ贸mico en la isla, el gobierno se dio cuenta de que no pod铆a haber recuperaci贸n econ贸mica sin sostenibilidad de la deuda y que eso, a su vez, no era posible sin una reestructuraci贸n significativa de al menos parte de la deuda. En ese momento, sin embargo, Puerto Rico no ten铆a acceso a un mecanismo organizado, ni local ni federal, para reestructurar su endeudamiento p煤blico.

Para lograr esa reestructuraci贸n, tanto la administraci贸n de Obama como el gobierno de Puerto Rico presionaron al Congreso buscando la promulgaci贸n de una legislaci贸n que autorizara al gobierno de Puerto Rico permitir que sus agencias, instrumentalidades y municipios en dificultades se declararan en bancarrota bajo el Cap铆tulo 9 del C贸digo de Quiebras de EE.UU.

Sin embargo, obtener la protecci贸n del Cap铆tulo 9 para Puerto Rico fue pol铆ticamente imposible porque los cabilderos de los acreedores ya hab铆an cerrado el acceso a los Comit茅s de Asuntos Judiciales, tanto en la C谩mara como en el Senado, que tienen jurisdicci贸n primaria sobre asuntos relacionados a quiebras. [Leer m谩s]

La promulgaci贸n de PROMESA

Entonces, si Puerto Rico iba a recibir alg煤n alivio de sus acreedores, tendr铆a que trabajar a trav茅s de otros comit茅s del Congreso. Los candidatos obvios eran el Comit茅 de Recursos Naturales de la C谩mara y el Comit茅 de Energ铆a y Recursos Naturales del Senado, que tienen jurisdicci贸n primaria sobre Puerto Rico de conformidad con el Art铆culo IV, Secci贸n 3 de la Constituci贸n de los Estados Unidos, que otorga al Congreso el poder de disponer de y establecer todas las reglas y regulaciones necesarias para sus territorios.

Actuando bajo esta amplia concesi贸n de poderes, el Congreso cre贸 un r茅gimen territorial de quiebras que consiste, en t茅rminos generales, de dos elementos: (1) el establecimiento de una junta de control fiscal con amplios poderes para imponer disciplina fiscal en el territorio, en este caso, Puerto Rico y (2) un proceso supervisado por la corte para el ajuste ordenado de las deudas y obligaciones del territorio. Este doble enfoque de la quiebra territorial es lo que el difunto juez Torruella denomin贸 el 鈥渆xperimento PROMESA鈥. Un experimento legal infligido al cuerpo pol铆tico puertorrique帽o hecho posible por el estatus colonial de Puerto Rico.

En general, el origen del experimento PROMESA se remonta al establecimiento de juntas de control fiscal por parte de los gobiernos estatales para gestionar las crisis financieras a nivel de ciudad, municipio y condado, sobre todo en los casos de la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Washington, D.C. y Detroit, entre otras jurisdicciones.

Estas juntas generalmente asumen las funciones de formulaci贸n de pol铆ticas fiscales y financieras de las ciudades o municipios, con el objetivo de tomar las 鈥渄ecisiones pol铆ticamente dif铆ciles鈥 necesarias para salir de la crisis y que, presuntamente, los pol铆ticos elegidos democr谩ticamente no quisieron o no pudieron tomar. No hace falta decir que estas juntas son extremadamente mal vistas y con frecuencia se las acusa de pr谩cticas antidemocr谩ticas.

Sin embargo, en un art铆culo titulado Dictatorships for Democracy: Takeovers of Financially Failed Cities, publicado en 2014, el profesor Clayton Gillette, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, argument贸 que

Las juntas administrativas con poderes casi dictatoriales, incluidos las que coaccionan o desplazan la autoridad de los funcionarios locales electos, pueden ser el medio m谩s eficaz de abordar las deficiencias y las consecuencias de la pol铆tica normal … El modelo m谩s pol茅mico que propongo aqu铆 … permitir铆a amplia reestructuraci贸n de la gobernanza por parte de la junta de gobernanza para sacar a la localidad de un patr贸n arraigado de toma de decisiones costosa y desfragmentada.

