Director de Política Pública
Ayan Goran
Analista de Política Pública en el Georgetown Center on Poverty and Inequality
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Se ha convertido en una tradición de fin de año que el Congreso se apresure a promulgar leyes para mantener abierto el gobierno federal. Tristemente para los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, el Congreso también está luchando para brindar fondos adicionales para el programa Medicaid de la isla y evitar el llamado “precipicio de Medicaid“.
Medicaid es un pilar básico de la infraestructura de salud estadounidense que ayuda a garantizar que todo el mundo — independientemente de sus ingresos — pueda acceder a servicios de calidad. Este apoyo contribuye a construir un futuro mejor y más saludable para todos nosotros. Está financiado en parte por cada estado y en parte por el gobierno federal. Es importante señalar que la cuantía total de la ayuda federal para Medicaid en los estados y en el Distrito de Columbia se basa en necesidades: se amplía y se contrae a medida que cambia el número total de personas con derecho a recibirla.
Pero en Puerto Rico, Medicaid se financia de forma diferente que en los estados. Durante décadas el gobierno federal trató a Puerto Rico de forma desigual, cubriendo sólo la mitad del costo (en comparación con un máximo del 83% para los estados más pobres). Y el total del financiamiento federal está sujeto a un tope extremadamente bajo, arbitrario e inestable fijado por el Congreso. Como resultado, Puerto Rico se vio obligado a gastar todos sus fondos federales de Medicaid mucho antes de que finalizara el año fiscal. El gobierno local tomó entonces la difícil decisión de utilizar una cantidad desproporcionada de fondos locales que de otro modo estarían disponibles para atender otras necesidades críticas, para poder mantener al programa de Medicaid en funcionamiento.
El resultado perverso es que una de las jurisdicciones más pobres de Estados Unidos recibe el mismo trato que uno de los estados más ricos en lo que respecta al financiamiento de Medicaid, un programa específicamente diseñado para ayudar a las personas y familias de bajos ingresos a acceder a servicios médicos de calidad.
El Congreso ha mejorado un poco el financiamiento de Medicaid para Puerto Rico en los últimos años. En 2011, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible aumentó la participación federal al 55% y aprobó financiamiento suplementario adicional para varios años fiscales. Después del huracán María en 2017, el Congreso aumentó temporeramente la participación federal al 100 por ciento y asignó fondos adicionales para financiar completamente el programa durante dos años fiscales. Desde 2019, sin embargo, tanto el porcentaje de participación federal como la cantidad de financiamiento federal han fluctuado significativamente, y esa es la esencia del problema actual.
En ausencia de una solución permanente para abordar las necesidades de Medicaid de Puerto Rico, el gobierno de la isla se enfrenta a “precipicios” de financiamiento recurrentes, cada 18 meses aproximadamente, que hacen que la planificación de servicios médicos a largo plazo sea casi imposible. Esta incertidumbre respecto al financiamiento de Medicaid para Puerto Rico es también emblemática de un problema mayor: el sistema de clasificación territorial de Estados Unidos. Este sistema es un esquema discriminatorio legalmente sancionado bajo el cual los ciudadanos estadounidenses de los territorios de EE.UU. han sido tratados como sujetos separados y desiguales — en la recopilación de datos, la asistencia para servicios médicos, el voto, y más — durante demasiado tiempo. Las consecuencias previsibles en Puerto Rico han sido un aumento en las muertes prematuras evitables, un mayor uso de los servicios caros de sala de emergencia y más emigración a Estados Unidos.
Lo ideal sería que el Congreso eliminara todos los topes de financiamiento de Medicaid para Puerto Rico y los demás territorios y utilizara las tasas aplicables a los estados. Actualmente, los líderes congresionales están estudiando una propuesta que se incluirá en un proyecto de ley general de fin de año que supone un paso en la dirección correcta. Fijaría la parte federal de los costos para Puerto Rico en 76% y asignaría las cantidades correspondientes para financiar el programa a ese nivel durante los próximos cinco años fiscales. Después de 2027, la aportación federal aumentaría con la inflación, pero seguiría sin expandirse y contraerse según las necesidades.
Esta propuesta es alentadora. Si se aprueba, brindaría cierta estabilidad a Puerto Rico al establecer niveles de financiamiento claros para los próximos cinco años fiscales, lo que permitiría evitar la dolorosa y potencialmente trágica necesidad de recortar la cobertura o reducir el número de participantes. Quizás lo más importante es que se le haría justicia a los 1.3 millones de puertorriqueños que dependen de Medicaid para pagar servicios médicos asequibles y de calidad.
Pero el acuerdo de cinco años propuesto no aborda el verdadero problema de Medicaid en Puerto Rico. No alcanza la paridad con los estados y perpetúa el trato separado y desigual de los participantes de Medicaid en los territorios, a quienes se les dice una vez más que acepten un acuerdo “suficientemente bueno”. Esperamos que el Congreso se dé cuenta pronto de que los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico merecen un mejor trato que ese.
Esta columna fue publicada originalmente en inglés en The Hill el 21 de diciembre de 2022.