Director de Investigación
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En estos días calamitosos e inciertos, nos regresan a la mente los recuerdos de hace cinco años, cuando el huracán María atravesó por nuestro archipiélago y nos dejó patas arriba. Este período, que a veces se ha sentido como una eternidad y en otros momentos como si el tiempo se hubiese detenido, ha estado marcado por la desdicha, porque nos ha tocado sufrir los embates de una quiebra gubernamental, varios terremotos, una pandemia global, un sinnúmero de crisis en diversos ámbitos de la gestión estatal y otro huracán desastroso que apenas está de salida. De igual manera, durante esta media década hemos intentado recomponer al país a través de una serie de ejercicios de reconstrucción posdesastre que, desde la mirada más optimista, buscan sacarnos de la cotidianidad catastrófica en la cual hemos estado sumidos desde hace muchos años. Para esta tarea, actualmente contamos con miles de millones de dólares que se han invertido poco a poco, casi a cuentagotas, en una serie de proyectos que, lamentablemente, no han sido suficientes para protegernos de nuevas amenazas climáticas ni mucho menos encaminarnos a salir del lapachero socioeconómico y emocional en el que seguimos.
Ahora que nos tocará volver a estimar daños, hacer planes y ejecutar nuevas estrategias, nos viene bien recordar que poner en marcha una gran reconstrucción no es una tarea fácil porque se trata de un proceso altamente burocrático y reglamentado que, en el mejor de los casos, toma años para descifrar y ejecutar. En nuestro caso, la situación es aún más complicada porque nos toca asumir esta tarea con una economía maltrecha, y mientras la junta de control fiscal sigue reduciendo la huella del estado—incluyendo las estructuras municipales, que han probado ser nuestra más importante línea de defensa cuando azotan los vientos y las aguas se crecen. No obstante, el hecho de que a solo días del quinto aniversario se repitieron muchas de las terribles escenas que vivimos ese fatídico 20 de septiembre del 2017, nos revela que no ha habido un sentido de urgencia, que se ha logrado muy poco, y que el estado nos está condicionando a que, además de resilientes, seamos complacientes.
Durante las próximas semanas conoceremos más a fondo cuántos daños ocasionaron las lluvias y vientos que trajo Fiona y tendremos una mejor idea del tiempo que nos tomará salir del período de emergencia. Al mismo tiempo, harán sus rondas por los medios de comunicación altos oficiales gubernamentales recitando un libreto harto conocido que incluye una retahíla de cifras de ayudas prometidas, servicios reestablecidos, proyectos en proceso, acuerdos firmados y familias atendidas, entre otros indicadores de progreso. Todo esto para demostrarnos cómo sus gestiones para responder a la nueva catástrofe y reencaminar la reconstrucción pos-María van viento en popa. Y, ciertamente, algo adelantaremos. Pero por más que intenten marearnos con sus estadísticas y proyecciones, no podrán maquillar la triste realidad de miles de familias y comunidades que llevaban cinco años intentando echar hacia delante, entre la incertidumbre y la precariedad, y ahora tienen que empezar de nuevo. Habrá quienes quieran tapar el sol con la mano, pero no son pocos los que tienen el oído en tierra, y se les hace muy difícil ignorar los reclamos de los que vivían en la espera y ahora se desesperan.
Quizás el reto más grande que enfrentamos, ante la montaña de daños que se siguen acumulando, es la posibilidad de que por fin logremos encaminar una reconstrucción pero que esta no desemboque en una recuperación justa. Como bien han explicado académicos y estudiosos del tema[1], la reconstrucción y la recuperación son dos procesos distintos que, no obstante, deben encaminarse paralelamente. La reconstrucción tiene como fin reparar el entorno construido —los edificios, las residencias, las carreteras y otras estructuras—. Por otro lado, la recuperación requiere que se recompongan las redes comunitarias, la infraestructura cívica y la relación entre el estado y la sociedad, que inevitablemente se trastocan luego de un cataclismo. La reconstrucción se forja, principalmente, con sudor, cemento, varillas y bloques, mientras que la recuperación requiere otros tipos de compromisos políticos e inversiones sociales, y usualmente comienza a aflorar una vez los residentes perciben que han recobrado una vida plena y el gobierno les reconoce sus derechos y rinde cuentas. Al final del largo camino que nos va a tocar recorrer, necesitamos lograr ambas.
Sería sumamente trágico que todas las energías y esfuerzos posdesastre se enfoquen en gastar fondos federales, cortes de cintas y revitalizar al sector de la construcción. Aunque algunos saldrían ganando, definitivamente se perdería la posibilidad de transformar al país, y quizás más importante aún, de fortalecer nuestras comunidades y rehabilitar la legitimidad de nuestras instituciones públicas.
[1]Ver a: Diane E. Davis, “Reverberations: Mexico City’s 1985 Earthquake and the Transformation of the Capital,” in The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster, eds. Lawrence J. Vale, and Thomas J. Campanella (New York: Oxford University Press, 2005), 255-280.
Una versión de esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 21 de septiembre de 2022.