El profesor Gillette luego ampli贸 su tesis Schmittiana聽en la publicaci贸n, con el profesor David Skeel de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania y actualmente miembro y presidente de la Junta de Supervisi贸n y Administraci贸n Financiera para Puerto Rico, Governance Reform and the Judicial Role in Municipal Bankruptcy, en el que los autores sostienen que los procedimientos de quiebra municipal no deben limitarse a la reestructuraci贸n de la deuda, sino que tambi茅n deben reformar la estructura de gobierno del deudor, dado que, en su opini贸n, las dificultades fiscales suelen ser producto de una disfunci贸n en la gobernanza. En resumen, abogaron por una especie de “atragantamiento” (鈥渃ramdown鈥) de reformas de gobernanza en los gobiernos con dificultades financieras.

Finalmente, el 15 de marzo de 2016, estos defensores de la gobernanza autoritaria en nombre de la prudencia fiscal publicaron un art铆culo titulado 鈥A Two-Step Plan for Puerto Rico鈥, en el que se esbozaban los principales elementos de lo que eventualmente se conocer铆a como PROMESA. Seg煤n el profesor Skeel en una entrevista con la revista The Nation, lo que hizo el Congreso “se parece bastante a lo que est谩bamos proponiendo”.

PROMESA, entonces, fue promulgada como un compromiso pol铆tico entre la administraci贸n dem贸crata y la mayor铆a republicana en el Congreso, aparentemente para abordar los problemas fiscales y econ贸micos de Puerto Rico. A corto plazo, la ley buscaba suspender las demandas de los acreedores exigiendo el pago de la deuda de Puerto Rico; proporcionar un mecanismo para la reestructuraci贸n r谩pida y organizada de las obligaciones de la isla; y darle al gobierno de Puerto Rico un respiro para reorganizar sus finanzas mientras continuaba brindando servicios al pueblo de Puerto Rico.

A mediano plazo, PROMESA proporcion贸 un mecanismo para que Puerto Rico recuperara el acceso a los mercados de capitales a tasas razonables e implementara nuevos controles presupuestarios que eliminar铆an los d茅ficits presupuestarios cr贸nicos, al tiempo que permitir铆a la aprobaci贸n e implementaci贸n aceleradas de 鈥減royectos clave鈥 para el crecimiento econ贸mico.

A cambio de eso, el Congreso exigi贸 un ojo de la cara: la pol铆tica fiscal de la isla ser铆a ejercida por una Junta de Supervisi贸n y Administraci贸n Financiera (“JSAF”) no democr谩tica y no elegida nombrada por el presidente de los Estados Unidos de una lista de candidatos presentada por el Liderazgo del Congreso. Ese fue el trato que el Congreso le dio a sus s煤bditos coloniales: reestructuraci贸n de la deuda a cambio de la p茅rdida del control pol铆tico sobre el gasto p煤blico, los impuestos y el endeudamiento.

En 2016, CNE no respald贸 el proyecto de ley que eventualmente se convirti贸 en PROMESA porque 鈥渃re[铆amos] que los costos pol铆ticos asociados con la parte de supervisi贸n del proyecto de ley [eran] extremadamente altos y bastante contingentes, mientras que los beneficios que se derivar铆an de la reestructuraci贸n de la deuda [eran] bastante inciertos y dependientes de la implementaci贸n exitosa de un nuevo y complicado proceso de reestructuraci贸n de la deuda territorial, que combina principios extra铆dos tanto del C贸digo de Quiebras de EE.UU. como del 谩mbito de la reestructuraci贸n de la deuda soberana”.

Cinco a帽os m谩s tarde

Despu茅s de cinco a帽os de PROMESA y la JSAF, el tiempo ha comprobado, desafortunadamente, que nuestra evaluaci贸n inicial fue esencialmente correcta. Para ser justos, Puerto Rico ha tenido un respiro de las reclamaciones de los bonistas y ha podido gastar dinero que de otra manera se habr铆a destinado al servicio de la deuda. Sin embargo, la suspensi贸n de los litigios no se aplic贸 a otros reclamos legales (no relacionados al pago de la deuda) mientras que el proceso de reestructuraci贸n de la deuda, aunque ordenado, ha sido extremadamente lento y costoso. Con respecto a las metas m谩s a largo plazo de PROMESA, a煤n nos falta mucho para recuperar el acceso a los mercados de capitales y balancear nuestros presupuestos. Mientras tanto, una “dictadura para la democracia” no elegida sigue tomando decisiones cruciales para el futuro de Puerto Rico.

