El Huracán Fiona volvió a dejar al desnudo la vulnerabilidad sustancial de la sociedad puertorriqueña. El impacto de un evento meteorológico no es solo una función de su fuerza o potencia, también es una función del nivel de vulnerabilidad preexistente de una sociedad dada. Puerto Rico era extremadamente vulnerable antes de Fiona porque solo había comenzado el 30% de todo el trabajo de reconstrucción permanente relacionado con el huracán María; miles de personas aún vivían en áreas propensas a inundaciones; y básicamente no se había hecho nada para fortalecer la red eléctrica y otras infraestructuras críticas o aumentar su capacidad de recuperación. Dado todo eso, la pregunta clave que se debe hacer es: ¿por qué cinco años después del huracán María el proceso de reconstrucción está tan atrasado?
Esta pregunta es particularmente relevante en el caso del sistema eléctrico de Puerto Rico. Durante los últimos ocho años Puerto Rico aprobado leyes y adoptado reglamentos de avanzada en el área de política energética. Además, el gobierno federal ha comprometido casi $12,000 millones para la reconstrucción de la red. Por tanto, tenemos claros los objetivos de política pública y el dinero para lograrlos. La pregunta obvia, entonces, es ¿Dónde está la falla?
La respuesta corta es que aún antes de Fiona la falta de coordinación entre las agencias del gobierno federal, las agencias del gobierno de Puerto Rico y los municipios era evidente. Por ejemplo, en una vista pública el 15 de septiembre en el Congreso, los representantes de FEMA, el GAO y COR3 no se pudieron poner de acuerdo sobre la cantidad de proyectos en curso y de dinero que se había gastado para reparar la red eléctrica a largo plazo.
La representante de FEMA enfatizó que esa entidad había comprometido unos $9,500 millones para la reconstrucción de la red a largo plazo; mientras el representante del GAO señalaba que de esa cantidad solo se habían gastado unos $40 millones; pero poco después, el director del COR3 describía como “progreso” que se habían gastado unos $183 millones en dicha reconstrucción. Resulta obvio, entonces, que las partes o no están hablando el mismo idioma, o utilizando las mismas definiciones, o ambas cosas. Hay una clara falta de comunicación, que en última instancia es una falla de coordinación.
Además, en el caso de la red eléctrica parece que no hay acuerdo sobre cuál es el plan para reconstruirla. El Negociado de Energía de Puerto Rico argumenta que la red debe reconstruirse de acuerdo con el Plan Integrado de Recursos (“PIR”) de Puerto Rico, mientras que la AEE parece estar trabajando para implementar un plan diferente llamado “Plan de Modernización a Diez Años” y LUMA aparenta estar trabajando su propio “Plan de Remediación del Sistema”. Así mismo, el Departamento de Energía (“DOE”) federal está trabajando actualmente en otro plan de modernización de la red para Puerto Rico, que debería estar finalizado para finales de 2023.
Es importante tener en cuenta que, si bien el PIR establece los requisitos legales para la modernización y operación de la red a largo plazo (veinte años), este no se redactó específicamente para el proceso de reconstrucción y recuperación de María. Por otro lado, los planes presentados por la AEE y LUMA asumen un marco de tiempo más corto y son propuestas hechas específicamente en relación con el proceso de reconstrucción en curso. La iniciativa del DOE parece ser un intento de presentar una hoja de ruta para lograr que el 100 % de la generación utilice fuentes renovables para el 2050. Claramente, entonces, hay una falla de coordinación, porque si bien estos planes tienen traslapos parciales y se intersecan en algunos aspectos, se basan en diferentes supuestos, tienen diferentes plazos de implementación y, al final, buscan lograr diferentes objetivos.
El presidente Biden visitó recientemente Puerto Rico y anunció que el DOE estaría a cargo de coordinar las acciones de las agencias federales para acelerar la reconstrucción de la red eléctrica. Aunque aún no tenemos todos los detalles, nos parece un paso en la dirección correcta. Sin embargo, creemos que la coyuntura actual exige que el presidente Biden tome medidas más asertivas y ordene la creación de una entidad similar al Grupo de Trabajo para la Reconstrucción del Huracán Sandy, que fue creado por el presidente Obama bajo la Orden Ejecutiva 13632 del 7 de diciembre de 2012 y que abarque todo el proceso de reconstrucción, no solo el sector energético.
El Grupo de Trabajo para la Recuperación de Puerto Rico tendría: un mandato explícito para coordinar los esfuerzos de recuperación entre las agencias federales, y entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico; proveería para que se incluyan funcionarios electos puertorriqueños de todos los niveles y sus representantes, incluido el COR3, a través de un grupo asesor; promovería la subsidiariedad y la inclusión mediante la participación de los actores locales, los municipios, las organizaciones comunitarias, las ONG activas en Puerto Rico y los líderes empresariales; y fortalecería la economía local garantizando que los residentes de Puerto Rico y las empresas locales sean contratados de forma prioritaria.
En varias semanas pasaremos de la respuesta inmediata al Huracán Fiona a la planificación de la reconstrucción de los daños causados por ese fenómeno natural. Cuando las cámaras se apaguen, los medios internacionales dejen de reseñar a Puerto Rico y la vida en la isla comience a retomar su ritmo cotidiano, es imperativo que no nos olvidemos de los que perdieron su hogar, de las comunidades que quedaron incomunicadas, de los dueños de pequeños negocios que lo perdieron todo. En esta coyuntura se pone de manifiesto la necesidad de definir cuidadosamente marcos precisos de planificación, coordinación y ejecución, y de mejorar el flujo de información. En conclusión, se necesita una entidad que coordine y administre de forma integral la recuperación de Puerto Rico.
Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 7 de octubre de 2022.