El huracán Fiona ha causado el colapso del sistema de energía de Puerto Rico, otra vez. Después de la tormenta, la isla esencialmente ha tenido que reactivar su sistema energético de lo que en la industria se llama un “blackstart”, que es el término técnico que describe el proceso de reactivar el sistema de generación energética luego de un apagón total.
Lo triste es que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hemos hecho. Después de los estragos de María, se desarrolló una nueva visión para el sistema y se enmendaron leyes y reglamentos para actualizar las redes de transmisión y distribución y fomentar el uso de fuentes de energía renovable por parte de los consumidores. Puerto Rico ya cuenta con una visión de avanzada para el sector energético y la legislación y reglamentos para implementarla. También tenemos lineamientos claros para los reglamentadores con respecto a los objetivos ambientales, los estándares de energía renovable, la eficiencia energética y el manejo de la demanda energética.
Sabemos que, en términos de generación, las grandes instalaciones de generación con ciclos de recuperación de la inversión de más de 30 años son cada vez más una cosa del pasado. Sabemos también que, por el lado de la transmisión y distribución, la red debe evolucionar para incorporar de manera eficiente y confiable la generación distribuida con fuentes renovables, el uso de baterías a nivel de la red, así como al detal, para permitir el almacenamiento de electricidad cuando no se requiera su uso inmediato y así promover y aumentar el valor de los recursos de generación intermitente.
Sin embargo hemos fallado plenamente en la ejecución. Las reparaciones de emergencia por los daños causados por María al sistema finalizaron en el 2018. Desde entonces no hemos hecho nada, o muy poco, para rediseñar y modernizar nuestro sistema eléctrico. No debe sorprendernos, pues, que nos encontremos ante otro apagón general y con la necesidad de evacuar a pacientes de cáncer del centro más avanzado en Puerto Rico para su tratamiento. Esto es inaceptable.
El primer paso ahora después de Fiona es llevar a cabo una evaluación a fondo de los daños al sistema energético. Es imperativo saber qué partes fallaron, cuando, como y por qué. Una vez tengamos ese análisis, debemos aprovechar esta coyuntura para traer al siglo 21 el anquilosado sistema eléctrico de la isla. Dicho de otra manera, debemos utilizar el “blackstart” para dar un salto cualitativo de envergadura.
En segundo lugar hay que tener una conversación seria como país sobre este asunto e identificar dónde hemos fallado. Parte del problema es que la AEE está en quiebra, es sumamente ineficiente, ha sido botín de los partidos políticos por décadas, insiste en la utilización de combustibles fósiles como si estuviéramos en los años cincuenta y es tal vez la segunda agencia más corrupta del gobierno, después del Departamento de Educación. Si estuviéramos empezando desde cero esta no sería la organización que desearíamos estuviera a cargo del proceso.
Otro factor que explica la falta de progreso es que están corriendo concurrentemente varios procesos complejos que afectan el sistema eléctrico de Puerto Rico y parece que no hay nadie coordinándolos para evitar que lo que se hace por un lado no afecte adversamente lo que se hace por el otro. Entre estos procesos se encuentran: la reestructuración de la deuda de la AEE; la transferencia de la operación del sistema de transmisión y distribución a LUMA; la posible privatización de los activos de generación de la AEE; la lenta reconstrucción y modernización del sistema de transmisión y distribución; y la incorporación de fuentes renovables.
Estos procesos se han visto afectados por la multiplicidad de agencias federales y estatales con jurisdicción parcial sobre el sector energético de Puerto Rico, por ejemplo: el Departamento de Energía federal, FEMA, el Departamento de Vivienda federal, el NEPR, la AEE, LUMA, la Autoridad P3, el COR3, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, el Programa de Política Pública Energética de Puerto Rico en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un recientemente nombrado Secretario Auxiliar de la Gobernación a cargo de los asuntos energéticos, y la JSAF. Parece, pues, que ninguna entidad está a cargo del todo, ninguna agencia está realmente mirando el rompecabezas completo.
Finalmente, no debemos engañarnos, la reconstrucción de la red conlleva el gasto de mucho dinero. Entre FEMA y el Departamento de Vivienda federal han asignado casi $12,000 millones para este proyecto. Esto ha causado que muchas entidades, tanto con fines de lucro como ONG, estén presionando para obtener una porción de ese dinero, cada una exaltando las recomendaciones de sus “expertos” y las bondades de su “plan” para el sistema.
El resultado de todo lo anterior ha sido la parálisis total. Hay que dejar a un lado la política chiquita, sacar a los buscones de contratos del medio, identificar los obstáculos y cuellos de botellas que han impedido el progreso y repensar cómo vamos a implementar lo que ya sabemos tenemos que hacer. Basta ya de hospitales sin luz. Ha llegado la hora cero.
Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 20 de septiembre de 2022.