Si bien han sucedido muchas cosas desde 2016, y aunque la JSAF puede argumentar razonablemente que algunos de los eventos que han ocurrido desde junio de 2016 estaban fuera de su control, sus acciones hasta la fecha refuerzan el argumento presentado por CNE en ese entonces, que PROMESA no proporcionar铆a la plataforma para lograr la estabilidad pol铆tica, econ贸mica y social. Si PROMESA se redact贸, como dijeron algunos funcionarios del gobierno en 2016, para trazar un camino sostenible hacia adelante, entonces la conclusi贸n es que el camino actual est谩 lejos de ser sostenible. Peor a煤n, toda una serie de propuestas hechas por el organismo financiero en su Plan Fiscal m谩s reciente sugiere que los propios miembros de la JSAF no entienden muy bien c贸mo sus recortes generalizados en el gobierno continuar谩n obstaculizando cualquier posibilidad de 茅xito para la isla.

El precedente de la Troika

De entrada, debemos reconocer que no son pocos los pa铆ses y jurisdicciones que se han enfrentado a situaciones similares. Imposiciones de reg铆menes de cobros, ajustes de deuda y reclamos de “disciplina fiscal” se han expresado desde la antig眉edad y bajo diversos sistemas pol铆ticos. Desde el impago de los municipios griegos en el siglo IV antes de la era cristiana, hasta la toma estadounidense de las aduanas dominicanas en 1904 y la quiebra de Detroit en el siglo XXI, los episodios de despilfarro, desorden y ajuste de cuentas de los prestamistas abundan.

En ese contexto, la experiencia de Grecia nos ofrece un andamio anal铆tico para evaluar PROMESA y el trabajo de la JSAF. En 2015, despu茅s de a帽os de negociaciones con instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional – la infame Troika – que resultaron en pr茅stamos a cambio de la implementaci贸n de pol铆ticas crueles de austeridad y la presencia de tecn贸cratas europeos en ministerios clave, los griegos decidieron romper cuarenta a帽os del bipartidismo al elegir a los l铆deres de Syriza para el parlamento.

Sin embargo, desde el principio, la Troika pidi贸 m谩s recortes en todas las 谩reas clave y m谩s privatizaciones. En la jerga de los tecn贸cratas europeos, los griegos ten铆an que: (1) generar un super谩vit primario del 4.5% para cumplir con sus obligaciones crediticias y poder volver a pedir prestado en los mercados globales; (2) recortar los beneficios excesivos a los jubilados p煤blicos; (3) reducir el salario m铆nimo para restaurar la competitividad; y (4) privatizar activos clave, pero costosos de administrar, como puertos y otras empresas p煤blicas. La l贸gica subyacente era simple: seguir esta receta implicaba actuar con sabidur铆a fiscal para dejar atr谩s los buenos tiempos del champ谩n y las rosas. Cualquier similitud con nuestro caso no es una coincidencia.

Lo que el plan de la Troika no articul贸 ni revel贸 expl铆citamente fue la dimensi贸n pol铆tica y las inclinaciones ideol贸gicas de las propuestas. El super谩vit primario -que implica un balance positivo entre los ingresos y gastos del gobierno, sin considerar la deuda- asegurar铆a el pago a los acreedores, pero servir铆a para arruinar la econom铆a a trav茅s de una contracci贸n de la actividad econ贸mica, gracias a recortes presupuestarios y aumentos de impuestos que ser铆an necesarios. Por otro lado, el monto de la deuda permanecer铆a intacto. Se exprimir铆a hasta la 煤ltima gota de la gente para evitar una renegociaci贸n. La propuesta demostr贸 claramente que los intereses de los acreedores superaban el bienestar socioecon贸mico de 11 millones de griegos. En resumidas cuentas, cada una de las propuestas ostensiblemente sensibles y modestas de la Troika estuvo marcada con la l煤gubre mancha de la ideolog铆a neoliberal.

驴Qu茅 ha logrado PROMESA? – Una Troika tropical

Operando bajo la presunci贸n autoritaria de que un organismo independiente tomar铆a las decisiones “dif铆ciles” necesarias para poner la “casa fiscal en orden”, la JSAF ha seguido esencialmente la f贸rmula de la Troika en un contexto colonial, empujando grandes recortes presupuestarios, aumentos de impuestos relativamente peque帽os, 鈥渞eformas estructurales鈥 en 谩reas clave como energ铆a, educaci贸n y leyes laborales, al tiempo que acuerdan transacciones de reestructuraci贸n de la deuda que muchos analistas consideran insostenibles.

