Sergio M. Marxuach

Vivimos en un mundo complicado. Cuando nos enfrentamos a esa realidad, es de esperarse que las personas sobre-simplifiquen lo que en verdad son problemas sumamente complejos. Entonces, dividimos las soluciones a los problemas económicos, políticos o sociales en dos grupos y con un suspiro de alivio nos posicionamos a favor de este conjunto de soluciones y en contra de aquel otro grupo de propuestas.

Esta es precisamente la situación con respecto al acuerdo de alianza público-privada entre el gobierno de Puerto Rico y LUMA. Tras 15 meses de operación, es claro que el desempeño de LUMA no está a la altura de las expectativas. Hasta ahora LUMA: ha excedido sus presupuestos; no ha cumplido con las métricas clave de rendimiento en cuanto a la duración y la frecuencia de los apagones; está atrasada en el cumplimiento de ciertos objetivos de mantenimiento (por ejemplo, el control del crecimiento de la vegetación alrededor de las líneas importantes); y ha mostrado poca evidencia de que esté logrando los ahorros que alegó que generaría con una administración más eficiente del sistema de transmisión y distribución (“Sistema de T&D”). Esto es inaceptable y corresponde al gobierno defender los intereses del pueblo puertorriqueño.

Sin embargo, esta no es la historia completa. Aunque simpatizamos y apoyamos plenamente que se exija un servicio eléctrico asequible y fiable en Puerto Rico, la realidad objetiva es que no se puede culpar a LUMA de todos nuestros problemas de energía eléctrica. El Sistema de T&D, si bien es funcional, se encuentra en un estado frágil desde 2018 cuando finalizaron las reparaciones de emergencia relacionadas con los daños causados por el huracán María.

Además, la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”), exceptuando un puñado de unidades adaptadas para quemar gas natural, no ha sido modernizada. Se sigue dependiendo mayormente del petróleo y el diésel para la generación de electricidad. Esto significa que Puerto Rico está a la merced de los mercados del petróleo y el gas natural, que se han visto perturbados recientemente por la rápida recuperación de la actividad económica que se afectó por la pandemia de COVID-19, el crecimiento rápido de la demanda energética relacionado con el aumento post-pandémico en el consumo de bienes manufacturados (en lugar de servicios) y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Por lo tanto, una porción de los apagones, al menos los relacionados con el estado remendado de la red, y los aumentos en las facturas, que son en su mayoría, por no decir en su totalidad, una función de los aumentos de los costos del combustible, no pueden ser debidamente imputados a LUMA.

Ante esta complicada realidad, el gobierno de Puerto Rico tiene varias opciones, algunas de las cuales exploramos y explicamos en nuestro informe de Política Pública más reciente.

Quizás la más sencilla, en términos procesales, sería simplemente no solicitar la extensión del período interino de operación que finaliza el 30 de noviembre. El Acuerdo Suplementario actualmente en vigor establece la cancelación automática de ambos acuerdos (tanto el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (“Acuerdo de O&M”) como el Acuerdo Suplementario) en esa fecha, a menos que el gobierno de Puerto Rico solicite extender su efectividad.

Sin embargo, cada solución propuesta conlleva consecuencias que deben ser analizadas de antemano para evitar errores o empeorar lo que ya es una situación difícil. Por ejemplo, en el caso del vencimiento automático de los acuerdos conforme a la Sección 7.2(c)(i) del Acuerdo Suplementario, la AEE tendría que pagar a LUMA una tarifa de cancelación de $115,000,000 en dólares de 2020, ajustados por inflación (véase la Sección 4.2(d) del Acuerdo Suplementario).

Otro problema con este y cualquier otro escenario de cancelación, es que parece que no hay candidatos para ser el operador sustituto del Sistema de T&D. ¿Quién se encargará entonces del Sistema de T&D de Puerto Rico?

Devolver la operación del Sistema de T&D a la AEE, una corporación extremadamente corrupta e ineficiente, sería un retroceso, en vez de progreso hacia el cumplimiento de los objetivos energéticos de Puerto Rico.

La alternativa, buscar un nuevo operador según la ley P3 de Puerto Rico sería un proceso engorroso que podría durar hasta dos años. Dada la experiencia con LUMA, nos parece muy poco probable que muchas empresas de talla mundial hagan fila para ocupar su lugar como operador con los mismos términos y condiciones de LUMA. En todo caso, cualquier empresa interesada probablemente buscaría condiciones aún más favorables que las establecidas actualmente en el Acuerdo de O&M.

Además, hay que tener en cuenta el impacto que la cancelación del Acuerdo de O&M pudiera tener sobre el desembolso de los fondos de FEMA y CDBG-DR asignados para la reconstrucción de la red.

En fin, es igual de irresponsable conceder a LUMA un cheque en blanco como lo es cancelar el Acuerdo de O&M sin identificar un operador sustituto viable. Por lo tanto, parece que el escenario más práctico es lograr que el Acuerdo de O&M funcione. Para lograr eso, el gobierno de Puerto Rico tiene que aumentar la presión sobre LUMA para que mejore su desempeño. Eso se podría hacer de varias maneras, ya sea reteniendo una parte de la Tarifa de Servicio pagadera a LUMA para obligarla a negociar bajo el mecanismo de Resolución de Disputas del Acuerdo de O&M o contratando a una firma independiente de ingenieros de clase mundial, sin conexiones comerciales o políticas con Puerto Rico, para supervisar el desempeño de LUMA.

Por último, advertimos a nuestros lectores que no crean a aquellos que ya están vendiendo soluciones fáciles y ofreciendo falsas esperanzas con la expectativa de obtener beneficios financieros o políticos, o ambos. No hay soluciones mágicas para los problemas energéticos de Puerto Rico. Se necesitarán años de trabajo duro y consistente para reconstruir el sistema y reducir las tarifas energéticas. No hay atajos, ni respuestas fáciles, ni salidas directas. La única opción es trabajar hasta lograrlo. De lo contrario, nos enfrentamos al desagradable prospecto de más años de declive económico y el estancamiento social que eso conlleva.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 17 de septiembre de 2022.