España: El costo mortal de la austeridad y la pobre gobernanza pública

España: El costo mortal de la austeridad y la pobre gobernanza pública

Publicado el 22 de octubre de 2020 / Read in English

Directora, Buró de Madrid
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A medida que la pandemia del COVID-19 vuelve a extenderse por Europa y ciudades como Paris, Berlín y Barcelona toman medidas extraordinarias para frenar su expansión, el manejo de la pandemia por parte del sistema de salud español está bajo escrutinio. La prestigiosa publicación médica internacional The Lancet ha emitido una dura evaluación de la respuesta española a la pandemia, lo que constituye a su vez una aleccionadora advertencia para todos los países que luchan por controlar la enfermedad.  Según The Lancet, “la crisis del COVID-19 ha puesto de relieve algunas de las debilidades del sistema de salud español y ha revelado las complejidades de la política del país”.

El artículo COVID 19 in Spain: A Predictable Storm? (COVID-19 en España: ¿Una tormenta predecible?) identifica varios factores que han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema de salud español y las razones para su aparente incapacidad de desarrollar una respuesta robusta a la pandemia: sistemas de vigilancia epidemiológica débiles, baja capacidad para realizar pruebas PCR, falta de equipo de protección para el personal sanitario y de equipo de cuidado crítico para los pacientes, ausencia de preparación en los centros de ancianos y notables diferencias en la calidad del cuidado sanitario entre distintos grupos sociales.  Todas estas debilidades, nota la publicación, son el resultado de una década de austeridad fiscal que redujo notablemente la habilidad del sistema de enfrentar adecuadamente la pandemia.

Entre marzo y junio 2020, España registró el mayor aumento de muertes (muertes en exceso) de toda Europa.  Algunas regiones del país se encuentran entre las más golpeadas por la pandemia.  Las muertes en exceso se calculan comparando todas las muertes registradas durante un periodo con aquellas registradas durante el mismo periodo en otros años.

Fuente del mapa: Eurostat, “Deaths in weeks 10 to 19, 2020 compared to 2016-2019 average”

Según la plataforma investigativa Newtral, el gasto público español en salud se estancó a partir de 2009, el resultado de años de ajustes presupuestarios causados por la crisis financiera del 2008. Como resultado, nota The Lancet, el sistema de salud ha quedado “falto de personal, carente de recursos y bajo presión”, esto es, peligrosamente desprovisto de capacidad para manejar una emergencia epidemiológica como la del COVID-19. España tiene en la actualidad una de las tasas más bajas de enfermeras-por-habitante de la Unión Europea: 5.9 enfermeras vs. el promedio europeo de 9.3 por 1,000 habitantes. En los pasados años, el sistema ha descansado en contratos temporeros de corto plazo que han precarizado de forma creciente a los profesionales de la salud.  Además, los sistemas de acopio y producción de datos – fragmentados y carentes de variables demográficas clave, según The Lancet – han sido insuficientes para seguirle el pulso a la evolución de la pandemia. Por otro lado, la implantación de una estrategia nacional para hacer pruebas, darle seguimiento a los contactos y aislar los casos positivos – la punta de lanza de cualquier respuesta epidemiológica – ha sido notablemente débil.

Más aún, dice el artículo, la respuesta del gobierno ha sido inadecuada y ha estado plagada por la lentitud, la falta de integración de científicos y expertos a los procesos decisionales, y por una pobre coordinación entre el gobierno nacional y las 17 comunidades autónomas. De hecho, el periódico El País recientemente criticó el costo humano de la agria y estridente guerra política entre la Comunidad de Madrid (controlada por el conservador Partido Popular/PP) y el gobierno central (controlado por el Partido Socialista/PSOE), duramente enfrentados por las restricciones a la movilidad y a la actividad económica en la capital.  En las pasadas semanas los madrileños han observado con desconcierto la contienda entre los dos niveles de gobierno, intentando descifrar ansiosamente qué reglas aplican en qué momento en la Comunidad.

Hasta ahora, España se había preciado (con razón) de su sistema nacional de salud. Sufragado por el Estado, este le garantiza a los nacionales españoles cobertura universal y coexiste con una red privada complementaria. Tan recientemente como en 2018 el Healthcare Access and Quality (HAQ) Index (Índice de Acceso y Calidad de Servicios de Salud) publicado por The Lancet había determinado que el sistema de salud español se encontraba entre los mejores del mundo: #19 en una escala global en la que nada menos que Alemania figuraba como el  #18. Quince de los veinte sistemas con los mejores índices de calidad y acceso identificados por el estudio pertenecían a países europeos; EEUU ocupó en ese entonces un distante #39. De acuerdo al Ministerio de Salud, España invierte 9% de su Producto Interno Bruto (PIB) en servicios de salud. El sistema público representa el 70% de esta inversión con €74,000 millones de euros anuales (cerca de  $86,700 millones de dólares).  La pandemia del COVID-19 parece haberse convertido, sin embargo, en un sombrío indicador de la necesidad de futuras reformas.