El contexto colonial es importante aqu铆 por dos razones. En primer lugar, como sostiene el juez Torruella en un ensayo publicado en el Harvard Law Review Forum en 2018, el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo cuatro importantes experimentos de gobernanza en la isla a trav茅s de varios mecanismos legales: la Ley Foraker a principios del siglo XX, luego la Ley Jones en 1917, la creaci贸n del estado libre asociado en 1952 y la adopci贸n de la ley PROMESA en 2016.

Torruella sostiene que estos movimientos han servido para perpetuar una relaci贸n colonial asim茅trica que viola los derechos humanos de los habitantes de la isla y es la base de nuestro declive econ贸mico. As铆, el experimento de gobernanza m谩s reciente desarrollado con PROMESA se basa en una l贸gica similar a la aplicada en Washington, D.C. (d贸nde la mayor铆a son negros) durante su crisis fiscal: los puertorrique帽os no pueden gobernarse a s铆 mismos, por lo que el gobierno federal debe imponerse y designar un peque帽o grupo de tecn贸cratas para poner la casa en orden. En este sentido, PROMESA se basa en la misma mentalidad colonial adoptada por el Congreso despu茅s de la Guerra Hispanoamericana y ratificada por la Corte Suprema en los Casos Insulares: los puertorrique帽os son una raza 鈥渁jena鈥 e 鈥渋ncivilizada鈥, incapaz de gobernarse de acuerdo con los “principios anglosajones de gobernanza”.

En segundo lugar, la imposici贸n de pol铆ticas tipo Fondo Monetario Internacional (“FMI”), como las pol铆ticas de austeridad fiscal, no tiene ning煤n sentido en un contexto colonial (dejando de lado la cuesti贸n de si alguna vez tiene sentido) porque, en contraste con otras jurisdicciones que podr铆an complementar esas pol铆ticas ya sea con una devaluaci贸n de la moneda para impulsar las exportaciones o con pr茅stamos de liquidez de emergencia negociadas con instituciones multilaterales internacionales, Puerto Rico, debido a su condici贸n colonial, no puede devaluar su moneda ni tiene acceso a dichas facilidades de liquidez de emergencia. Por lo tanto, la JSAF ha insistido en imponerle a Puerto Rico una camisa de fuerza de pol铆tica de austeridad similar al FMI sin brindar ninguno de los escasos beneficios que suelen acompa帽ar a los programas de condicionalidad del FMI.

Seg煤n Mark Blyth, profesor de Econom铆a Pol铆tica Internacional en la Universidad de Brown, 鈥渓a austeridad es una forma de deflaci贸n voluntaria en la que la econom铆a se ajusta mediante la reducci贸n de salarios, precios y gasto p煤blico para restaurar la competitividad, que (supuestamente) se logra mejor reduciendo el presupuesto, las deudas y los d茅ficits del estado”. Desde sus inicios, la Junta ha mantenido una agenda de austeridad en Puerto Rico sin 茅xito.

Esta agenda de austeridad tambi茅n ha resultado ser bastante inconsistente. Por ejemplo, si bien la JSAF ordena la reducci贸n de personal en casi todas las agencias gubernamentales, tambi茅n ha otorgado una serie de contratos a consultores externos y cabilderos. La Junta tambi茅n argumenta que la ayuda federal por desastre proporcionar谩 un gran est铆mulo a la econom铆a de Puerto Rico, sin embargo, la ayuda solo est谩 destinada a compensar lo da帽ado o destruido y contin煤a severamente atrasada. Sin embargo, la Junta ha ignorado consistentemente las advertencias de que sus medidas basadas en la austeridad no est谩n dando resultado.

Adem谩s, cuando se redact贸 PROMESA en 2016, exist铆a una gran preocupaci贸n por los efectos perjudiciales que las altas tasas de rotaci贸n de personal en las agencias gubernamentales tendr铆a en su memoria institucional. Por lo tanto, la JSAF se cre贸 bajo la noci贸n de que contratar铆a personal y desarrollar铆a su capacidad t茅cnica internamente. Pero la JSAF nunca lo ha hecho. Mientras que, en un extremo de la ecuaci贸n, la JSAF ha estado destruyendo la capacidad del gobierno; por otro lado, han proyectado que los gastos por honorarios de asesores legales y financieros entre los a帽os fiscales 2018-2026 exceder谩n los $1,500 millones, muy por encima del costo estimado de la Oficina de Presupuesto del Congreso de $370 millones entre los a帽os fiscales 2017-2026. Como tal, Puerto Rico est谩 a punto de convertirse en una de las quiebras municipales m谩s caras de la historia.

Adem谩s, debido a que muchos de los vac铆os que dejan los recortes de personal en el gobierno se llenan con consultores externos, lo que tenemos ahora es esencialmente un gobierno paralelo con un conjunto completamente nuevo de gastos in煤tiles. En lugar de emplear personal local interno como una forma de desarrollar experiencia t茅cnica duradera en Puerto Rico y fomentar el talento local, la JSAF ha optado por gastar en consultores externos, cabilderos y asesores, erosionando a煤n m谩s la capacidad de Puerto Rico para deshacerse del organismo de control financiero y para implementar con 茅xito un programa de recuperaci贸n a largo plazo. Debemos recordar que Puerto Rico es la 煤nica jurisdicci贸n, que nosotros sepamos, que est谩 pasando por una crisis fiscal/de deuda (como Detroit) y una reconstrucci贸n complicada despu茅s de un gran desastre natural (como Nueva Orleans despu茅s de Katrina), todo al mismo tiempo.

Finalmente, el proceso del T铆tulo V para identificar e implementar 鈥減royectos cr铆ticos鈥 de alto valor parece haber sido descartado por la JSAF. En 2016, el crecimiento econ贸mico bajo esta r煤brica fue uno de los tres pilares centrales de PROMESA, junto con la reestructuraci贸n de la deuda y los presupuestos equilibrados. Sin embargo, parece que la JSAF ha sustituido la inversi贸n de capital que se supon铆a que se generar铆a utilizando los procedimientos del T铆tulo V por sus 鈥渞eformas estructurales鈥. Si es as铆, la recompensa de ese intercambio a煤n est谩 por verse.

El largo y sinuoso camino hacia el adi贸s

El art铆culo 209 de PROMESA establece lo siguiente:

Una Junta de Supervisi贸n cesar谩 sus operaciones una vez esta misma Junta de Supervisi贸n certifique que-

    1. el gobierno del territorio correspondiente tiene el acceso adecuado a los mercados de cr茅dito de corto y largo plazo y a intereses razonables para satisfacer las necesidades crediticias del gobierno del territorio; y
    2. por lo menos por 4 a帽os fiscales consecutivos鈥
      a. el gobierno del territorio ha elaborado sus presupuestos en conformidad con los est谩ndares modificados de contabilidad de valores devengados; y
      b. los gastos efectuados por el gobierno del territorio durante cada a帽o fiscal no exceden los ingresos del gobierno del territorio durante dicho a帽o, de acuerdo con los est谩ndares modificados de contabilidad de valores devengados.

La JSAF ha dividido estos requisitos legales en varios pasos operativos que considera necesarios para lograr los requisitos legales para su terminaci贸n, pero cinco a帽os despu茅s de la promulgaci贸n de PROMESA, el progreso hacia el logro de esos objetivos ha sido lento. El cuadro a continuaci贸n establece estos pasos operativos y el progreso en su implementaci贸n:

Fuente: JSAF, Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico, 23 de abril, 2021

Con respecto a la reestructuraci贸n de la deuda, que es imperativa para lograr una carga de deuda sostenible a largo plazo, ha habido avances parciales. Seg煤n el Plan Fiscal para el Estado Libre Asociado m谩s reciente, 鈥測a se ha completado la reestructuraci贸n de m谩s de un tercio de la deuda pendiente, por un total de $27,000 millones, se han anunciado acuerdos de apoyo al plan por $35,000 millones en reclamaciones y m谩s de $50,000 millones en obligaciones de pensiones”. Por lo tanto, despu茅s de cinco a帽os ha habido algunos avances en este frente, lentamente, pero se ha avanzado algo.

Sin embargo, para recuperar el acceso a los mercados de capital a tasas razonables, Puerto Rico necesita estar al d铆a en sus informes financieros. En 2016, hubo mucho crujir de dientes en el Congreso y de los entonces candidatos Ricardo Rossell贸 y Pedro Pierluisi sobre las demoras de Puerto Rico en publicar sus estados financieros auditados. Bueno, cinco a帽os despu茅s, la JSAF informa que 鈥渆l Gobierno de Puerto Rico a煤n tiene que producir un Informe Financiero Anual Completo (鈥淚FAC鈥) para los a帽os fiscales 2018-2020鈥. En t茅rminos sencillos, esto significa que Puerto Rico a煤n tiene que publicar los estados financieros auditados de los 煤ltimos tres a帽os fiscales. En este tema, por tanto, el avance ha sido nulo.

Antes de PROMESA, Puerto Rico ten铆a una larga historia de exagerar y subestimar los ingresos, declarar err贸neamente o no declarar todos sus gastos en un a帽o en particular. El uso generalizado de trucos contables permiti贸 a los gobiernos presentar presupuestos que parec铆an estar equilibrados, pero, de hecho, generaron d茅ficits presupuestarios constantes y obligaron a recurrir al financiamiento deficitario.

Para evitar el regreso a las viejas artima帽as presupuestarias, PROMESA requiere que Puerto Rico desarrolle e implemente un presupuesto de acuerdo con 鈥渆st谩ndares modificados de contabilidad de acumulaci贸n por cuatro a帽os consecutivos鈥. Seg煤n la JSAF, este m茅todo contable 鈥渆s m谩s conservador, ya que requiere el reconocimiento de ingresos cuando son mensurables y los pagos prometidos cuando se incurre en pasivos. En consecuencia, los libros y registros presentar谩n una imagen m谩s realista de los gastos y ayudar谩n a Puerto Rico a evitar el gasto excesivo y presentar谩n una imagen financiera precisa a los administradores del gobierno, los contribuyentes y otras partes interesadas鈥.

Sin embargo, como se muestra en la tabla anterior, “lamentablemente, el Gobierno a煤n no ha demostrado un progreso significativo en muchos de los requisitos clave para la eliminaci贸n de la Junta de Supervisi贸n Fiscal”. Sin embargo, creemos que es poco sincero que la JSAF culpe al gobierno de Puerto Rico por su falta de avance en este tema, cuando, al mismo tiempo, est谩 implementando pol铆ticas que limitan la capacidad del mismo gobierno para satisfacer este requisito. El cambio de una base de efectivo a un m茅todo de contabilidad de acumulaci贸n modificada requiere capacitaci贸n de los empleados, la adquisici贸n de nueva tecnolog铆a de la informaci贸n y la implementaci贸n de nuevos m茅todos, operaciones y procedimientos de cumplimiento. Todo eso, a su vez, requiere la asignaci贸n de nuevos recursos.

Conclusi贸n

Cinco a帽os despu茅s de la promulgaci贸n de PROMESA, encontramos que no ha logrado la mayor铆a de los objetivos establecidos por sus autores. En el lado positivo, Puerto Rico se ha beneficiado de la suspensi贸n de los litigios y la moratoria en el pago de la deuda, mientras que PROMESA tambi茅n ha proporcionado cierto control, transparencia y visibilidad sobre los gastos gubernamentales. Sin embargo, cinco a帽os despu茅s, aproximadamente 2/3 de la deuda en bonos no se ha reestructurado; no se han aprobado proyectos cr铆ticos para el desarrollo econ贸mico; los estados financieros auditados todav铆a tienen tres a帽os de atraso; el cambio a presupuestos sobre una base de contabilidad de acumulaci贸n (o devengo) modificada es un trabajo en proceso; y el presupuesto del gobierno todav铆a est谩 desequilibrado.

Adem谩s, la insistencia de la JSAF en recortes de gastos en vez de la eliminaci贸n de exenciones fiscales, ha generado una ansiedad e incertidumbre indebidas entre la poblaci贸n y puede haber da帽ado permanentemente instituciones importantes para el desarrollo econ贸mico de Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico. Por lo tanto, como dijimos en 2016, los costos econ贸micos, pol铆ticos y sociales asociados con el experimento colonial PROMESA han sido extremadamente altos y expl铆citos, mientras que los beneficios que pudimos haber derivado de 茅l han sido peque帽os y la mayor铆a siguen siendo bastante inciertos y contingentes.

En resumen, PROMESA ha sido, en palabras del juez Torruella, 鈥渆l cuarto intento del Congreso de cortar el nudo gordiano puertorrique帽o en su interminable intento de gobernar colonialmente a Puerto Rico y su pueblo鈥 y, en nuestra opini贸n, ha fracasado. Quiz谩s es hora de que Estados Unidos 鈥渁cepte que su relaci贸n con sus ciudadanos que residen en Puerto Rico es una flagrante violaci贸n de sus derechos civiles. Los d茅ficits democr谩ticos inherentes a esta relaci贸n ponen en duda su legitimidad y requieren que sea atacada de frente y corregida ‘con toda la velocidad deliberada’鈥.